Según el pronunciamiento de la defensa, el Tribunal de Barlovento «ignoró el derecho del señalado agente especial del régimen a un remedio efectivo y justificó erróneamente la resolución del documento de oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados”.
Y aseguran que la decisión es abiertamente arbitraria, «sin sustento legal y con absoluta falta de motivación». Por tanto, insisten en que su entrega a Estados Unidos, que califican como el «agente perseguidor», será por razones políticas.
Este es el quinto revés judicial que sufre la defensa de Saab a quien ya se le negaron dos habeas corpues, un recurso de amparo anticipado y la apelación a su captura, registrada el pasado 12 de junio en Cabo Verde.
Con estas decisiones, se cumple la ruta judicial que Cabo Verde anunció y que terminaría con el envío del barranquillero, de 48 años, a Estados Unidos, que lo procesa por el lavado de al menos 350 millones de dólares a través de contratos corruptos de construcción de casas subsidiadas para el régimen de Maduro.
Sin embargo, para Washignton, Saab es la clave para llegar a las fortunas ocultas de los miembros del régimen y a los movimientos de lingotes de oro a Turquía, Irán y Rusia.
Sin embargo, aun le queda una apelación ante el tribunal que profirió la decisión, y el recurso de amparo, ante el constitucional.
“La decisión proferida es sumamente perturbadora, no solo del ordenamiento jurídico interno, sino también del ordenamiento internacional, y especialmente del Derecho Humanitario y de los Derechos Humanos, que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde”, señala el comunicado de la defensa, que ya anunció que usará los dos recursos que le quedan.
“Se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional (…). El señor Saab se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos”, advierte el pronunciamiento.
Se refieren a la avanzada legal que ya anunció el exjuez Baltasar Garzón ante el tribunal internacional de La Haya en donde planea incluso pedir una indeminizacion para su cliente -de entre 5 millones de dólares y 12 millones- por su supuesta captura ilegal.
La defensa de Saab insiste en que es un ciudadano venezolano (tiene doble ciudadanía), estatus diplomático y que fue capturado arbitrariamente cuando cumplía una misión humanitaria para el gobierno bolivariano de Venezuela.
Fuente: Diario las Américas