TEXAS — Las autoridades del estado de Texas ofreció al presidente electo Donald Trump, más de 500 hectáreas de terreno cerca de la frontera con México para construir centros de detención de migrantes en el marco de sus políticas de deportación masiva una vez tome posesión a partir del mes de enero.
La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, envió una carta al magnate, fechada en la víspera, en la que dice estar «totalmente preparada» para llegar a un acuerdo al respecto con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o la Patrulla Fronteriza estadounidense.
El terreno, ubicado en la ciudad de Río Grande, fue comprado por las autoridades estatales el 23 de octubre para construir un muro en la frontera con México, si bien el anterior dueño se negó a permitir su construcción, según reportes de la cadena ABC News.
Alrededor de once millones de personas vivían y trabajaban en situación irregular en Estados Unidos antes de la llegada de Joe Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca. Pero la cifra podría haberse duplicado con las políticas de la administración demócrata.
Las autoridades de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registran el encuentro de un total de 10,825,387 de migrantes durante la administración Biden-Harris. A ellos se suman cerca de 2 millones de indocumentados que lograron evadir a las autoridades migratorias.
La idea de Trump de echarles del país podría afectar a unos 20 millones de familias, según cifras que publica el portal de noticias Axios.
Emergencia nacional
Trump compartió el lunes en su cuenta de Truth Social un mensaje del líder del movimiento conservador Judicial Watch, Tom Fitton, en el que menciona que declarará la emergencia nacional para poder contar así con recursos militares para poner en marcha su promesa de deportaciones masivas.
El presidente electo Donald Trump confirmó el lunes que está preparado para declarar una emergencia nacional y recurrir al ejército como parte de un esfuerzo de deportación masiva que su administración se dispone a poner en marcha el primer día, una de las principales promesas de su campaña.
Trump respondió a una publicación de Truth Social del presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, quien afirmó que Trump está supuestamente «preparado para declarar una emergencia nacional y utilizará medios militares para revertir la invasión de Biden mediante un programa de deportación masiva».
El presidente electo respondió al mensaje con un «¡Es verdad!».
Trump ha criticado a la administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris por las políticas de fronteras abiertas y que califica de «invasión» la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México.
Antecedentes criminales
El republicano ha afirmado que es necesaria la deportación cuyo foco principal serían las personas con antecedentes criminales. El tema migratorio fue una piedra angular de la campaña de Trump para 2024, y sus altos cargos han repetido esa promesa desde que fue elegido este mes, debido a la inmigración sin presidentes durante la administración demócrata.
También ha prometido invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de Estados Unidos a miembros de bandas, narcotraficantes y miembros de cárteles, con la ayuda de múltiples agencias gubernamentales, que han logrado entrar al país debido a las políticas flexibles de Biden y Harris.
Otras de las opciones la guardia nacional, un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado que puede ser convocado para la protección del país en caso de conflicto o desastre.
En abril Trump declaró que esta fuerza «debería ser capaz» de hacerse cargo de las deportaciones.
«Si no es así, utilizaría el ejército», es decir, las tropas federales, declaró a Time.
Deportaciones, nada nuevo
La deportación de migrantes no es nada nuevo en Estados Unidos. La administración del demócrata Barack Obama, es la que màs inmigrantes expulsó con casi 3 millones de deportaciones, màs del 40 por ciento sin antecedentes criminales, lo que es considerado su principal legado en materia migratoria.
Según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington, la administración del demócrata Biden llevó a cabo más expulsiones de migrantes en situación irregular que la de Trump en el primer mandato.
«Combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes sin permiso a Estados Unidos, las casi 4,4 millones de repatriaciones del gobierno de Biden son ya más que cualquier mandato presidencial desde el gobierno de (el republicano) George W. Bush», que alcanzó 5 millones en su segundo mandato, según señaló a finales de junio ese instituto.
El republicano tiene previsto llegar mucho más lejos y, aunque se desconocen los detalles de sus planes, ha dado pinceladas.
Otras acciones
Además de la promesa de invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, Trump prevé sellar la frontera con México, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes.
Intentará resucitar el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, prohibir las ciudades santuario, que los protegen de la expulsión, y suprimirles «todos los beneficios federales y de asistencia social».
Trump quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.
Anteriormente Trump dijo que está dispuesto a desplazar tropas a la frontera sur y a utilizar a la Marina para imponer un «bloqueo de fentanilo» en aguas estadounidenses.
Como consecuencia, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.
Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.
Un estudio publicado en octubre por la ONG American Immigration Council evalúa el costo global en 88.000 millones de dólares por año, es decir, 967.900 millones en más de una década.
Sin embargo, la nueva administración que asumirá el 20 de enero, se muestra a favor de la migración legal.