El reporte indica que los países no necesariamente enfrentarían prohibiciones generales para viajar a territorio estadounidense, pero podrían tener restricciones sobre tipos específicos de visas, tal como de negocios o turismo, según dijeron funcionarios del gobierno conocedores del tema.
También, a algunos de los países de la lista del BAN se les podría prohibir participar en el programa de visas de diversidad (DV), conocido popularmente como Lotería de Visas, que cada año sortea 50,000 residencias permanentes ( green cards) y participan unos 12 millones de personas de todo el mundo.
Los funcionarios citados por el diario indicaron que la lista no es definitiva. Hasta el martes la Casa Blanca todavía estaba debatiendo qué países serán afectados por la modificación de BAN.
Fallo clave
En junio del 2018 la Corte Suprema con una votación 5-4 resolvió una demanda encabezada por el estado de Hawaii, que cuestionó el veto migratorio de Trump, que en una tercera versión implementada en diciembre de 2017 restringió la entrada al país de ciudadanos procedentes de Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen, además de Corea del Norte y funcionarios del gobierno de Maduro en Venezuela.
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Tras el dictamen, demócratas, críticos y grupos contrarios a la política migratoria de Trump dijeron sentirse “decepcionados”.
«El peligroso fallo del Tribunal Supremo socava nuestros valores, nuestra seguridad y nuestra Constitución”, dijo en esa ocasión la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. “No importa cuántas veces el presidente reescriba su prohibición musulmana antiestadounidense, eso no cambiará el hecho de que esta injusticia histórica es inmoral y peligrosa”, agregó.
La dirigente dijo además que “la cruel prohibición del presidente Trump debilita nuestra lucha contra el terror y ofrece a nuestros enemigos una nueva y poderosa herramienta de reclutamiento, haciendo que Estados Unidos sea menos seguro”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que el fallo del máximo tribunal de justicia “pasará a la historia como uno de los grandes fracasos de la Corte Suprema”.
Batalla política/legal
La batalla de Trump por prohibir la entrada de musulmanes comenzó en 2016 cuando una pareja perpetró un atentado en San Bernardino, California y el mandatario, en ese tiempo candidato a la presidencia, aprovechó la ocasión para prometer un «bloqueo completo y total» a la entrada de musulmanes a Estados Unidos con el fin de detener el terrorismo yihadista.
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«Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana», afirmó Trump en aquel entonces.
Una semana después de instalado en la Casa Blanca, Trump firmó la orden ejecutiva titulada «Protegiendo a la Nación de la Entrada de Terroristas Extranjeros». El decreto entró de inmediato en vigencia desatando el caos en puntos de salida en los países afectados y en puertos de entrada en EEUU debido a que familias enteras no pudieron embarcar sus vuelos hacia Estados Unidos, ni entrar al país aquellos que venían en camino.
También se registraron manifestaciones masivas en los aeropuertos y abogados, junto con activistas de derechos civiles, acamparon en los puertos de entrada aéreos y terrestres para asesorar y representar a aquellos que eran retenidos en aduanas y no se les permitía el ingreso a Estados Unidos, algunos de ellos incluso residentes legales permanentes.
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El veto de Trump fue frenado por una corte días después de entrar en vigor, a principios de febrero. Como resultado de esa orden ejecutiva, 700 viajeros fueron detenidos en los aeropuertos y 60,000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado (DOS).
Un mes después, el 6 de marzo, Trump firmó una segunda orden ejecutiva (llamada versión 2.0 del veto). Su gobierno aseguró entonces que el decreto había sido revisado sustancialmente para que se ajustara a la ley, y eliminó una exención que afectaba a las minorías religiosas de los países incluidos en la lista de países cuyos ciudadanos no podían ingresar a Estados Unidos.
La segunda versión del veto fijaba una restricción de 120 días para los refugiados y de 90 días para los nacionales de seis países (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor tras fallo del Tribunal Supremo, que permitió al gobierno restringir la entrada de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.
Fuente: Univisión
Fuente: Univisión