Enrique García Máiquez
La semana pasada sugerí la necesidad de un plan B para la empantanada crisis constitucional a la que nos han abocado Pedro Sánchez y sus socios. Explicaba que lo más sensato es el plan A, esto es, defender la Constitución que tenemos. Esta defensa responde no sólo a mi talante (con perdón) conservador (disculpadme), sino al hecho de que los cambios de régimen conllevan períodos de enorme violencia política y simbólica, como poco, y generalmente también real. Sin embargo, porque a la Carta Magna se le está poniendo malísima cara, sugería que, desde las filas de la derecha, convendría ir articulando el plan B de un nuevo marco constitucional. El derrumbe no puede pillarnos sin nada que proponer.
Aunque casi todos los lectores me entendieron a la primera, algunos me recordaron la enorme ventaja de que Constitución del 78 fue votada por una gran mayoría de españoles. En efecto, en las actuales circunstancias, la opción B podría concebir una mejor Constitución, seguramente, pero menos afianzada en la sociedad.
Izquierdas y nacionalismos juegan a ganar indefectiblemente. En cuanto cambian algo, desplazan la Constitución a su bando
Y eso, ¿debe hacernos desistir de nuestra opción B? No. Nos urge más. Porque si Sánchez y compañía tratan de amañarse una nueva constitución o amoldarse ésta a su gusto y la oposición política se conforma con tratar de dejar las cosas tal y como están, ocurren inevitablemente dos cosas a cual más grave.
Primero, izquierdas y nacionalismos juegan a ganar indefectiblemente. En cuanto cambian algo, desplazan la Constitución a su bando y, con ella, detrás, a sus defensores. La próxima vez que vuelvan a plantear reformas institucionales se encontrarán a la Derecha defendiendo la Constitución ya tuneada que ellos se apañaron en el pulso anterior. Como si en el sogatira un equipo se limitase a mantener la última posición mientras que otro tirase furiosamente de la cuerda. El desenlace es evidente.
Por eso urge el plan B. Para que los enemigos de la Constitución no se planteen las crisis constitucionales como un win-win, si me perdonan el feísimo pero preciso anglicismo. Tienen que asumir que enfrente hay un discurso igual de competitivo —digamos—, con aspiraciones legítimas y con tanta ambición de imponerse. Permítanme un microejemplo: mis alumnos saben que, si vienen a mi despacho a revisar la nota de un examen, como tienen todo el derecho a hacerlo, lo revisaremos juntos a conciencia y la nota subirá, si les puntué bajo, o la nota bajará, si acaso les juzgué con demasiada benevolencia. Aunque les invito a venir con recurrente amabilidad, no vienen nunca.
Si hay un proyecto socialista-independentista y, en frente, articulado, un sólido proyecto (plan B) de reforma constitucional conservadora o, incluso, tradicional, las percepciones cambiarían
Cuando el PP acusa de querencias inconstitucionales a cualquier propuesta de corregir según los cauces previstos la Constitución (véase retocar el jaleo de las autonomías) no se da cuenta de que está invitando a los enemigos del régimen del 78 a una barra libre de crisis periódicas. Por eso es tan importante que Vox en Madrid sea capaz de exigir a Díaz Ayuso un compromiso real con un cambio efectivo de políticas, como la Ley Trans, que afecta a varios derechos constitucionales básicos. No se puede defender una Constitución en la que la izquierda y los nacionalistas llevan el volante, el acelerador y el embrague; y la derecha sólo los frenos, y gastados.
Todavía hay una segunda razón a favor del plan B. Si una voluntad revolucionario-izquierdista-nacionalista de apaño o proceso constituyente se enfrenta a la Constitución del 78, ésta queda automáticamente convertida en una norma de parte. Y «constitucionalista» se transforma por ensalmo en sinónimo de «Derecha». Exactamente esto es lo que ha pasado, por desgracia, con el Tribunal Constitucional estos días. Defender la ley se percibe como una posición política.
En cambio, si hay un proyecto socialista-independentista y, en frente, articulado, un sólido proyecto (plan B) de reforma constitucional conservadora o, incluso, tradicional, las percepciones cambiarían. La neutralidad de la Constitución del 78 emergería. Y su condición de terreno neutral quedaría clara incluso para las mentes más progresistas. En esas condiciones, los nacionalistas se darían con un canto en los dientes por guardar y hacer guardar la Constitución por la cuenta que les traería.
El plan A, por tanto, necesita un plan B. Y si siguen insistiendo y se cargan la Constitución, pues ya tenemos el trabajo adelantado para la próxima.