En medio de la segunda ola de COVID-19, Buenos Aires fue escenario de protestas de trabajadores de la salud y organizaciones sociales que reclaman mejoras salariales y laborales en un contexto de alta inflación y aumento de la pobreza.
Una columna de trabajadores de la salud de Buenos Aires y de localidades de los alrededores, la mayoría enfermeros, forcejearon con fuerzas policiales al intentar alcanzar el Puente Pueyrredón, una de las principales entradas a la capital argentina desde la colindante provincia de Buenos Aires.
Bajo el lema “Basta de precarización”, los enfermeros advirtieron sobre “la crisis sanitaria que sigue profundizándose de la mano de la pandemia”. Afirmaron que reclaman desde hace tiempo mejoras salariales y el pase a planta fija de aquellos que están en una situación laboral precaria.
Sus demandas se producen en momentos en que la inflación no cede y cuando un rebrote de COVID-19 ha tensionado el sistema de salud. Argentina acumula 4,2 millones de contagiados y cerca de 88.000 muertos. El número de pacientes críticos aumentó en las últimas semanas y las terapias intensivas cuentan ahora con más de 7.500 personas ingresadas.
Algunos convocados se quejaron de que sus sueldos de no más de 50.000 pesos (unos 490 dólares) no les permiten sustentarse y que para llegar a fin de mes deben trabajar en dos o tres nosocomios al mismo tiempo.
También exigieron un bono que el gobierno debería haberles pagado en mayo y reclamaron mejoras edilicias y de equipamiento en los hospitales.
En mayo la inflación fue de 3,3% y en los primeros cinco meses del año acumuló 21,5%, lo que hace temer que no se cumpla la proyección del gobierno de un costo de vida de 29% para todo el año.
En medio de este contexto de protestas, el presidente Alberto Fernández anunció un proyecto de ley que promueve la profesionalización de los auxiliares de enfermería que integran el sistema de salud público y privado para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas.
El proyecto contempla la formación mediante becas y mejoras en la capacitación en enfermería.
El mandatario dijo que la iniciativa busca «mejores enfermeros y enfermeras, más capacitados, más preparados y tiene un acto de reparación”.
“En la pandemia… muchos de ustedes la deben haber pasado particularmente mal y fueron siempre los que estuvieron al frente de la batalla poniéndole el pecho al virus», sostuvo.
Mientras, varias arterias centrales de la capital fueron bloqueadas por decenas de miles de integrantes de unas 40 organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha, en reclamo de ayudas para los trabajadores informales y los desempleados.
Los manifestantes, muchos de los cuales no guardaban el distanciamiento, amenazaron con montar carpas en el lugar si no son atendidas sus demandas.
Esas organizaciones también tienen previsto movilizarse en distintas provincias del país en un marco del creciente endurecimiento de sus demandas luego de tres años de deterioro de la situación económica y social.
El Ministerio de Desarrollo Social anunció que pagará un bono extraordinario de 6.000 pesos (unos 59 dólares) a cerca de un millón de titulares de un programa que busca potenciar el trabajo.
Representantes de las organizaciones dijeron que ese bono no es suficiente y el gobierno debe garantizar un “aguinaldo” o paga extra para la mitad del año que “compense las pérdidas frente al aumento de los precios”, así como asistencia para los comedores que alimentan a familias empobrecidas.
Según los manifestantes hay unas ocho millones de personas -de una población total de 45 millones- que no tienen asistencia y que deberían recibir además el llamado Ingreso Familiar de Emergencia que implementó el gobierno en 2020 para contrarrestar los perjuicios económicos de la pandemia.
La crisis sanitaria aceleró la recesión y la pobreza se disparó a más del 40%. El gobierno de Fernández, quien asumió en diciembre de 2019, afirma que hay una incipiente reactivación, sin embargo, por ahora resulta insuficiente en este contexto de deterioro.
Fuente: Diario las Américas
Sus demandas se producen en momentos en que la inflación no cede y cuando un rebrote de COVID-19 ha tensionado el sistema de salud. Argentina acumula 4,2 millones de contagiados y cerca de 88.000 muertos. El número de pacientes críticos aumentó en las últimas semanas y las terapias intensivas cuentan ahora con más de 7.500 personas ingresadas.
Algunos convocados se quejaron de que sus sueldos de no más de 50.000 pesos (unos 490 dólares) no les permiten sustentarse y que para llegar a fin de mes deben trabajar en dos o tres nosocomios al mismo tiempo.
También exigieron un bono que el gobierno debería haberles pagado en mayo y reclamaron mejoras edilicias y de equipamiento en los hospitales.
En mayo la inflación fue de 3,3% y en los primeros cinco meses del año acumuló 21,5%, lo que hace temer que no se cumpla la proyección del gobierno de un costo de vida de 29% para todo el año.
En medio de este contexto de protestas, el presidente Alberto Fernández anunció un proyecto de ley que promueve la profesionalización de los auxiliares de enfermería que integran el sistema de salud público y privado para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas.
El proyecto contempla la formación mediante becas y mejoras en la capacitación en enfermería.
El mandatario dijo que la iniciativa busca «mejores enfermeros y enfermeras, más capacitados, más preparados y tiene un acto de reparación”.
“En la pandemia… muchos de ustedes la deben haber pasado particularmente mal y fueron siempre los que estuvieron al frente de la batalla poniéndole el pecho al virus», sostuvo.
Mientras, varias arterias centrales de la capital fueron bloqueadas por decenas de miles de integrantes de unas 40 organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha, en reclamo de ayudas para los trabajadores informales y los desempleados.
Los manifestantes, muchos de los cuales no guardaban el distanciamiento, amenazaron con montar carpas en el lugar si no son atendidas sus demandas.
Esas organizaciones también tienen previsto movilizarse en distintas provincias del país en un marco del creciente endurecimiento de sus demandas luego de tres años de deterioro de la situación económica y social.
El Ministerio de Desarrollo Social anunció que pagará un bono extraordinario de 6.000 pesos (unos 59 dólares) a cerca de un millón de titulares de un programa que busca potenciar el trabajo.
Representantes de las organizaciones dijeron que ese bono no es suficiente y el gobierno debe garantizar un “aguinaldo” o paga extra para la mitad del año que “compense las pérdidas frente al aumento de los precios”, así como asistencia para los comedores que alimentan a familias empobrecidas.
Según los manifestantes hay unas ocho millones de personas -de una población total de 45 millones- que no tienen asistencia y que deberían recibir además el llamado Ingreso Familiar de Emergencia que implementó el gobierno en 2020 para contrarrestar los perjuicios económicos de la pandemia.
La crisis sanitaria aceleró la recesión y la pobreza se disparó a más del 40%. El gobierno de Fernández, quien asumió en diciembre de 2019, afirma que hay una incipiente reactivación, sin embargo, por ahora resulta insuficiente en este contexto de deterioro.
Fuente: Diario las Américas