ILIANA LAVASTIDA,
MIAMI.- Desde que en 2018 Nicolás Maduro Moros se autoproclamó presidente de Venezuela tras un proceso electoral que desconocieron EEUU, la Unión Europea y el grupo de Lima, a Cilia Flores, en su condición de abogada, debió haberle empezado a preocupar la idea de que vive con un ilegítimo.
La depauperación económica en el país con los mayores yacimientos de petróleo del hemisferio y, en consecuencia, la migración de unos ocho millones de personas es otra de las razones que debieran perturbarle el sueño a Cilia Flores por el protagonismo que ella y su esposo han tenido en las causas de esta crisis humanitaria.
Estar casada con un hombre acusado de narcoterrorismo, por cuya captura en 2020 el Departamento de Justicia de EEUU ofreció 15 millones de dólares, debería ser otro motivo igual de poderoso para que Cilia Flores revise con quién vive.
Asimismo, los nexos que se le atribuyen al régimen que encabeza su esposo con muertes y desapariciones forzosas como es el reciente caso del secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda de 32 años, quien vivía refugiado en Chile y que había sido acusado por el oficialismo en su país de “tradición a la patria”.
Pero la gravedad de todas esas acusaciones contra Nicolás Maduro y por las que Cilia Flores debería preocuparse, palidecen cuando vemos que toda la vociferada fuerza del mandatario se neutraliza si se trata de enfrentar a adversarias femeninas.
El caso más notable del temor de Maduro a medirse en popularidad y capacidades con una mujer es María Corina Machado, líder de la oposición, electa por mayoría absoluta con más de dos millones de votos de venezolanos aptos para el sufragio, que la convierten en la candidata de ese sector de la población que no apoya las políticas regidas por un partido en control del país por más de 25 años, cuyas decisiones han ocasionado la dilapidación de la riqueza nacional.
Inhabilitada para ocupar cargos públicos de forma inconstitucional, según el criterio de expertos en leyes, María Corina Machado ejemplifica además una de las formas en las que el oficialismo venezolano ha incumplido los acuerdos adoptados en Barbados con la mediación de Noruega, a partir de los cuales, presuntamente, el régimen debería facilitar las condiciones para que en esa nación se efectúen elecciones presidenciales y se de paso a un proceso de reconstrucción nacional. Seguramente sería esta una de las razones por las que Maduro no se atreve ni siquiera a sostener un enfrentamiento público con la candidata que legítimamente eligieron parte de los venezolanos, porque no tiene argumentos para responderle a María Corina por qué trata de obviarla, ignorando la propia Constitución.
El otro caso de una mujer que deja sin argumentos a Maduro y a la cual necesita a toda costa mantener aislada y silenciada es la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, especializada en exponer y defender casos en los que se violan las prerrogativas ciudadanas, específicamente, de militares condenados y confinados por oponerse a las prácticas del régimen.
San Miguel fue arrestada hace más de 30 días, permanece recluida en la cárcel conocida como el Helicoide, del servicio de Inteligencia chavista, privada de contactar a sus abogados, sin que se hayan presentado pruebas en su contra, acusada de una presunta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro y ocasionar un golpe de Estado.
Es tanto el poder que Maduro le concede a la fuerza de sus adversarias que cabría preguntarse si sus temores consisten en que se reconoce carente de elocuencia y recursos lingüísticos para sostener un encuentro en el que les ofrezca la oportunidad de debatir ideas con él. O el temor consiste en que las mujeres con talante y trayectoria le impresionan demasiado.
Si yo fuera Cilia Flores, me preocuparía la imagen de debilidad que muestra Nicolás Maduro ante mundo, que se fabrica opositores a la medida para no verse en la necesidad de dar la cara a mujeres a las que prefiere no mirar de frente.