Todas las frutas, verduras, lácteos y demás productos que estén cerca de caducar serán vendidos en los supermercados populares que creará el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric. Su ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, dice que es para evitar el «desperdicio» de alimentos, pero el anuncio coincide con la cuenta regresiva para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre.
La desventaja de la opción del «Apruebo» en las encuestas potencia la medida populista de Boric, asegura el abogado y dirigente de la Unión Demócrata Independiente, Giovanni Calderón, en declaraciones ofrecidas a PanAm Post porque «nadie verá un supermercado popular abierto antes del 4 de septiembre, pero el anuncio tiene una intencionalidad electoral».
Sin embargo, «el efecto puede ser marginal a esta altura cuando ya los votantes no tienen dudas». Es probable. En el último sondeo de Pulso Ciudadano, 45,8 % de los chilenos admite que votará en contra del proyecto constitucional y sólo 32,9 % dice que lo respaldará.
Para el excandidato presidencial, José Antonio Kast, «el gobierno anuncia los supermercados populares para tratar de subir en las encuestas». Desde su cuenta en Twitter lo califica como un «patético acto de cohecho electoral a dos semanas del plebiscito».
En el mismo mensaje asoma que el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, quien está en medio del proceso de quiebra de la Asociación Chilena de Farmacias Populares que dirige debido al impago de 1.384.817.875 pesos chilenos (1.766.760 dólares) a los proveedores, «será el cajero y van a quebrar igual que sus farmacias».
Boric y Jadue son aliados políticos. El Partido Comunista es una de las toldas que respalda al mandatario y presiona con este tipo de medidas pese a que el país está en un estancamiento económico que lo enrumba a la recesión.
Incoherente y desleal
Para el abogado y dirigente de la Unión Demócrata Independiente, “el origen de los mercados populares de Gabriel Boric es absolutamente incoherente con su causa porque estos supermercados no dan respuesta a la inflación que superó el 13 % anual (por primera vez en 28 años) que es el problema de fondo que afecta a todos los sectores, sobre todo a los más vulnerables”.
En el fondo de la iniciativa, para Calderón hay “una serie de externalidades” que alterarán la economía de libre mercado del país. Subraya que “los supermercados populares de Boric venderán productos que estarán por caducar, significa que venderán productos de menor calidad para la alimentación de los sectores más populares, y con ello generará una competencia desleal con el resto de los pequeños almacenes de las comunas que representan emprendimientos familiares”.
El impacto va más allá. “El anuncio del gobierno es un desincentivo para cualquier inversionista, no sólo en el área de alimentos sino de otras áreas de producción como la minería, donde las inversiones son a largo plazo y muy complejas”.
Es grave. Si Boric concreta esta red de abastecimiento liderada por La Moneda, “el Estado que va a contar con la infraestructura y presupuesto que no tiene una pyme. El retroceso será de décadas porque los almacenes que hoy existen han surgido y subsistido como la fuente de ingresos de muchas familias”.
Calderón tiene razón. Sí, son numerosas. En Chile operan 146.000 almacenes que generan 420.000 puestos de empleos. Juntos concentran el 40 % de las ventas al por menor del país. Su influencia en el mercado condujo al Servicio de Cooperación Técnica a invertir 1.293 millones de pesos (1.365.000 dólares) para digitalizar a 450 establecimientos y fortalecer su gestión con una asignación de 3000 dólares a cada uno.
Un fenómeno izquierdista
El interés de un Ejecutivo izquierdista por controlar las cadenas de abastecimiento tiene en los Abastos Bicentenario del chavismo una muestra de fracaso. En Venezuela el régimen fundó 34 sucursales en el Distrito Capital y 13 en el interior del país después de expropiar la cadena francesa Éxito, pero ninguna sobrevivió al estallido de la inflación y a la presunta malversación de recursos que dejó a 49 directivos acusados de peculado en la legitimación de capitales por desvío de bienes, fondos públicos y alimentos hacia restaurantes, comedores, empresas de servicios y supermercados, donde expendían productos «a precios especulativos como parte del sabotaje económico».
Estos mismos abastos sirvieron de presunta fachada para los negocios de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) por los cuales está preso en una cárcel federal de Miami Álex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro acusado de liderar una trama de corrupción de 350 millones de dólares a través del programa de alimentos.
“En Chile estamos observando el mismo fenómeno de Venezuela pero de otra forma. Allá se expropió y aquí lo primero que se está haciendo es la creación de estos establecimientos, pero igual derivará en la destrucción de los mercados privados de los pequeños y medianos que no van a lograr subsistir cuando el Estado asuma una actividad que puede desarrollar un privado”, recalca Calderón.
Con ese pronóstico, el futuro es desalentador para Chile, considerando que en «Cuba y Venezuela terminaron en corrupción porque estos negocios se convierten en un verdadero cartel para el poder de turno que se termina enriqueciendo».
Fuente: Panam Post.