Chile ya no despierta tranquilo. Después de dos años sin amenazas de bomba en el país, un artefacto explosivo apareció en el edificio donde operan las empresas Copec, Arauco y Orizon, del Grupo Angelini, dedicadas a la fabricación de pulpa de celulosa y derivados como madera aserrada y paneles, pesca industrial y distribución de combustibles líquidos, lubricantes, gas licuado y gas natural.
El conserje del inmueble ubicado en El Golf 150, en la comuna de Las Condes de la Región Metropolitana, detectó un bolso en la entrada de la sede corporativa. El trabajador alertó a las autoridades y el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) confirmó la existencia de una bomba.
Sus acciones impidieron que estallara y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, le tocó reconocer que «el paquete efectivamente era una bomba» que no detonó.
En investigación
El artefacto fue retirado y trasladado a las dependencias policiales para identificar su grado de peligrosidad, revela el medio chileno BioBio. «Hay que ver todavía las características de esta bomba, el potencial que tenía. No alcanzó a ser detonada. Ahora se tiene que hacer una investigación para dar con las personas que hicieron este intento de atentado», señaló la alta funcionaria.
El episodio abre el historial de amenazas de bombas confirmadas en la complicada administración de Gabriel Boric. Ahora, la Fiscalía de Alta Complejidad Sur será responsable de investigar el hecho.
Una amenaza
La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, explicó que «esto ha causado una gran conmoción» porque se trata de «un hecho que es grave». Lo es y no es el único caso de una bomba en Chile. Los atentados con bombas en Chile comenzaron en la víspera del primer gobierno de la expresidente Michelle Bachelet, cuando un artefacto instalado en un cajero automático ubicado en la comuna de Providencia fue desactivo. En el lugar se hallaron panfletos relacionados con las huelgas de hambre de presos políticos y problemáticas estudiantiles.
Desde entonces, la lista de amenazas de este tipo es larga. El país reporta al menos 82 casos de ataques con explosivos. El último se había contabilizado en octubre de 2021 cuando un artefacto detonó en el interior de la sede de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). En un principio, las autoridades pensaron que solo fue una bomba de ruido, pero después la Fracción Autonómica Cristián Valdebenito se atribuyó el hecho.
La mayoría de las bombas se fabricaron con pólvora dentro de un extintor de incendios, y de ellas sólo un tercio estalló. Entre los objetivos hay bancos, comisarías, cuarteles del ejército, iglesias, embajadas, sedes de partidos políticos, oficinas de empresas, juzgados y edificios gubernamentales.
Por esta lista de ataques sólo hay tres condenados. El más reciente es Camilo Gajardo Escalona, quien pagará una condena de 45 años de cárcel por perpetrar diversos atentados explosivos en la región Metropolitana en nombre de la agrupación Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS).