CARACAS. – La minería ilegal no ha sido controlada en Venezuela, puntualizó SOS Orinoco. La ONG señaló que, contrario a lo señalado por el jefe del régimen, Nicolás Maduro, los operativos militares en el sur del país han disparado este tipo de prácticas extractivas.
Este martes 16 de enero, la organización se refirió a la Operación Autana desarrollada por la Fuerza Armada Nacional (FAN) en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, en la frontera con Brasil y Colombia.
En la red social X, antes Twitter, SOS Orinoco publicó imágenes satelitales que fueron registradas entre noviembre y septiembre de 2023 sobre la situación de la minería ilegal en Yapacana.
La ONG puntualizó que las operaciones castrenses y el desalojo de los mineros ilegales, “abren nuevas minas en el mismo ecosistema con el visto bueno de la FAN”.
De acuerdo con la ONG, «la minería ilegal sigue aumentando en el Parque Nacional Yapacana, a pesar del show mediático de la FAN». Indicó que, en 2022, 236 hectáreas fueron destruidas con la minería ilegal.
En 2023, la Fuerza Armada reportó varias operaciones contra la minería ilegal que fueron presentadas por Maduro como un logro durante la presentación de su informe anual ante la Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista, el lunes 15 de enero.
Operaciones contra la minería
De acuerdo con Maduro, se ejecutaron 18 operaciones militares y132 despliegues para erradicar la minería ilegal y los delitos transfronterizos. «La Fuerza Armada Nacional logró el desalojo de más de 14.000 personas de diferentes nacionalidades y la posterior destrucción de sus campamentos ilegales. Además, fueron inutilizados miles de equipos y maquinarias que eran utilizados para la explotación minera que estaban destruyendo la naturaleza y contaminando nuestros ríos”, aseguró.
En noviembre de 2023, FundaRedes documentó 44 personas asesinadas en Venezuela en el contexto de la minería ilegal. En el boletín “Grupos Armados y Estado (régimen) venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas”, la ONG que los asesinatos registrados desde 2019 ocurrieron a “manos de grupos armados irregulares, tanto de origen colombiano como venezolano; así como por miembros de la Fuerza Armada”.