Seis senadores de Estados Unidos exigieron al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos, el cese de la represión y pidieron a la comunidad internacional restringir el acceso a la financiación extranjera en ese país.
Los legisladores abordaron la grave situación de los derechos humanos en el país centroamericano en una resolución el martes con motivo del aniversario de la promulgación de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua (NICA Act), que establece sanciones individuales a funcionarios y condiciona los préstamos ante organismos multilaterales.
“A medida que el régimen de Ortega continúa su represión contra los miembros de la oposición de Nicaragua, la sociedad civil y la prensa independiente, el Senado de los Estados Unidos está enviando un mensaje bipartidista de apoyo al pueblo nicaragüense que está expresando con valentía su fuerte deseo de restaurar los derechos civiles, la democracia, y el estado de derecho en su nación “, dijo el senador de Florida Marco Rubio.
La resolución indica que la comunidad internacional debe responsabilizar al régimen de Daniel Ortega de los abusos a los derechos humanos y restringir su acceso al crédito internacional hasta que permita realizar elecciones libres, justas y transparentes, supervisadas por observadores locales y extranjeros.
“Exigimos al gobierno de Nicaragua liberar de inmediato a todos los prisioneros políticos sin condiciones, cesar todos los actos de violencia, la represión e intimidación contra las voces disidentes en Nicaragua”, dijeron.
El documento fue suscrito por, además de Rubio, los senadores Ted Cruz (R-TX), Bob Menendez (D-N.J.), Chris Murphy (D-CT), David Perdue (R-GA), y Ben Cardin (D-MD).
Citando cifras de la OEA y Acnur, los legisladores dijeron que la violación a los derechos humanos y los actos de represión han dejado al menos 325 muertos, más de 2,000 heridos, cerca de 800 detenciones arbitrarias durante las protestas pacíficas, mientras que 82,000 nicaragüenses huyeron del país entre abril de 2018 y octubre de 2019.
El régimen sandinista también ha “restringido severamente” la libertad de prensa al cerrar cinco canales de televisión, atacar a las emisoras de radio independientes, detener arbitrariamente a periodistas y limitar los insumos a los medios impresos.
En diciembre de 2018, el presidente Donald Trump promulgó la Ley NICA que impone sanciones específicas y condiciona la aprobación estadounidense de préstamos internacionales al Gobierno de Nicaragua, asegurando que el régimen de Ortega “será responsable de su corrupción sistémica, violaciones de derechos humanos y asalto al orden democrático”, se indicó.
“Sigo comprometido a aplicar presión sobre el régimen de Ortega, a través de la Ley NICA y trabajando con la Administración en la campaña de presión más amplia de los Estados Unidos, hasta que se avancen reformas significativas y se responsabilice a los actores corruptos”, dijo el senador Cruz.
Menéndez destacó que la resolución bipartidista insta a la administración del presidente Donald Trump a aprovechar “plenamente la diplomacia y las sanciones de los Estados Unidos para avanzar en las reformas que podrían conducir a elecciones libres y justas en Nicaragua”.
“Pero a medida que continuamos formando una coalición bipartidista en el Congreso, también exhorto a los gobiernos de toda la región, incluido el nuestro, a que den el ejemplo y brinden a los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses protección contra la persecución y la tortura ”, precisó.
Murphy consideró que la política de sanciones “sin rumbo” de la administración no ha logrado propiciar una solución en la que el régimen de Ortega se reúna con la oposición y llegue a un acuerdo para restaurar la gobernanza democrática y las libertades civiles.
“Podemos hacer esto, como lo hace esta resolución, vinculando las sanciones a las negociaciones que resultan en elecciones libres y justas”, expresó.
Perdue, a su vez, aseguró que Estados Unidos se mantendrá firme con el pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para restaurar la democracia y que están comprometidos a responsabilizar a “este régimen corrupto por su violencia, abusos contra los derechos humanos y asalto al derecho fundamental del país a un proceso democrático libre y justo “.
Cardin enfatizó que Nicaragua debe poner fin a sus políticas que “pisotean” los derechos del pueblo y aseveró que Estados Unidos continuará instando a un retorno a la democracia y a un proceso electoral libre y justo en Nicaragua, “mientras que alienta firmemente la condena internacional y la rendición de cuentas por los actos de represión emprendidos por el gobierno de Ortega “.
Fuente: El Nuevo Herald