Las elecciones municipales y regionales del 21 de diciembre en Venezuela colocaron al chavismo en un dilema estratégico que los ha llevado a desconocer las escasas condiciones políticas y electorales conseguidas antes del proceso electoral.
La valoración de los resultados cambió significativamente después de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia anulara todos los actos electorales correspondientes a la elección para gobernador en el simbólico estado Barinas y le ordenara al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar una nueva elección el 9 de enero de 2022.
Aunque la elección de Barinas se celebró el 21 de noviembre, no fue sino hasta el lunes 29 de noviembre cuando el CNE culminó la totalización de los resultados. El retraso en los cómputos fue por la ausencia de tres actas de votación (que representaban mil electores inscritos) que permanecieron bajo custodia de efectivos militares.
Después de una semana paralizada la totalización para el cargo de gobernador en Barinas -por la negativa de los militares a entregar las actas- el CNE concluyó que el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática Freddy Superlano obtuvo 37,60 % de los votos, mientras el actual gobernador y candidato del chavismo Argenis Chávez obtuvo 37,21%.
No obstante, antes de que el CNE procediera a la proclamación de Superlano, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia decidió anular todos los actos electorales argumentando que Freddy Superlano se encuentra inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos de elección popular.
Una decisión sobrevenida porque en los registros del CNE no figuraba -hasta el 29 de noviembre- esta inhabilitación administrativa, de lo contrario el sistema automatizado de postulaciones hubiese bloqueado la inscripción de Superlano como aspirante a un cargo de elección popular.
Adicionalmente, en la decisión del Tribunal Supremo se desconoce que -según un acuerdo logrado en la mesa de negociación en México- Nicolás Maduro había indultado a 100 políticos opositores, entre ellos el propio Superlano para facilitar su regreso al país y su participación en el proceso electoral.
Para el exfiscal general de la República Ramón Escobar Salón “declarar inhábil de manera sobrevenida a quien gana unas elecciones, es una manifestación clara de que el régimen no se detiene para conservar el poder. En el caso de Barinas hay una imagen poderosa: la derrota electoral de la familia Chávez”.
Por su parte, el politólogo Héctor Briceño considera con el régimen de Maduro “pretendía legitimarse a través de unas elecciones que no eran las más llamativas para el mundo, ni las más determinantes para el futuro del país (…) No obstante, la derrota en un Estado secundario (poblacionalmente) pero muy importante simbólicamente para el chavismo, lo obligó a cometer el más descarado de los fraudes electorales”.
Briceño recuerda que la dictadura estaba cómoda, muy cómoda; pero la oposición dividida participó y el régimen perdió, lo que no quería perder, aún con toda las irregularidades y el ventajismo. El resultado: la tiranía, lejos de legitimar nacional e internacionalmente, como deseaba, queda aún más deslegitimado”.
Por otra parte, sostiene que participar en elecciones, aún en las peores condiciones siempre pondrá en aprieto a quienes «gobiernan» a través del miedo y la violencia”.
Esta perspectiva de Briceño no es compartida por el economista Omar Zambrano quien explicó: “Lamentablemente, la épica del rescate del voto por parte de la sociedad civil es una narrativa vacía. La dictadura da y quita concesiones discrecionalmente, llegamos hasta donde al poder le convenga. Es una verdad incómoda no tener locus de control, pero es lo que hay (…) La teoría de cambio no puede ser vamos a elecciones a ver qué sale y capaz y se le sale una rueda a la carreta. Es insuficiente. No más salidas de fuerza imaginarias, ni aventuras de intervenciones locas, pero tampoco la autoayuda política, tampoco nos lleva a ningún lado”.
Esta posición no la comparte el politólogo John Magdaleno: “El uso de las elecciones como un componente clave de la estrategia de cambio político supone organizar y articular a diversos sectores para elevar el costo al régimen autoritario. Sin movilización masiva, 3.5% de la población dirían Chenoweth y Stephan, el costo es bajo”
En este sentido Magdaleno insiste en su tesis de que en Venezuela “se requiere edificar un poderoso movimiento social, de escala nacional, que reclute, forme, articule y coordine a un millón de activistas sociales y políticos, aproximadamente, previa planificación estratégica.
En relación con el desconocimiento al resultado en Barinas, Magdaleno dice discrepar “del nutrido coro de voceros y opinadores que por lo regular se queda en la denuncia sin consecuencias o, peor aún, en el lamento, el desencanto y la frustración, sin hacer el más mínimo esfuerzo por elevar el costo al autoritarismo por las violaciones de garantías (…) En eso consiste precisamente la lucha contra un autoritarismo hegemónico: en desarrollar «espíritu de lucha» e inteligencia estratégica para combatirlo cada vez más eficazmente, planteándose dilemas estratégicos que obliguen a sus decisores a incurrir en crecientes costos”.
Por otra parte, Magdaleno considera que, en la dimensión de la política doméstica, “no hay otros territorios disponibles para plantearle dilemas estratégicos al régimen autoritario que no sean el de la movilización social y el de las elecciones. Guste o no, cause contradicciones o no. Son los terrenos disponibles (…) Los dos dilemas estratégicos que típicamente encaran estos regímenes son: por un lado, frente a una movilización realmente organizada, masiva, disciplinada y determinada, ¿puedo reprimir o no puedo?; y por otro, frente a una derrota electoral, ¿puedo hacer fraude o no puedo? (…) El issue central es que el cálculo de costos que hacen factores de poder para tomar una decisión frente a un dilema estratégico es central. Por ello, si usted quiere contribuir a elevar el costo al autoritarismo, evalúe mi modesta sugerencia de ir más allá de la denuncia”.
Después de una semana paralizada la totalización para el cargo de gobernador en Barinas -por la negativa de los militares a entregar las actas- el CNE concluyó que el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática Freddy Superlano obtuvo 37,60 % de los votos, mientras el actual gobernador y candidato del chavismo Argenis Chávez obtuvo 37,21%.
No obstante, antes de que el CNE procediera a la proclamación de Superlano, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia decidió anular todos los actos electorales argumentando que Freddy Superlano se encuentra inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos de elección popular.
Una decisión sobrevenida porque en los registros del CNE no figuraba -hasta el 29 de noviembre- esta inhabilitación administrativa, de lo contrario el sistema automatizado de postulaciones hubiese bloqueado la inscripción de Superlano como aspirante a un cargo de elección popular.
Adicionalmente, en la decisión del Tribunal Supremo se desconoce que -según un acuerdo logrado en la mesa de negociación en México- Nicolás Maduro había indultado a 100 políticos opositores, entre ellos el propio Superlano para facilitar su regreso al país y su participación en el proceso electoral.
Para el exfiscal general de la República Ramón Escobar Salón “declarar inhábil de manera sobrevenida a quien gana unas elecciones, es una manifestación clara de que el régimen no se detiene para conservar el poder. En el caso de Barinas hay una imagen poderosa: la derrota electoral de la familia Chávez”.
Por su parte, el politólogo Héctor Briceño considera con el régimen de Maduro “pretendía legitimarse a través de unas elecciones que no eran las más llamativas para el mundo, ni las más determinantes para el futuro del país (…) No obstante, la derrota en un Estado secundario (poblacionalmente) pero muy importante simbólicamente para el chavismo, lo obligó a cometer el más descarado de los fraudes electorales”.
Briceño recuerda que la dictadura estaba cómoda, muy cómoda; pero la oposición dividida participó y el régimen perdió, lo que no quería perder, aún con toda las irregularidades y el ventajismo. El resultado: la tiranía, lejos de legitimar nacional e internacionalmente, como deseaba, queda aún más deslegitimado”.
Por otra parte, sostiene que participar en elecciones, aún en las peores condiciones siempre pondrá en aprieto a quienes «gobiernan» a través del miedo y la violencia”.
Esta perspectiva de Briceño no es compartida por el economista Omar Zambrano quien explicó: “Lamentablemente, la épica del rescate del voto por parte de la sociedad civil es una narrativa vacía. La dictadura da y quita concesiones discrecionalmente, llegamos hasta donde al poder le convenga. Es una verdad incómoda no tener locus de control, pero es lo que hay (…) La teoría de cambio no puede ser vamos a elecciones a ver qué sale y capaz y se le sale una rueda a la carreta. Es insuficiente. No más salidas de fuerza imaginarias, ni aventuras de intervenciones locas, pero tampoco la autoayuda política, tampoco nos lleva a ningún lado”.
Esta posición no la comparte el politólogo John Magdaleno: “El uso de las elecciones como un componente clave de la estrategia de cambio político supone organizar y articular a diversos sectores para elevar el costo al régimen autoritario. Sin movilización masiva, 3.5% de la población dirían Chenoweth y Stephan, el costo es bajo”
En este sentido Magdaleno insiste en su tesis de que en Venezuela “se requiere edificar un poderoso movimiento social, de escala nacional, que reclute, forme, articule y coordine a un millón de activistas sociales y políticos, aproximadamente, previa planificación estratégica.
En relación con el desconocimiento al resultado en Barinas, Magdaleno dice discrepar “del nutrido coro de voceros y opinadores que por lo regular se queda en la denuncia sin consecuencias o, peor aún, en el lamento, el desencanto y la frustración, sin hacer el más mínimo esfuerzo por elevar el costo al autoritarismo por las violaciones de garantías (…) En eso consiste precisamente la lucha contra un autoritarismo hegemónico: en desarrollar «espíritu de lucha» e inteligencia estratégica para combatirlo cada vez más eficazmente, planteándose dilemas estratégicos que obliguen a sus decisores a incurrir en crecientes costos”.
Por otra parte, Magdaleno considera que, en la dimensión de la política doméstica, “no hay otros territorios disponibles para plantearle dilemas estratégicos al régimen autoritario que no sean el de la movilización social y el de las elecciones. Guste o no, cause contradicciones o no. Son los terrenos disponibles (…) Los dos dilemas estratégicos que típicamente encaran estos regímenes son: por un lado, frente a una movilización realmente organizada, masiva, disciplinada y determinada, ¿puedo reprimir o no puedo?; y por otro, frente a una derrota electoral, ¿puedo hacer fraude o no puedo? (…) El issue central es que el cálculo de costos que hacen factores de poder para tomar una decisión frente a un dilema estratégico es central. Por ello, si usted quiere contribuir a elevar el costo al autoritarismo, evalúe mi modesta sugerencia de ir más allá de la denuncia”.
Las contradicciones del chavismo
Según el análisis de la firma CarpeDiem “la decisión de la Sala Electoral del TSJ (bajo control del grupo político de Diosdado Cabello y Francisco Ameliach), unido a las amenazas de Cabello y del propio Maduro contra los integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destruyen los precarios avances sobre garantías electorales que se habían logrado hasta el 21 de noviembre.
“En este momento, no queda claro por qué Maduro sacrificaría estos precarios avances electorales -que se traducen en precarias avances en su reconocimiento electoral- por manipular la elección en el estado Barinas, más allá de su valor simbólico por ser el estado natal de Hugo Chávez, y su valor estratégico al ser frontera con Colombia y un territorio dominado en parte por grupos paramilitares”, escribe la firma en su análisis de coyuntura.
Además, advierten que el dilema estratégico “es ahora para la oposición venezolana, que se fragmenta aún más después de la decisión del TSJ (…) La nueva elección del 9 de enero se realizará con el mismo registro de votantes, sin cambios en las autoridades electorales regionales, ni de los efectivos militares que mantuvieron en custodia las actas de votación. ¿La oposición volverá a presentarse a estos comicios? Responder asertivamente a esa interrogante puede ser la clave para la oposición y hasta para el país”.
Fuente: Diario las Américas