Bastaron solo dos meses del gobierno de Gustavo Petro para que comenzaran a manejarse desde el oficialismo términos como “nacionalización” y “control de cambios”. Los dos males que llevaron a la ruina a la vecina Venezuela, otrora potencia petrolera y cuarta economía de Latinoamérica hasta hace poco más de una década, cuando justamente fue desplazada por Colombia, gracias a la economía de libre mercado que le permitió al país recuperarse de los efectos de la pandemia, incluso, con las mejores proyecciones de crecimiento en la región.
Pero este panorama cambió. Mientras en el Congreso se aprobaba en primer debate una reforma tributaria que se traducirá en más impuestos para los colombianos y desincentivos a la inversión y el dólar rompía récords históricos, comenzaba a acechar el fantasma del nefasto “exprópiese” de Hugo Chávez en la plaza Bolívar de Caracas, con la incitación pública del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al Gobierno, de “nacionalizar” empresas en Colombia. Y casi en simultáneo, el ministro de Hacienda salía a desmentir que se esté contemplando un “control de cambios”, a propósito del irresponsable anuncio de Petro en su cuenta de Twitter relacionado con las posibles medidas para “evitar salida de capitales”.
Dólar, inflación y PIB
Atrás quedaron las buenas noticias que posicionaban a Colombia como el país con las mejores estimaciones de crecimiento del PIB en Latinoamérica. Si bien la proyección para el cierre de 2022 muestra un alza de 6,9 % a 7,8 %, para el próximo año se espera una desaceleración, según informó la semana pasada el Banco de la República al recortar sus expectativas de 1,1 % a 0,7 %.
A esto se suma que en septiembre la inflación acumulada llegó a 11,4 %, la más alta desde 1999. Y este jueves la Tasa Representativa del Mercado (TRM) alcanzó los 4.627,61 pesos por dólar, la cotización más cara de la historia. Desde las elecciones presidenciales, el peso colombiano ha sufrido una devaluación de 12,7 %, según datos de Bloomberg, lo que lo ubica en la tercera posición entre las monedas emergentes más devaluadas, solo por debajo del peso argentino (-17,1 %) y el forint húngaro (-13,4 %).
Espantando la inversión
“Atraer la inversión extranjera directa es muy difícil, pero espantarla es muy fácil”, le advirtió Iván Duque a Gustavo Petro durante una reunión de empalme, previo a la toma de posesión, tras señalar que el crecimiento no minero-energético había sido de 196 % en los cuatro años de su mandato.
La petición pública de “nacionalización” de la empresa de telecomunicaciones UNE que hizo este viernes al Gobierno el alcalde aliado de Petro, tras no lograr su venta desde Empresas Públicas de Medellín (EPM), es un mensaje negativo para la inversión que despierta la preocupación de que se contemple acudir a la figura de las expropiaciones, lo que tanto daño hizo a la economía venezolana.
En estos escenarios, al mal manejo de las compañías por parte del Estado se su suma la inseguridad jurídica que deriva en una natural fuga de capitales, a lo cual los gobiernos de corte socialista solo saben responder con controles. Fue así como llegó a Venezuela el nefasto control de cambio que provocó escasez de divisas, una descontrolada devaluación y el surgimiento de mercados paralelos.
Apagando el incendio
Tomar este camino llevaría a Colombia al mismo precipicio. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, lo sabe. Es por ello que debió salir a aclarar que “el Gobierno no va a proponer control de cambios, ni va a imponer impuestos a los ingresos de capital”. Esta aclaración fue necesaria luego de que el presidente Gustavo Petro –por ignorancia o premeditación– propusiera desde su cuenta de Twitter que se podría “evitar salida de capitales” con “un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”. Es decir, las inversiones extranjeras de portafolio.
Fue este anuncio de Petro, sumado a la coyuntura internacional, lo que hizo que el dólar tocara un máximo histórico el jueves, y fue luego la rectificación que hizo el ministro Ocampo –quien “sin ocultar su disgusto” salió a “apagar el incendio”– lo que permitió que el dólar comenzara a retroceder, según sostienen medios colombianos, entre ellos la revista Cambio.
La preocupación de los empresarios
Todo esto ocurría mientras las comisiones terceras del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaban en primer debate la reforma tributaria con la que el Gobierno de Colombia busca recaudar 22 billones de pesos (4.800 millones de dólares) el próximo año. Se trata de una propuesta que ya genera preocupación entre los empresarios.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas; y Fabián Motta, director de la agencia SmartPR, fueron algunos de los que hicieron públicas sus preocupaciones. “Si lo que el Gobierno quiere es destruir la industria privada de exploración y producción de petróleo y gas en el país, lo va a lograr”, dijo el primero; mientras el segundo ya se plantea buscar otros horizontes: “Soy empresario y solo saber que tendremos que pagar más impuestos ya me puso a pensar adónde migrar la compañía”.
Puntos claves de la reforma tributaria
Entre los puntos que destacan en el proyecto de reforma tributaria aprobada este jueves en primera discusión en el Congreso de Colombia se encuentra la eliminación del impuesto a las exportaciones de petróleo y gas; pero a las empresas del sector minero-energético se les pondrá una sobretasa de renta equivalente a 10 % el primer año, 7,5 % el segundo y 5 % en el tercero. Esto hará que este sector sea el que aporte la mayor parte del recaudo, teniendo sobre sus hombres más de 9 billones de pesos, es decir, el 45 % del total.
Los dividendos a sociedades nacionales suben de 7,5 % a 10 %. Y el de las sociedades extranjeras de 10 % a 20 %. Para las ganancias ocasionales, cuya tarifa es de 10 %, pasará a 15 %, con excepción de las loterías, que en este caso quedará en 35 %.
En lo que respecta al patrimonio, se establece una tarifa de 0,5 % para los que se ubiquen por encima de los 3.000 millones de pesos, la cual subirá a 1 % a partir de 5.000 millones, y trepará a 1,5 % desde los 10.000 millones, no siendo permanente esta última. Se incluye además un impuesto para las pensiones que superen los 10 millones de pesos.
Se excluyen en su totalidad los días sin IVA. Se mantiene el impuesto al consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados planteado en el primer borrador, pero con algunas exclusiones. Y se incluye además en esta reforma tributaria un impuesto de renta de 20 % a las iglesias en Colombia y fondos de empleados cuando realicen actividades comerciales.