MIAMI.- Venezuela es el país de Latinoamérica con mayor número de sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro, por reiteradas violaciones a principios democráticos y derechos humanos contemplados en convenciones de alcance mundial.
En menos de 10 años (hasta junio 2022), 615 designaciones relacionadas con Venezuela emanaron de 19 países, junto a los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la DEA, según un detallado listado particular. Sin embargo, el oficialismo contabiliza 930, en un lapso de nueve años, en un mapa geopolítico actualizado hasta agosto de 2024.
Entre estas están las últimas medidas que EEUU impuso a otros 16 funcionarios de Maduro, por actuaciones “antidemocráticas” en el contexto del fraude de la elección presidencial. Solamente Maduro tiene seis designaciones de distintos países. Pero la cifra tiende a aumentar.
Las sanciones son un mecanismo fundamental en las relaciones contemporáneas, basadas en el derecho internacional y no en un capricho, que se aplican contra Estados, organismos no estatales o individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional.
“Es una respuesta a violaciones masivas y graves de derechos humanos y que buscan proteger a los pueblos sometidos a la arbitrariedad”, explica el abogado Víctor Rodríguez Cedeño, diplomático de dilatada trayectoria. Pero, para que sean efectivas, deben tener mucho más apoyo de la comunidad internacional.
«Los Estados tienen que apoyarlas, intensificarlas, diversificarlas y que se unan más grupos de estos para que tengan efectos. Y también actualizar las normas para su aplicación”, dice el Rodríguez Cedeño, ante la inquietud generalizada de si serán efectivas en el contexto autocrático actual.
Venezuela en la lupa desde 2007
Desde las primeras sanciones al régimen chavista en 2007 por sus vínculos con la FARC, las medidas no han logrado frenar las acciones arbitrarias y, a raíz del fraude electoral en el que ha incurrido el régimen de Maduro, persisten reportes diarios de desmedida represión, persecución y detención de opositores, sin contención.
“Sí, van a tener efectos, pero solo en la medida en que confiemos en su eficacia, aunque ellos (el régimen) las descalifiquen”, insiste el abogado.
Los 19 países que han impuesto sanciones relacionadas con Venezuela son EEUU, Canadá, Unión Europea (UE), Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Herzegovina, Serbia, Armenia y Panamá.
Legales y legítimas
Los Estados y organizaciones que pueden imponer sanciones son aquellos apoyados en tratados, como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), integrada por 57 Estados de Europa, Asia Central y América del Norte.
Maduro, en respuesta a las sanciones, ha denunciado injerencia e incluso condecora a los funcionarios de su régimen que han sido centro de alguna sanción, en señal de desestimar su eficacia.
“Pero las sanciones son legales y legítimas”, deja claro el diplomático quien refiere que el derecho a la vida está por encima de un bajón de la economía. “Cuando se están violando los derechos en Venezuela están atentando contra la humanidad misma como tal y eso constituye una ofensa a la conciencia, como dice el Estatuto de Roma. Todo esto ha ido evolucionando y hay una fundamentación legal”.
Y explica: “Son legales porque, aunque no hay convención ni norma establecida, es una costumbre que se acepta como legal para que los Estados que quieran proteger a las poblaciones tomen medidas. Se considera que el ser humano, su protección, está por encima de todo y por eso cualquier Estado tiene el derecho a interceder en los asuntos en cualquier parte del mundo, es un problema que afecta a la humanidad”.
Añade que son legítimas, porque en el caso venezolano “tenemos derecho, estamos sufriendo violaciones masivas, evidentes y clarísimas. Por supuesto, no son el último paso, pero son parte del mecanismo internacional para castigar a quienes violan los derechos humanos de esa forma”
Luego de precisar las diferencias entre el delito de derecho humano y el crimen de derecho internacional, indica que a diferencia de los primeros que son “hechos aislados que ocurren en todas partes del mundo”, los segundos tienen mayor repercusión. “Cuando se trata de una política sistemática de Estado, como la que hay evidentemente en Venezuela, cuando es grave y con ataque generalizado, como dice el Estatuto de Roma, ya estamos en el crimen internacional. Esto denota que hay algo superior, por masivo y grave, y hay una respuesta distinta”, argumenta el diplomático.
¿Sanciones para qué?
Rodríguez Cedeño afirma que las sanciones, como mecanismo de derecho internacional, son necesarias para apoyar a los pueblos de las arbitrariedades de regímenes autocráticos y de vocación dictatorial.
“Sin ellas no tenemos nada. Hasta ahora nos habíamos limitado al Consejo de Derechos Humanos, seguimos allí y en todos los mecanismos convencionales para tratar de que se respeten, pero no son suficientes. Lo demás son posiciones declarativas limitadas por principios tan importantes como son la soberanía y la no injerencia en asuntos internos”, precisó el abogado.
Sin embargo, añade que hay “un tema que va paralelo” que es la responsabilidad internacional de proteger y que “está en proceso de formarse como norma jurídica”. “Esto permitiría que un Estado o un grupo de ellos intervenga humanitariamente donde ocurran violaciones; hay una responsabilidad y una posibilidad de que la comunidad internacional actúe”, acotó.
El tema de las sanciones cobra relevancia sobre todo en el contexto geopolítico regional, donde regímenes dictatoriales como los de Cuba y Nicaragua amenazan con extenderse e “ir más allá”.
Lo importante de las sanciones es que tengan efecto para frenar pretensiones autocráticas o de dictadura y un elemento destacable es la situación en Venezuela, según el experto. “Lo que está ocurriendo en Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, es el producto de una compleja situación geopolítica que va mucho más allá”.
“Venezuela es importantísima hoy no solo por el petrolero, sino porque hay una lucha entre las democracias y el autoritarismo que trata de disminuir los principios y valores democráticos. Hay una lucha intensa entre China, Rusia Irán, Cuba, Nicaragua, etcétera, contra los que entienden los derechos humanos. Aquellos quieren interpretar la democracia a su manera para dominar e imponerse”, precisa el también expresidente del Comité Ejecutivo del ACNUR. Y, afirma, es motivo para justificar las sanciones.
“En 50 años esperemos que haya otra normativa que obligue a estas dictaduras como Nicaragua a corregir”, finalizó.
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