SANTIAGO.- Diversas encuestadoras chilenas coinciden en que la mayoría de los chilenos indican que votarán en contra del proyecto para una nueva constitución, cuya aprobación será consultada en un referendo el próximo 17 de diciembre.
El último sondeo de Cadem señala que un 50% de los consultados dijo que rechazará el texto, mientras que el 31% respondió que votará a favor. Un 15 % dijo no saber o no respondió. No obstante, en los últimos días el porcentaje de quienes dicen que votarán a favor ha ido creciendo lenta aunque constantemente. Otra encuesta de la firma Feedback arroja que quienes están en contra son el 53%, en tanto que quienes están a favor serían un 31 %.
A seis semanas del referendo, los indecisos son quienes pueden definir si el proyecto será aprobado o no. Según Cadem y Criteria, los indecisos están en un 15%. La firma Pulso Ciudadano, por su parte, dice que son 31.2 %.
Si el proyecto es rechazado seguirá vigente la Constitución aprobada en 1981, que sigue siendo cuestionada a pesar de que ha tenido unas 70 reformas. Ante un eventual rechazo, el presidente Gabriel Boric descartó convocar a un tercer proceso constitucional mientras dure su mandato, que concluye en marzo de 2026.
Pero si el proyecto es aprobado, Boric afirmó que «como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación”. Añadió que su administración, con los demás poderes del Estado, se hará cargo de las reformas legales y las adaptaciones reglamentarias que serán necesarias.
El mandatario deberá promulgar el texto que será publicado en el Diario Oficial en los 10 días siguientes al plebiscito, fecha en que entrará en vigor. El mismo día quedará derogada la constitución vigente desde hace 42 años.
Artículos polémicos
El proyecto contiene varios artículos criticados por el oficialismo, entre ellos los relacionados con el derecho a la vida, las contribuciones y la sustitución de las condenas de cárcel.
El más controversial es el que sostiene que «la ley protege la vida de quien está por nacer» y que según el oficialismo izquierdista podría dificultar la aplicación de la norma vigente desde 2017 que autoriza el aborto en tres situaciones específicas: peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. De aprobarse, sostiene la izquierda, implicaría un retroceso en los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo, sin mencionar el derecho del no nacido.
La izquierda también critica otro texto que permitiría a los condenados a penas de cárcel pedir el arresto domiciliario en caso de padecer una enfermedad terminal porque, afirma, favorecería a varios condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Otro artículo polémico es que el deja exento del pago de contribuciones a los inmuebles destinados a vivienda principal, exceptuados los de mayor valor o cuyos propietarios tengan altos ingresos. La mayoría de los 345 alcaldes lo rechazan porque aseguran que el 58 % de los ingresos municipales destinados a obras públicas provienen de las contribuciones.
En tanto, el oficialismo sostiene que la nueva carta magna mantiene el papel destacado del sector privado en la provisión de derechos sociales como la salud y la educación y advierte que sólo podrán elegir mejores servicios quienes tengan el dinero para pagarlos, como sucede ahora.