La comunidad internacional continúa alertando sobre las irregularidades y abusos de que son víctimas los venezolanos. El mismo día en que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un nuevo informe el sistema de torturas y abusos que sigue vigente en Venezuela, se conoció una realidad incluso más delicada que vincula al régimen de Nicolas Maduro con grupos criminales que cometen delitos como el reclutamiento y trata sexual de niños.
La situación se describe en un informe del Departamento de Estado de EE. UU divulgado este jueves. El documento cita que el régimen de Maduro brindó apoyo a grupos armados no estatales, incluidas organizaciones ilegales del vecino país «que reclutaron y utilizaron niños soldados para conflictos armados y se dedicaron a la trata sexual y al trabajo forzoso mientras operaban en territorio venezolano con impunidad».
El panorama raya en lo perverso, ya que las instituciones hacen muy poco para atender a las víctimas. Además, las leyes son débiles porque no criminalizan todas las formas de trata. «Las autoridades venezolanas no informaron haber identificado víctimas de trata entre poblaciones vulnerables ni derivar víctimas a servicios», indica el texto.
Sumado a eso, la emergencia sanitaria empeoró la situación para los ciudadanos venezolanos. «El desempleo causado por la pandemia y las medidas de cuarentena adoptadas para mitigar la propagación del virus aumentaron la vulnerabilidad de los venezolanos al tráfico sexual y al trabajo forzoso, ya que muchos no pudieron conseguir empleo en el sector formal o informal».
Este balance se dio a conocer el mismo día que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) actualizó su informe sobre la grave situación en Venezuela.
Niños soldados: sometidos y abusados
Las actividades de los grupos criminales armados no se limitan al narcotráfico y comercio ilícito de oro. Los niños en la frontera terminan siendo parte de grupos terroristas como las FARC y ELN debido a la falta de oportunidades. Para demostrarlo, EE. UU. refleja que la tasa de deserción escolar durante la pandemia llegó a 82 % en los estados fronterizos. De ese número, 75 % tenía algún tipo de vínculo con los grupos irregulares.
«Una organización de la sociedad civil indicó que los ‘disidentes’ de las FARC y el ELN inscribieron a más de 20000 estudiantes para recibir útiles escolares como primer paso en el proceso de reclutamiento».
Obsequios y promesas de sustento básico para ellos y sus familias han sido usados para reclutar a los niños que habitan en la frontera. Así logran «fortalecer sus operaciones y aterrorizar a las comunidades fronterizas en Venezuela y países vecinos, especialmente Colombia, en áreas con gobernanza limitada».
Los detalles son aún más preocupantes. El Departamento de Estado precisa que los grupos armados ilegales obligaron a los venezolanos, incluidos niños, a trabajar en zonas mineras y a mujeres y niñas a la trata sexual. Incluso los ubican desde zonas más alejadas de la frontera como las ciudades de Maracaibo, Caracas y hasta de la isla de Margarita, que se encuentra en el otro extremo del país.
Y todo ocurre frente los ojos de Nicolás Maduro. Así lo asegura el informe de Estados Unidos. Pero no se trata de una novedad. Ya el Gobierno colombiano había denunciado previamente esta irregularidad. Fue en 2019 cuando el presidente Iván Duque señaló a Maduro por proteger y patrocinar a terroristas. Una clara violación a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual prohíbe darle «santuario, protección y patrocinio a grupos terroristas». Organizaciones e informes independientes también dan cuenta de los nexos de Maduro con la facción de las supuestas disidencias de las FARC a cargo del guerrillero Iván Márquez, conocida como la Segunda Marquetalia.
Lavándose las manos
«Años de corrupción, incompetencia y abuso debilitaron la capacidad del régimen de Maduro para gobernar y vaciaron instituciones legítimas, fomentando un ambiente permisivo para que los grupos armados no estatales operaran con impunidad».
El informe explica que el año pasado una organización independiente estimó que el régimen de Maduro había identificado unas 233 víctimas explotadas por 11 redes de trata entre enero y junio. Medios de comunicación informaron que la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) puso a disposición una línea directa de 24 horas para registrar abusos contra mujeres y delitos de trata. Pero varios de los números proporcionados a menudo estaban inactivos.
Tampoco se registra existencia de albergues especializados para las víctimas de trata. Las personas de la sociedad civil y las organizaciones religiosas que prestaron apoyo muchas veces quedaron limitadas por la pandemia y por «los esfuerzos del régimen para restringir la financiación extranjera». Un breve listado de deficiencias dejan en la calle a la dictadura venezolana en este tema:
- El régimen no informó de ninguna actividad realizada en el marco de un nuevo plan de acción nacional 2020-2025 anunciado por los medios de comunicación.
- La ONCDOFT llevó a cabo una serie de eventos virtuales de tres semanas, pero se desconoce el número de participantes que se capacitaron sobre formas de prevenir la trata.
- La ley venezolana no criminalizó la trata de hombres y niños cuando los perpetradores no formaban parte de una organización delictiva organizada.
Acoso contra familiares y testigos
La violencia sexual contra los venezolanos también está contemplada en la nueva actualización del ACNUDH, dirigida por Michelle Bachelet. Esta vez, refiriéndose a víctimas de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
El ACNUDH indica que documentó 17 casos de muertes presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas. Los agentes al servicio del régimen han usado la violencia para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares, siendo en algunos casos objeto de acoso y violencia sexual.
«Casi todas las víctimas muertas en los casos documentados por el ACNUDH eran hombres jóvenes y niños de familias de bajos ingresos en barrios marginales», expone el texto.
Sin duda, la vulnerabilidad es la clave para los abusos amparados por la dictadura venezolana. Tener pocos recursos y estar expuestos a la violencia constituyen la oportunidad de oro para los grupos criminales en Venezuela, que aprovechan la inacción o la complicidad del régimen.
Fuente: PanamPost