MIAMI.- Para el jurista venezolano y experto en temas internacionales, Asdrúbal Aguiar, el mayor desafío que acusa la Organización de Estados Americanos (OEA), para enfrentar la situación de Venezuela en estos momentos, reside en un caso inédito como lo es «el verdadero golpe del Estado a la soberanía popular, que es la fuente de legitimidad originaria y la puerta de entrada a la democracia».
Aguiar, también secretario general del grupo IDEA, señaló que Caracas viola la Carta Democrática, al no reconocer la soberanía del pueblo expresada en el voto. Luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fueron desmontados todos los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia, reiteró el experto.
Para comprender la magnitud de lo que ocurre, el experto jurídico sugiere que el ente regional convoque con carácter de urgencia a un grupo experto independiente que evalúe los acontecimientos políticos en Venezuela, a la luz de los predicados de la Carta Democrática Interamericana.
Ratificó que fue secuestrada la manifestación de la voluntad popular tras el ocultamiento de las actas de escrutinio, encarcelándose a quienes las muestran en las redes sociales. Se han proscrito las libertades de pensamiento, de expresión y de participación política a través del voto que elige. De admitirse esto por el Sistema Interamericano, «se le habrá cerrado la puerta a la democracia y en los hechos habremos derogado a la Carta».
A continuación el pronunciamiento completo de Asdrúbal Aguiar:
La desinformación –las llamadas Fake News– y el peso de la deriva digital y tecnológica sobre la experiencia racional de la democracia, es un tema de enorme complejidad. Los exjefes de Estado de España y las Américas integrantes del Grupo IDEA lo abordaron en 2019, durante el IV Diálogo Presidencial que tuve el honor de organizar y contó con la presencia del secretario general, Luis Almagro.
Tal cuestión –salvo en los espacios de Cuba, Nicaragua y en la Venezuela de Nicolás Maduro– desborda a la mentira política como fisiología del poder; esa que practicó y caracterizaba al fascismo a mediados del siglo XX.
La explotación de los sentidos por acción inevitable de las redes sociales, abandonada la plaza pública como lugar de ejercicio de la razón mientras nos avergonzamos en Occidente de nuestras raíces, que son la obra del tiempo, en defecto del lugar y del tiempo vienen imperando la virtualidad y la atemporalidad. La instantaneidad política y el narcisismo digital son las dos variables que conspiran contra las elecciones en democracia; cuando no se las limita a votar, sino cuando se organizan para elegir. No se eligen en democracia a las dictaduras.
En dos textos de mi autoría, El Derecho a la democracia, de 2008 y, en Los principios de la democracia y la reelección presidencial indefinida, de 2021, editado en yunta con mi colega, Allan Brewer Carías, dejamos prueba suficiente del valor prescriptivo y actual de la Carta Democrática Interamericana. En 2022 presentamos los Veinte años de violaciones a la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. La Carta, pues, sólo espera de su cabal realización por los Estados y los órganos políticos del Sistema Interamericano. Su reforma nunca resolverá sobre lo que la ralentiza, la falta de voluntad política.
La adopción de la Carta Democrática en 2001, firmada pero rechazada por el actual régimen imperante en Venezuela y coincidente, aquí sí, con la acción terrorista sobre las Torres Gemelas, no fue un salto al vacío o un ejercicio coyuntural. Fue y es una decantación y actualización del patrimonio intelectual y de libertades mineralizado en las Américas desde la aurora de nuestras emancipaciones. Su más relevante antecedente lo representa la Declaración de Santiago de 1959.
Al superarse los cesarismos militares del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX – es el caso otra vez de Venezuela – se advierte que no basta el logro de las elecciones para hablar de la existencia de la democracia. Los principios de alternabilidad, independencia de los poderes, libertad de expresión y de prensa, entre otros, como la garantía de los derechos fundamentales a través del Estado constitucional y de Derecho, son los llamados a la forja de verdaderas democracias.
Desde aquella fecha hasta 2001, cuando media el caso de Alberto Fujimori y se advierte la urgencia de renovar los postulados de la democracia hoy contenidos en la Carta Democrática Interamericana, ocurre lo que con lucidez diagnosticara mi admirado colega mexicano de la Corte, el juez y presidente, fallecido, Sergio García Ramírez. En uno de sus votos emblemáticos afirma que en el pasado se apelaba a la seguridad nacional para acabar con la democracia y el Estado de Derecho y, esta vez, en nombre de los derechos se destruye a la democracia y al Estado de Derecho. No son asuntos de relevancia, por cierto, para el Programa 2030 de Naciones Unidas.
La Carta tampoco es un decálogo de buenos propósitos; ni su falta de realización y limitaciones pueden explicarse con base en el principio de la No Intervención. Son excusas fútiles, verdaderas Fake News.
Suman más de un mil las enseñanzas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la aplicación efectiva de la Carta Democrática en sede judicial. Es el instrumento de interpretación auténtica de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En sus sentencias y en su más reciente Opinión Consultiva sobre la Prohibición de la Reelección Presidencial Indefinida, adoptada para conjurar la desviación que significan las reelecciones en las Américas como si fuesen derechos humanos de los gobernantes, la Corte, para defender el derecho humano a la democracia –que dejó de ser un mero proceso o arquitectura para la formación del poder– y en consonancia con la Carta decide siempre pro homine et libertatis.
Los órganos políticos de la OEA, lo observo constructivamente, todavía conjugan a favor del Príncipe, a favor del Estado, cada vez que la democracia sufre de alteraciones graves. He aquí el verdadero problema que les suscita la Carta Democrática.
El mayor desafío que acusa la OEA a propósito de la Carta Democrática Interamericana cuya celebración nos reúne, e iré concluyendo, reside en un caso inédito, a saber, en la violación multifrontal de la misma Carta por el régimen de Caracas. Tras un verdadero golpe del Estado a la soberanía popular, que es la fuente de legitimidad originaria y la puerta de entrada a la democracia para su ejercicio como derecho humano, luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fueron desmontados todos los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia. No uno, sino todos.
Mediante una colusión de poderes y el imperio de la mentira, por defecto de rendición de cuentas públicas sobre el hecho electoral, el colegiado gobernante abrogó en los hechos los principios de acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de Derecho, al igual que a la separación e independencia de los poderes públicos. Puso de lado el principio del respeto y garantía de los derechos humanos, mediante el ejercicio del terrorismo de Estado – lo ha dicho la CIDH; al punto de forzarse el exilio del presidente electo, Edmundo González Urrutia; e hizo desaparecer, tras la amenaza de un baño de sangre, el principio del pluralismo y la existencia de los partidos. Sin que mediase una sentencia penal y definitiva, se inhabilitó a la líder fundamental de las fuerzas democráticas, María Corina Machado.
En suma, y como algo pertinente a esta reunión, al secuestrarse la manifestación de la voluntad popular tras el ocultamiento de las actas de escrutinio; encarcelándose a quienes protestan a través de las redes sociales para que sean mostradas, se han proscrito las libertades de pensamiento y de expresión y de participación política a través del voto que elige. Y de admitirse ello por el Sistema Interamericano, se le habrá cerrado la puerta a la democracia, y en los hechos habremos derogado a la Carta.
¿Qué hacer?
El Consejo Permanente debería designar con urgencia a un grupo experto independiente que evalúe la cuestión venezolana, a la luz de los predicados de la Carta Democrática Interamericana.
En sus esfuerzos por hacer valer su carácter prescriptivo, la OEA debería usar con mayor regularidad los mecanismos de consulta ante la Corte Interamericana; y, ante situaciones concretas de violaciones del derecho a la democracia, en cada caso y como tutela efectiva, puede demandar de la Corte la adopción de medidas provisionales, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
ASDRÚBAL AGUIAR , Washington, D.C., 11 de septiembre de 2024