Instituto Mises,
En las sociedades tiránicas, el Estado utiliza su monopolio de la violencia para dictar lo que los ciudadanos pueden decir, las actividades que pueden realizar y los símbolos culturales que pueden celebrar o exhibir. Cualquiera que viole estos edictos puede ser detenido y encarcelado. Dada la tendencia de los Estados a ser cada vez más dictatoriales y a pisotear impunemente las libertades de sus ciudadanos, Murray Rothbard argumentó que el propio Estado, por su propia naturaleza, es una amenaza para la libertad. En The Anatomy of the State, sostiene que el Estado es un depredador: «El Estado proporciona un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada», incluida la depredación de todas las libertades que emanan de la autopropiedad.
Incluso aquellos que apoyan el Estado mínimo, apoyarían el poder del Estado sólo sobre la base de que el monopolio de la fuerza del Estado se limitará a proteger y defender los derechos de los ciudadanos, designando las violaciones de los derechos como delitos y tomando las medidas necesarias para castigar a los delincuentes. Por ejemplo, en su libro Restoring The Lost Constitution: The Presumption Of Liberty, Randy Barnett sostiene que el Estado tiene poder para promulgar leyes que sean «necesarias para proteger los derechos de los demás y adecuadas en la medida en que no violen los derechos de las personas cuya libertad restringen».
Las democracias occidentales se han alejado mucho de estos ideales de libertad. En muchos países, el Estado se ha atribuido el poder de decir a los ciudadanos qué símbolos del patrimonio pueden exhibir, y de castigarlos por celebrar cualquier patrimonio que el Estado considere «de odio».
Leyes anti-odio
Impulsadas por las teorías raciales críticas y el concepto de «antirracismo», muchas jurisdicciones antaño libres tienden ahora rápidamente hacia la tiranía, ampliando sus prohibiciones de lo que en la legislación pertinente denominan «odio». Esto adopta la forma de leyes que prohíben la incitación al odio, los delitos motivados por el odio y los símbolos de odio.
En el caso de Nueva York, la ciudad ha creado una oficina para la prevención de los delitos motivados por el odio. En virtud de «las leyes local sobre delitos de odio», esa oficina está facultada para designar delitos de odio incluyendo la obligación de:
“Crear y aplicar un sistema coordinado para la respuesta de la ciudad a los delitos motivados por el odio. Dicho sistema, junto con los equipos de respuesta a los prejuicios de la comisión de derechos humanos de la ciudad de Nueva York, el departamento de policía y cualquier agencia u oficina pertinente, coordinará las respuestas a las denuncias de delitos motivados por el odio”.
La oficina de prevención de delitos motivados por el odio designa ciertos símbolos como «símbolos de odio». Según el proyecto de ley S8298B del Senado, esto incluye la bandera de batalla confederada.
Otro ejemplo de «símbolo de odio» legalmente designado es la antigua bandera sudafricana. En apoyo de una solicitud de prohibición de la bandera, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos argumentó que las exhibiciones de esa bandera son análogas a las de la bandera de batalla confederada:
“Al argumentar a favor de la prohibición, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos se refirió al caso de Dylann Roof, el hombre blanco declarado culpable y condenado a muerte por los asesinatos racistas de nueve miembros negros de una iglesia en Charleston (Carolina del Sur) en 2015, como ejemplo de cómo la bandera de la época del apartheid conservaba claras conexiones con los violentos supremacistas blancos. Roof apareció una vez en una fotografía vistiendo una chaqueta con la bandera”.
Sobre esa base, el Tribunal de Igualdad sudafricano prohibió las exhibiciones públicas de la bandera. Sólo por un estrecho margen (tras un recurso de la organización de derechos civiles AfriForum) los sudafricanos evitaron que se prohibieran también las exhibiciones privadas de la bandera.
La ADL, una entusiasta defensora de designar como «odio» los iconos culturales de otras personas, también añadió la antigua bandera sudafricana a su lista de odio. Estos autoproclamados cazadores de odio consideran irrelevante el hecho de que esta bandera es anterior a la época del apartheid, ya que —fue adoptada en 1928, dos décadas antes de que el gobierno nacionalista afrikáner llegara al poder—. También es irrelevante el hecho de que las tropas sudafricanas de la Segunda Guerra Mundial desfilaran bajo la antigua bandera para defender la causa aliada.
Cómo el poder del Estado destruye la libertad individual
Aunque muchos han argumentado que la prohibición de los símbolos de odio está dentro de unos límites razonables, ya que sólo se aplica a la venta o exhibición de tales símbolos en la propiedad pública, la amenaza a la libertad individual se hace evidente cuando se recuerda que el alcance de la «propiedad pública» se ha ampliado enormemente en las últimas décadas. El poder del Estado para regular las exhibiciones culturales en propiedad pública abarca no sólo las oficinas municipales, las comisarías de policía y los parques de bomberos, sino también cualquier lugar donde puedan tener lugar actividades financiadas con fondos públicos, como escuelas públicas o incluso desfiles callejeros, parques y recintos feriales. Con la implicación del Estado en tantos aspectos de la vida cotidiana, es cada vez más difícil para los ciudadanos evitar cualquier interacción que pueda clasificarse como incluida en el ámbito público sobre el que el Estado reclama jurisdicción.
Lo importante en el contexto de la defensa de la libertad individual es que los edictos contra los símbolos de odio no son meras opiniones de la gente sobre lo que equivale a «odio»; si fueran meras opiniones, podrían cuestionarse, desestimarse o simplemente ignorarse. Pero son mandatos respaldados por la fuerza del Estado, acompañados de sanciones legales. Por lo tanto, la cuestión en este contexto no es si esos símbolos son realmente símbolos de odio, sino si el Estado debe tener poder para prohibir tales símbolos y hacer cumplir sus prohibiciones con sanciones legales.
Organizaciones como ADL y SPLC también mantienen listas similares de «símbolos de odio», y pueden pensar que tienen buenas razones para considerar esos símbolos como odiosos, pero estas organizaciones no están respaldadas por la fuerza del Estado, por lo que son libres de hacer listas de lo que sea que amen u odien. Pero una cosa es que las organizaciones de izquierdas lleven listas de «símbolos de odio» que, en su opinión de autoproclamados cazadores de odio, no han defendido «nuestros valores compartidos», es decir, sus propios valores socialistas e igualitarios. Otra cosa muy distinta es que el Estado designe banderas e iconos culturales como «símbolos de odio». Prohibir los «símbolos de odio» se convierte en una amenaza a la libertad cuando se consagra en la legislación y se respalda con la fuerza del Estado.
La extensión del poder estatal a la criminalización de banderas y símbolos históricos malinterpreta el significado de la libertad. La libertad incluye el derecho de las personas a decir cosas que quizá no queramos oír, a ondear banderas que quizá no queramos ver y a conmemorar una historia que quizá desearíamos que se hubiera desarrollado de otra manera. En una sociedad libre, el Estado no debe tener poder para aplastar la libertad individual basándose en lo que pueda considerar «odio». Que muchos toleren tales intromisiones en la libertad es señal de que ya no vivimos en Estados libres. Como argumentó por el periodista y político británico David Frost:
“En la raíz de todo esto, me temo, hay una degradación fundamental de la libertad como valor… Sin embargo, no se puede permanecer mucho tiempo en una sociedad libre si no se cree en la libertad. Y no basta con decir que se cree en ella: hay que vivirla. A veces eso significa que los políticos deciden «preferimos vivir con esta injusticia o este problema social que ampliar el Estado para que se ocupe de ello»”.
Esto significa que, aunque pensemos que la gente no debería comportarse de determinadas maneras o tener determinadas opiniones que otros podrían considerar ofensivas, no deberíamos ampliar el Estado para crear oficinas con el mandato burocrático de erradicar el «odio». Los peligros del exceso burocrático son bien conocidos: si a una oficina del Estado se le da poder y dinero para hacer la guerra contra el «odio», tiene un incentivo perverso para encontrar odio dondequiera que mire.