Un sector del uribismo –esa corriente política que erróneamente se encasilla como la derecha colombiana, ya que no toda la derecha es uribista ni todo el uribismo es de derecha– parece desorientado en la búsqueda de referentes en la región. Fieles seguidores del legado del expresidente Álvaro Uribe han puesto los ojos en el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para presentarlo como el ejemplo a seguir en Colombia, ante el avance del fracasado modelo socialista que pretende implantar en el país el izquierdista Gustavo Petro.
El exacerbado estatismo que inevitablemente conduce a la miseria y la política de seguridad que invocando el respeto a los derechos humanos termina siendo permisiva con la delincuencia efectivamente no son el camino. Sin embargo, la apertura económica y la reducción de la tasa de homicidio en El Salvador no son suficientes para dar un salto al vacio proponiendo calcar el estilo de gobernar de Bukele.
Un discurso de Nayib Bukele del fin de semana en el que cuestionó que “todo el enfoque de derechos humanos internacional y de las ONG está enfocado en los derechos de los delincuentes” y “no de las personas honradas” llevó a varios dirigentes de un sector del uribismo a afirmar que “Colombia necesita un Bukele”. Pero si bien esta aseveración del mandatario salvadoreño puede ser acertada, la lista de desaciertos de su gestión que exponen su estilo autoritario es mucho más larga.
A pesar de ser el presidente más popular de América Latina, con 86 % de favorabilidad, según la más reciente encuesta del grupo CID y Gallup, correspondiente a octubre de 2022; haber conseguido que el país acumule más de siete meses sin homicidios; y mantener una imagen del rock star milenial de la política con medidas vanguardistas como la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, Nayib Bukele se ha ganado –no en vano– el título de dictador con medidas autoritarias que atentan contra la democracia, irrespetando la separación de poderes, persiguiendo a la prensa, poniendo a sus pies a la justicia y todo con el único fin de garantizar su permanencia en el poder con interpretaciones amañadas de la Constitución, como se evidenció con el reciente lanzamiento de su candidatura a la reelección.
Una reelección que no está en la Constitución
El presidente salvadoreño anunció el mes pasado su candidatura a la relección, la cual no está permitida de manera expresa en la Constitución, pero desde el año pasado, los magistrados designados por su partido lo habilitaron con una muy cuestionada interpretación de la Carta Magna. Pese a que cuatro artículos limitan el ejercicio de la presidencia a un mandato, los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, leales a Bukele, determinaron que la interpretación que se hizo en 2014 es “errónea” y que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano pueda ser presidente por un máximo de 10 años si solicita una licencia durante los seis meses previos a la elección en la que aspira a revalidar su gobierno. Incluso Estados Unidos condenó la decisión del alto tribunal y advirtió que constituye un “declive” para la democracia.
Golpe a la separación de poderes
La habilitación para la reelección de Bukele no habría sido posible si antes no se hubiera dado un golpe a la separación de poderes y, por ende, a la democracia. Y es que el primer acto de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa que se instaló el primero de mayo del año pasado fue destituir al fiscal general Raúl Melara, con quien el mandatario tuvo enfrentamiento en más de una ocasión, y a los jueces de la Corte Constitucional, lo que Washington calificó en su momento como un irrespeto a la separación de poderes y a las normas de la democracia. A los pocos meses la purga en los tribunales continuó con una reforma a la Ley de Carrera Judicial que permite destituir a un total de 156 jueces para ser sustituidos por funcionarios designados a discreción por el presidente y su partido.
Aumento de la persecución a la prensa
Entre 2020 y 2021 se registró un aumento de casi 200 % en agresiones a periodistas debido al discurso de odio impulsado desde las más altas esferas del Gobierno, según denunció la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). El presidente salvadoreño ha desplegado incluso un “bullying” desde sus redes sociales que acompaña con la incitación a sus seguidores para arremeter contra los periodistas que publican investigaciones “incómodas” para su gobierno, tal como se evidenció el año pasado cuando el país cayó ocho puestos para ubicarse en la posición 82 en la clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021, elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Incluso el mes pasado se le abrió un proceso penal a un tuitero de nombre Luis Rivas por el cargo de “desacato” contra la administración pública y la figura del presidente, tras haber sido detenido el 21 de agosto después de supuestamente difundir una fotografía del despliegue de seguridad en una playa para uno de los hermanos de Nayib Bukele.