Triunfalismo de Biden suena hueco con recesión en EEUU

MIAMI- El fallido intento de la extrema izquierda de pasar en el Congreso un gigantesco plan social y ambiental de despilfarro por 2 billones de dólares (trillions), terminó recientemente con la aprobación en el Congreso de menos de la tercera parte de esa suma.
Disfrazada como Ley de Reducción de la Inflación, es todo lo contrario a lo que su nombre indica y representa un enorme gasto adicional sin beneficio económico alguno; en aras de cumplir una agenda radical y ganar votos en un sector que apoya la misma plataforma del llamado cambio climático.
El monto agrega automáticamente casi medio billón de dólares a la deuda pública estadounidense que supera los 30 billones (trillions) de dólares y de la cual ni hablan los grandes medios liberales de prensa.
Durante los ocho años de su administración, el gobierno de Barack Obama gastó más de 170.000 millones de dólares en proyectos ambientalistas y financiamiento a organizaciones de este tipo, [bajo ninguna fiscalización federal] y sin resultados concretos.
La agenda por cumplir a cualquier precio
Ahora, el entonces vicepresidente y actual inquilino de la Casa Blanca -en la misma cuerda de su predecesor demócrata- destinará 370.000 millones de dólares para el mismo objetivo del «supuesto» cambio climático, mientras que se otorgarán apenas 64.000 millones de dólares en el sector de salud en EEUU.
La propuesta convertida en ley fue encabezada esta vez por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer y el senador Joe Manchin, quien se opuso a tres anteriores propuestas superiores al billón de dólares.
La nueva ley aborda puntos centrales de la agenda de la Casa Blanca y prevé reducir el déficit público con un nuevo impuesto mínimo del 15% para todas las empresas, cuyos beneficios superen los 1.000 millones de dólares. Esta es la típica coartada de la izquierda, que hasta ahora ha funcionado entre los sectores bajos de las sociedades: quitarles el dinero a los ricos para [supuestamente] dárselos a los pobres.
Con este prisma populista y de demagogia han llegado al poder decenas de regímenes dictatoriales en el mundo, en particular en América Latina. Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos clásicos en una larga lista en las últimas seis décadas.
La certeza de economistas, republicanos y conservadores es que de igual forma que [se evaporaron] -sin ningún resultado palpable- los 170.000 millones de dólares del plan Obama, así mismo desaparecerán los casi 400.000 millones del plan Biden. La alarma salta porque en esta ocasión el monto es más que el doble; extraído durante otra recesión más intensa y una inflación récord de 8,5% que en junio subió a 9,1%.
Por supuesto, el gasto se debe pagar con más gravámenes presuntamente a las grandes empresas y multimillonarios, pero sobre el papel de la legislación. La realidad dicta otro sendero.
Más de 200 economistas de las más prestigiosas universidades de EEUU enviaron una carta a la Casa Blanca por la aprobación de la nueva ley y el impacto negativo en los niveles inflacionarios.
En la misiva, los expertos argumentan en detalles las consecuencias de agregar cientos de miles de millones al gasto público en el centro de una alta inflación y medidas de emergencia de la Reserva Federal, como la subida de los intereses de referencia, para intentar contener la escalada de precios. «Lejos de contener el fuego, lo estamos acrecentando con más combustible», deja entrever el mensaje.
La subida de impuestos y el posible impacto
La gran preocupación es que la subida de impuestos a las grandes compañías y a medianas empresas repercute directa e indirectamente en los pequeños negocios y en los consumidores estadounidenses, el último eslabón de la cadena. Al final, el costo de mayores impuestos se dirige siempre hacia abajo.
Especialistas del Comité Conjunto sobre Impuestos dijeron que una corporación con una factura impositiva más alta podría trasladar los costos adicionales a los empleados. Por consiguiente, aquellos con ingresos inferiores a 200.000 dólares al año pagarían casi $17.000 millones en impuestos adicionales combinados en 2023.
El propósito de los demócratas, aunque lo intenten encubrir de todas las formas posibles, es como quería Biden en un principio con su plan de 3,5 billones de dólares entre infraestructura y gastos sociales: subir los impuestos desde la clase más alta hasta la más baja.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CB0, por sus siglas en inglés) y la Escuela Wharton, de la Universidad de Pennsylvania consideran que la nueva ley de la Casa Blanca lejos de mejorar el panorama inflacionario, lo empeoraría. Así lo explicó en uno de sus artículos para DIARIO LAS AMERICAS el experimentado economista Rafael Marrero.
La CBO estima que tendría un “efecto insignificante en la inflación” y en 2023 sólo la cambiaría entre 0,1 puntos porcentuales por debajo y 0,1 puntos porcentuales por encima de lo que es actualmente».
En una reciente encuesta, que investigó el posible impacto de la ley, el 63% dijo que es probable que, si la mitad de la carga fiscal recae en la industria manufacturera, eso empeore los problemas de la cadena de suministros».
Parte del dinero de la ley se utilizará para contratar un ejército de 86.000 empleados adicionales del Servicio de Rentas Internas (IRS).
Ya se conoce -desde mediados del 2021- que una de las premisas del gobierno de Biden es el control del dinero de los contribuyentes para favorecer la política demócrata de derroche de fondos federales y subsidios en planes a largo plazo en sectores improductivos.
Como experiencia del incremento de la burocracia y la ineficiencia, durante décadas sobran ejemplos de departamentos gubernamentales, entre ellos el de Inmigración, que en los últimos 20 años ha subido en varias ocasiones los precios de sus servicios para la contratación de agentes y agilizar los trámites migratorios, pero los resultados han demostrado lo opuesto.
Los verdaderos propósitos de la ley
La administración Biden ha desembolsado con destino a Ucrania casi la misma cantidad que empleará en el sector de salud estadounidense ($64.000 millones), como parte de los fondos incluidos en la llamada Ley de Reducción de la Inflación.
Entre los verdaderos y principales propósitos de esta ley figura el de «alejar a los consumidores y a la industria estadounidenses de los combustibles fósiles (petroleo y sus derivados, gas, carbón). Por eso, la mayor parte de la financiación se destinaría a créditos fiscales, incentivos y subsidios para las denominadas tecnologías renovables: paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, supuesta eficiencia energética, vehículos eléctricos y estaciones de recarga.
Un estudio de la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, advierte que la “ley podría hacer exactamente lo contrario de lo que sugiere su nombre hasta 2024».
Luego de analizar detalladamente los gastos propuestos, Wharton estima que “la nueva ley demócrata podría aumentar la inflación un 0,05% en los próximos dos años antes de una caída marginal de 0,25%, lo cual la hace ineficaz”, como cita Marrero en su artículo.
«Está muy claro que los actuales fracasos económicos de los demócratas son causados por las políticas destructivas subyacentes que promueven. Los republicanos deberían exponer claramente el lenguaje consistentemente deshonesto y hipócrita que usan los demócratas para tratar de engañar a los estadounidenses», destacó un reporte de la revista Newsweek y expuesto por Marrero en su análisis.
La gran sorpresa de Biden para accionistas e inversores
La gran sorpresa de la engañosa Ley de Reducción de la Inflación se descubrió tras ser aprobada y fue introducida dentro de la legislación en [absoluto silencio y discreción]: un impuesto a la recompra de acciones, una herramienta que las empresas consideraban intocable.
Los viejos senadores demócratas Manchin y Schummer se valieron de su vasta experiencia en artimañas legislativas para colar dentro del paquete esta “bomba” contra inversores y accionistas.
Las firmas deberán pagar un nuevo impuesto de un 1% sobre la compra de sus propias acciones, lo que en la práctica representa un castigo para una maniobra que las compañías han utilizado desde hace mucho tiempo para generar ganancias a sus accionistas y hacer subir el valor de sus cotizaciones.
Las “recompras” se dispararon en los últimos años y se calcula que en el 2022 llegarían al billón (trillion) de dólares.
Para los inversionistas, incluidos los fondos de pensiones y jubilaciones, son muy importantes las recompras. Para los detractores de ese mecanismo, como los senadores de extrema izquierda Elizabeth Warren y Bernie Sanders, es una “manipulación de papeles” para enriquecer a los altos ejecutivos y a los grandes accionistas.
El efecto
Expertos dudan que el impuesto, que según los demócratas pudiera darle 74.000 millones de dólares al gobierno en 10 años, tenga el impacto que se pronostica. Dicen que las firmas tienen diversas formas de beneficiar a sus accionistas y casi seguro apelarían a ella, con resultados imprevisibles para la economía.
Las grandes empresas del índice S&P 500 compraron una cantidad récord de sus propias acciones el año pasado e invirtieron 882.000 millones de dólares. Esas compras totalizaron 984.000 millones de dólares en los 12 meses de abril a marzo, otro récord.
Entre los que más apelaron a este recurso figuran las grandes tecnológicas como Apple, Meta (la casa matriz de Facebook) y Alphabet (Google).
Las firmas han seguido comprando sus propias acciones a pesar de la creciente inflación, las tasas de interés cada vez más altas y ante el freno del crecimiento económico. Lo anterior ha contribuido de forma decisiva a mantener la confianza de los inversionistas extranjeros, un relativo equilibrio bursátil en medio de la peor inflación en 50 años y sostener el valor de las acciones empresariales junto a la fortaleza del dólar.
Jesse Fried, profesor de la Harvard Law School, especializado en el manejo de empresas, sostiene que el impuesto “no hará subir los salarios a los empleados como se especula”. E invertir en la firma tampoco sería una opción, porque “existe demasiada inversión y no hay indicios de que las compañías tengan en mente grandes proyectos frente a la incertidumbre económica”.
Fried afirma que la mayor parte del dinero que no sea usado en recompras terminará agrandando las reservas de 8 billones (trillions) de dólares que tienen actualmente las empresas.
El nuevo impuesto será calculado en base a la cantidad neta de recompras por parte de una compañía, es decir, el total de las recompras menos las acciones emitidas durante el año.
El nuevo impuesto entra en vigor el 1ro de enero y hasta entonces las firmas podrán adquirir acciones libres de impuestos. Esto podría generar una lluvia de recompras en los próximos meses.
Mientras, la administración Biden se enfrenta a una lluvia, pero de desaciertos y críticas por su ineficaz gestión en la Oficina Oval y demasiados obstáculos que vencer antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Fuente: Diario Las Américas