Una corte de Trinidad y Tobago suspendió temporalmente la deportación de una veintena de migrantes venezolanos, entre ellos 16 menores, mientras se dirime la legalidad del proceso que ha sido cuestionado por diversas organizaciones, informó un abogado que participa en el caso.
Tras la polémica desatada el fin de semana por la devolución a Venezuela en una precaria embarcación del grupo de migrantes, quienes retornaron días después a la isla gracias a una medida judicial, un tribunal decidió la noche del miércoles que los venezolanos permanezca en Trinidad y Tobago hasta que se resuelva sobre el fondo del proceso de deportación, dijo el abogado Gonzalo Himiob, director de la organización humanitaria venezolana Foro Penal, que apoya la defensa.
El grupo fue enviado a una instalación oficial para cumplir una cuarentena de 14 días hasta que la corte tome una nueva decisión sobre el caso.
Activistas han dicho que el grupo está integrado por 29 personas, aunque la prensa local en Trinidad señaló el jueves que sólo estuvieron 26 en la audiencia judicial, incluidos 10 adultos, 15 menores y un bebé de cuatro meses.
Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado al gobierno trinitario proteger a los niños y las personas que buscan refugio.
Desde Trinidad y Tobago, la activista Heide Diquez, integrante de la fundación TTV Solidarity Network, afirmó que las autoridades trinitarias han seguido procesos similares con otros migrantes venezolanos que son llevados a instalaciones para cumplir una cuarentena por el nuevo coronavirus y luego son deportados.
Diquez dijo que la decisión de la corte puede ser “un paso para ganar tiempo, o simplemente organizar un traslado más organizado en conjunto con el régimen (de Venezuela)”, y agregó que pudiese haber una sentencia diferente en el caso de los niños, si se confirma que llegaron para reunirse con familiares que están legalmente en la isla.
Los migrantes llegaron por primera vez y sin autorización a Trinidad y Tobago el 17 de noviembre y fueron detenidos a su llegada. El 22 de noviembre se les regresó a Venezuela, y según activistas no se siguieron los protocolos adecuados de deportación. Luego de que una corte trinitaria ordenara revertir la devolución y su decisión se diera a conocer a través de medios locales, los migrantes volvieron, pero tras su segunda llegada se les retuvo nuevamente.
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, dijo el martes en conferencia de prensa que cualquier migrante ilegal que ingrese a la isla en el período actual es declarado “indeseable” inmediatamente después de arribar, y se le aplica lo que establecen las leyes para devolverlos.
El régimen de Venezuela convocó el miércoles a una reunión con Trinidad y Tobago para evaluar asuntos de seguridad.
Sin hacer mención al incidente ocurrido con los migrantes, el canciller venezolano Jorge Arreaza señaló en su cuenta de Twitter que por instrucciones de Nicolás Maduro se llamó a un encuentro con las autoridades de Trinidad y Tobago para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico, pero no se precisó cuando se realizará el encuentro.
Las autoridades venezolanas no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el caso.
A inicios de semana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó inquietud por el proceso que aplicó Trinidad y Tobago en el caso, y exhortó al gobierno de la isla a garantizar el ingreso a su territorio de venezolanos que buscan protección internacional por “razones humanitarias urgentes”, así como “respetar el principio de no devolución” previsto en convenios internacionales suscritos por la nación caribeña.
De acuerdo a estimaciones de ACNUR, a Trinidad y Tobago han emigrado en los últimos años unos 35.000 venezolanos que huyen de la compleja crisis económica y social que azota a Venezuela.
Fuente: Diario las Américas
Activistas han dicho que el grupo está integrado por 29 personas, aunque la prensa local en Trinidad señaló el jueves que sólo estuvieron 26 en la audiencia judicial, incluidos 10 adultos, 15 menores y un bebé de cuatro meses.
Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado al gobierno trinitario proteger a los niños y las personas que buscan refugio.
Desde Trinidad y Tobago, la activista Heide Diquez, integrante de la fundación TTV Solidarity Network, afirmó que las autoridades trinitarias han seguido procesos similares con otros migrantes venezolanos que son llevados a instalaciones para cumplir una cuarentena por el nuevo coronavirus y luego son deportados.
Diquez dijo que la decisión de la corte puede ser “un paso para ganar tiempo, o simplemente organizar un traslado más organizado en conjunto con el régimen (de Venezuela)”, y agregó que pudiese haber una sentencia diferente en el caso de los niños, si se confirma que llegaron para reunirse con familiares que están legalmente en la isla.
Los migrantes llegaron por primera vez y sin autorización a Trinidad y Tobago el 17 de noviembre y fueron detenidos a su llegada. El 22 de noviembre se les regresó a Venezuela, y según activistas no se siguieron los protocolos adecuados de deportación. Luego de que una corte trinitaria ordenara revertir la devolución y su decisión se diera a conocer a través de medios locales, los migrantes volvieron, pero tras su segunda llegada se les retuvo nuevamente.
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, dijo el martes en conferencia de prensa que cualquier migrante ilegal que ingrese a la isla en el período actual es declarado “indeseable” inmediatamente después de arribar, y se le aplica lo que establecen las leyes para devolverlos.
El régimen de Venezuela convocó el miércoles a una reunión con Trinidad y Tobago para evaluar asuntos de seguridad.
Sin hacer mención al incidente ocurrido con los migrantes, el canciller venezolano Jorge Arreaza señaló en su cuenta de Twitter que por instrucciones de Nicolás Maduro se llamó a un encuentro con las autoridades de Trinidad y Tobago para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico, pero no se precisó cuando se realizará el encuentro.
Las autoridades venezolanas no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el caso.
A inicios de semana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó inquietud por el proceso que aplicó Trinidad y Tobago en el caso, y exhortó al gobierno de la isla a garantizar el ingreso a su territorio de venezolanos que buscan protección internacional por “razones humanitarias urgentes”, así como “respetar el principio de no devolución” previsto en convenios internacionales suscritos por la nación caribeña.
De acuerdo a estimaciones de ACNUR, a Trinidad y Tobago han emigrado en los últimos años unos 35.000 venezolanos que huyen de la compleja crisis económica y social que azota a Venezuela.
Fuente: Diario las Américas