Los presidentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, mantienen una reunión reservada para dialogar, respecto de la conflicto generado por la inscripción de las candidaturas del movimiento Justicia Social, en el marco de las elecciones generales de febrero del 2021.
Cabrera llegó la mañana de este jueves 24 de diciembre hasta la sede del CNE en Quito para «visitar» a la presidenta Atamaint e «iniciar un diálogo que encuentre salidas», indicó la autoridad a su llegada al Consejo.
En declaraciones a periodistas dijo que no conocía aún cuál pueda ser esa salida, pero el objetivo es que «las elecciones se hagan, las elecciones no pueden postergarse, no pueden cambiarse y el deber primario de todos es garantizar que el proceso se realice».
«Espero que la ciudadanía comprenda que no es tozudez, ni empeños de quién se sale con la suya. Es imposible regresar al 29 de octubre, es imposible regresar a esa fecha. Existen actos administrativos iniciados que no pueden detenerse, esos tienen que seguir. Los de la Fiscalía en contra de los jueces, de la Fiscalía en contra de los consejeros, la consulta a la Corte Constitucional, pero el principal proceso debe continuar», acotó Cabrera.
A su criterio, la sentencia del 30 de octubre a favor de Justicia Social, en la que se ordenó medidas de reparación integral para que el movimiento inscriba candidatos «no complica nada», indicó.
«La sentencia del 30 de octubre dictó medidas de reparación en una época oportuna frente a la violación de derechos de una organización política. No dispone inscripción de candidtura alguna, ni dispone que se modifique el calendario. Estamos hablando del 30 de octubre. Es cierto, el TCE ya se pronunció y he manifestado que el proceso no tiene pretexto para no realizarse, vengo a buscar un diálogo en el que ojalá encontremos soluciones», indicó.
La pugna entre los dos organismos surgió después de la sentencia del 30 de octubre, en la que se ordenaba al Consejo medidas de reparación integral para esa organización política, que pretende inscribir como su binomio presidencial al político Álvaro Noboa y Gino Cornejo.
Después de esta sentencia, el TCE dispuso en un auto de ejecución del 8 de diciembre que el Consejo Electoral repare los derechos de Justicia Social habilitando plazos desde la democracia interna para elegir candidatos, que se los inscriba, y que se los califique.
El Consejo argumenta que ese auto es inejutable porque los plazos para realizar estas fases precluyeron en el calendario electoral; además, que es una intromisión en sus funciones.
Por ello, los consejeros resolvieron presentar una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional (CC) para que defina si la sentencia del TCE puede disponer que se habiliten plazos para una agrupación política.
Mientras tanto, aún no está cerrada la lista de candidatos presidenciales que participarán en estos comicios, y el CNE no empieza con la impresión de papeletas electorales, hasta poder tener un pronunciamiento de la Corte.
Fuente: El Universo