Santa Cruz comienza este viernes el día 27 de paro cívico. Hecho que en sí mismo ya se traduce en una medida de protesta como muy pocos antecedentes históricos en el país, tanto por su duración como por su intensidad. Pero en los últimos días se han registrado nuevos hechos violentos que invitan al departamento y su ciudadanía a plantearse viejos desafíos con mayor determinación, como el de “revisar su relación con el Estado”, como bien planteó Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz en el último cabildo del día domingo.
Entre tales hechos destaca que tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como el propio gabinete de Arce, mintieron durante todo el año afirmando que la realización del censo de población y vivienda 2022 tenía un avance del 95% y que estaba garantizada para este pasado 16 de noviembre. La postergación inconsulta del mismo hasta 2024; dos paros cívicos cruceños anteriores; las amenazas de muerte a autoridades y dirigentes cívicos, cerco de la ciudades, tomas de empresas privadas e instituciones públicas y la suspensión de exportaciones; el llamado a una serie de mesas de trabajo técnico cuyo único objetivo fue el de dilatar el proceso y agotar la huelga cruceña; y una serie de enfrentamientos violentos a iniciativa de grupos afines al régimen de Arce (apañados por la propia policía) con ciudadanos que guardaban vigilia del paro, aunque también bloqueando avenidas y carreteras.
Resurge la discusión de un futuro federalista o de mayor autonomía departamental
Con tal antecedente, Calvo propuso en el cabildo “revisar la relación de Santa Cruz con el Estado”, aunque ya hace exactamente un año se había empezado a hablar de federalismo.
Empero, esta vez la propuesta de Calvo ha sido interpretada de distintas maneras, como la búsqueda de una profundización de las autonomías departamentales o una república federal, pero de ninguna manera la independencia, como el régimen de Arce y no pocos de los grupos de interés que lo rodean han asegurado con tono amenazante. Al punto de que, por ejemplo, Juan Carlos Huarachi, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), dio un plazo de 72 horas para abandonar Bolivia a “los croatas y yugoslavos separatistas que se creen dueños de Santa Cruz”.
En todo caso, quien quiera y plantee que Santa Cruz debe separarse de Bolivia lo dirá abiertamente y sin rodeos. Lo demás son presuposiciones, porque ni autonomía ni federalismo son sinónimos de independencia o secesión explícitas, y quien pretenda confundir las cosas lo hará buscando chivos expiatorios.