Dos influyentes senadores de Estados Unidos condenaron el lunes las reformas electorales aprobadas por el oficialismo en Nicaragua, y pidieron garantías para comicios libres en noviembre, cuando el dictador Daniel Ortega podría buscar un cuarto mandato sucesivo.
El demócrata Bob Menéndez, que encabeza el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el republicano Marco Rubio, el miembro de más alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara Alta, cuestionaron los cambios aprobados la semana pasada, sumándose al rechazo del gobierno de Joe Biden, la OEA y la Unión Europea.
«Las recientes reformas electorales por parte de Daniel Ortega y su régimen son otra maniobra manipuladora que ponen en riesgo la posibilidad de elecciones verdaderamente democráticas en Nicaragua», indicaron en un comunicado.
«Pedimos la mejora de las condiciones para garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente con observadores internacionales», apuntaron.
El 4 de mayo, el Legislativo de Nicaragua dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó modificaciones y adiciones a la Ley Electoral que prohíben la postulación de opositores, así como el financimiento de los partidos desde el exterior y la participación de observadores internacionales.
Ese mismo día, el Congreso nombró además un Consejo Supremo Electoral (CSE) afín a Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobernó durante la primera dictadura sandinista de los años 1980, retornó al poder en 2007 y fue reelegido dos veces consecutivas tras lograr la aprobación de una «reforma» constitucional que le despejó el camino para reelegirse de manera indefinida. Ortega lleva 14 años consecutivos en el poder durante su segunda dictadura.
Menéndez y Rubio instaron también a Ortega «a liberar a todos los presos políticos, defender la libertad de expresión, salvaguardar a los miembros de la prensa independiente y respetar el trabajo que lideran las organizaciones de derechos humanos».
«Como coautores del proyecto de Ley bipartidista RENACER, seguimos comprometidos en trabajar por unos comicios democráticos en Nicaragua», indicaron los senadores.
El proyecto de Ley para Reforzar el Cumplimiento de las Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER, por sus siglas en inglés), presentado a fines de marzo, plantea aplicar sanciones selectivas estadounidenses para abordar la «corrupción» del gobierno de Ortega y de su familia, así como los «abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses».
La Organización de los Estados Americanos (OEA) analizará la situación en Nicaragua en una sesión de su consejo permanente el miércoles.
El CSE convocó elecciones generales para el 7 de noviembre y la oposición busca conformar un bloque para enfrentar a Ortega, quien desde 2018 enfrenta una crisis política detonada por protestas masivas que pedían su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: Diario las Américas
«Pedimos la mejora de las condiciones para garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente con observadores internacionales», apuntaron.
El 4 de mayo, el Legislativo de Nicaragua dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó modificaciones y adiciones a la Ley Electoral que prohíben la postulación de opositores, así como el financimiento de los partidos desde el exterior y la participación de observadores internacionales.
Ese mismo día, el Congreso nombró además un Consejo Supremo Electoral (CSE) afín a Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobernó durante la primera dictadura sandinista de los años 1980, retornó al poder en 2007 y fue reelegido dos veces consecutivas tras lograr la aprobación de una «reforma» constitucional que le despejó el camino para reelegirse de manera indefinida. Ortega lleva 14 años consecutivos en el poder durante su segunda dictadura.
Menéndez y Rubio instaron también a Ortega «a liberar a todos los presos políticos, defender la libertad de expresión, salvaguardar a los miembros de la prensa independiente y respetar el trabajo que lideran las organizaciones de derechos humanos».
«Como coautores del proyecto de Ley bipartidista RENACER, seguimos comprometidos en trabajar por unos comicios democráticos en Nicaragua», indicaron los senadores.
El proyecto de Ley para Reforzar el Cumplimiento de las Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER, por sus siglas en inglés), presentado a fines de marzo, plantea aplicar sanciones selectivas estadounidenses para abordar la «corrupción» del gobierno de Ortega y de su familia, así como los «abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses».
La Organización de los Estados Americanos (OEA) analizará la situación en Nicaragua en una sesión de su consejo permanente el miércoles.
El CSE convocó elecciones generales para el 7 de noviembre y la oposición busca conformar un bloque para enfrentar a Ortega, quien desde 2018 enfrenta una crisis política detonada por protestas masivas que pedían su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: Diario las Américas