«Ese principio es necesario en un mundo en el que gran parte de lo que ocurre dentro de los países afecta los intereses de otros más allá de sus fronteras, a menudo de manera fundamental», dice un experto de la ONU sobre el R2P.
Hace quince años, 113 estados miembros de las Naciones Unidas votaron para comprometerse con un nuevo ideal. Cada uno de ellos asumió la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos del genocidio, los crímenes de guerra y los graves abusos contra los derechos humanos. Si fracasaban, otros estados tenían la responsabilidad de intervenir.
El principio, llamado “responsabilidad de proteger” (R2P, por sus siglas en inglés), surgió de la angustia mundial por no haber podido detener los genocidios o las masacres de “limpieza étnica” en Ruanda, Bosnia y Sudán.
Al principio, después de que la ONU votara por la R2P en 2005, el ideal tuvo un efecto galvanizador. “Las regiones que alguna vez fueron asoladas por crímenes atroces avanzaron hacia una paz sostenible”, dice Alexander Bellamy, director del Centro Asia-Pacífico para la Responsabilidad de Proteger.
El Principio de Responsabilidad de Proteger, invocado para el caso de Venezuela por el Presidente Encargado del país, Juan Guaidó, expresa la responsabilidad que tienen los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas frente a cuatro tipos de crímenes: genocidio, crimen de guerra, limpieza étnica y crimen de lesa humanidad.
La R2P surge en la Resolución Final de la Cumbre Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2005 (A/RES/60/1), cuyos parágrafos 138 y 139 enuncian el deber de los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas ante estos cuatro tipos de crímenes.
En 2009, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, presentó el informe titulado «Implementar la responsabilidad de proteger», aprobado mediante la resolución A/63/677, que desarrolla sus pilares y plantea algunos retos para su aplicación. El Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) es de referencia obligada, pues define el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra (artículos 6 al 8). Es un principio de reciente formulación, aún en construcción y, por lo tanto, perfectible.
La nueva norma dio lugar a prácticas de gobiernos y grupos de la sociedad civil destinadas a proteger a las personas más vulnerables. “Se hizo más difícil, aunque ciertamente no imposible, para los perpetradores salirse con la suya con ataques deliberados contra poblaciones civiles y más probabilidades de que el mundo respondiera”, según Bellamy.
Luego, una serie de eventos puso a prueba la determinación del mundo de una intervención humanitaria. El gobierno sirio y los militantes del Estado Islámico utilizaron armas químicas contra civiles durante la guerra de Siria. Myanmar masacró o desplazó a cientos de miles de sus ciudadanos rohingya. China encarceló al menos a un millón de uigures en campos de concentración. La comunidad internacional no pudo prevenir estos “crímenes atroces” ni atender eficazmente a las víctimas.
A pesar de los contratiempos, dos casos brindan ahora la oportunidad de renovar la promesa de R2P. El 23 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó un exhaustivo informe de investigación que acusa al régimen venezolano de Nicolás Maduro de graves violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y el encarcelamiento y tortura de sus rivales políticos. Mientras tanto, Sudán ha condenado a su ex dictador, Omar al-Bashir, por corrupción y lo ha llevado a juicio por un golpe de Estado en 1989. Ahora está considerando cómo responsabilizarlo junto con otros altos funcionarios por el genocidio en Darfur.
El caso de Venezuela está siendo revisado por la Corte Penal Internacional, un organismo legal creado en 2002 por la ONU, pero sigue sin estar claro qué acciones puede tomar ese tribunal. Maduro aún está en el poder y es poco probable que permita que lo juzguen, pues se han evidenciado complicidades internas en el alto tribunal, que al parecer se ha tropezado con narcodólares del régimen madurista para mantener el caso con severos retrasos, sin dar ninguna conclusión de las investigaciones.
Los dos casos reflejan cambios importantes entre africanos y latinoamericanos en cuanto a expectativas democráticas y normas diplomáticas. Desde 2018, por ejemplo, los manifestantes sudaneses han vinculado la libertad y la democracia con la justicia por las atrocidades cometidas en el pasado contra las minorías del país. El actual gobierno de transición parece estar prestando atención.
La investigación de la ONU sobre Maduro siguió a una solicitud de tal investigación hace dos años por Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Eso representó una ruptura significativa con un sesgo regional de larga data hacia la no interferencia entre los países latinoamericanos.
A pesar del progreso desigual en la R2P, el mundo al menos ha cruzado un umbral. Las naciones ahora están al tanto de que su “soberanía implica obligaciones además de derechos, y que cuando estas obligaciones no se cumplen, los gobiernos pierden algunos de sus derechos soberanos”, señala Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. «Ese principio es necesario en un mundo en el que gran parte de lo que ocurre dentro de los países afecta los intereses de otros más allá de sus fronteras, a menudo de manera fundamental».
El caso de Sudán contra su ex dictador y el caso de la ONU contra Venezuela representan el abrazo más cercano de la humanidad a un ideal universal: la compasión por las vidas inocentes. Una vieja regla no escrita ya no se aplica entre los líderes estatales de que pueden evitar el escrutinio de la violencia contra su pueblo. Incluso estos pequeños avances recientes muestran el poder de una buena idea contra las armas de los dictadores.
¿Cascos azules?
Para el analista venezolano Jesús Lara, el R2P invoca a los cuerpos de cascos azules de la ONU para proteger a la ciudadanía en estados fallidos.
«Oficialmente los cascos azules no hacen operaciones militares, simplemente de logística y ayuda humanitaria, pero, como pasó en Somalia o en Libia, el contexto de una R2P hace que muchas dictaduras se extralimiten y los gobiernos terminan haciendo una coalición militar», detalla Lara.
Según redacta en su perfil de la red social Twitter, Lara argumenta que los cascos azules no derrocan gobiernos, sólo «se despliegan en labores de coordinación de entrega de alimentos, en logística o control de violencia callejera y en prevención de más ataques contra la población civil».
Para Lara «la R2P tiene múltiples niveles y para llegar al ‘canal humanitario’ de cascos azules aún falta un trecho largo, se deben extinguir los medios pacíficos y no-violentos, diplomáticos antes de siquiera ver un ‘casco azul’ en Venezuela».
El analista detalla que entre las medidas R2P que saldrían primero, está la «expulsión de expulsión de embajadores y representantes de funcionarios de la ONU y países miembros, congelamiento de activos, embargo total de armas y suministros, etc), y la Apertura de canal humanitario con la Cruz Roja y Cuerpos de Paz».
De seguir desconociendo el gobierno tras estas medidas, «se abre la opción del patrullaje con fuerzas de Cascos Azules, la creación de zonas de exclusión aérea (para evitar movilización de tropas por parte del país agresor)».
Lara recuerda lo que dice la declaración de R2P de la ONU, sobre que solamente «legitima el uso de la fuerza sólo si es empleada y autorizada colectivamente a través de un mandato del Consejo de Seguridad», sin embargo el analista cree que esto «es un rayo de esperanza para millones de familias en Venezuela, que exista una fuerza internacional con la capacidad de abrir un canal humanitario, para el suministro de alimentos y medicinas al pueblo, que evite la actuación de colectivos y ayuden a paliar la crisis».
Fuente: Primer Informe