WASHINGTON – El presidente electo Donald Trump confirmó el lunes que está preparado para declarar una emergencia nacional y recurrir al ejército como parte de un esfuerzo de deportación masiva que su administración se dispone a poner en marcha el primer día, una de las principales promesas de su campaña.
Trump respondió a una publicación de Truth Social del presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, quien afirmó que Trump está supuestamente «preparado para declarar una emergencia nacional y utilizará medios militares para revertir la invasión de Biden mediante un programa de deportación masiva».
El presidente electo respondió al mensaje con un «¡Es verdad!».
Trump ha criticado a la administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris por las políticas de fronteras abiertas y que califica de «invasión» la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México.
Millones han entrado
Las autoridades de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registran el encuentro de un total de 10,825,387 de migrantes durante la administración Biden-Harris. A ellos se suman cerca de 2 millones de indocumentados que lograron evadir a las autoridades migratorias.
Se trataría de una cifra superior a los inmigrantes que han residido por años y décadas sin estatus legal en Estados Unidos al momento de llegar Biden y Harris a la Casa Blanca.
Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur en 2019 para destinar más dinero a la construcción de un muro fronterizo en medio de la inacción del Congreso al respecto. Los medios militares se han utilizado de diversas formas en relación con la seguridad fronteriza, por ejemplo en Texas. Sin embargo, no está claro cómo se utilizarían en relación con las deportaciones.
El republicano ha afirmado que es necesaria la deportación cuyo foco principal serían las personas con antecedentes criminales. El tema migratorio fue una piedra angular de la campaña de Trump para 2024, y sus altos cargos han repetido esa promesa desde que fue elegido este mes, debido a la inmigración sin presidentes durante la administración demócrata.
También ha prometido invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de Estados Unidos a miembros de bandas, narcotraficantes y miembros de cárteles, con la ayuda de múltiples agencias gubernamentales, que han logrado entrar al país debido a las políticas flexibles de Biden y Harris.
Otras de las opciones la guardia nacional, un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado que puede ser convocado para la protección del país en caso de conflicto o desastre.
En abril Trump declaró que esta fuerza «debería ser capaz» de hacerse cargo de las deportaciones.
«Si no es así, utilizaría el ejército», es decir, las tropas federales, declaró a Time.
Deportaciones, nada nuevo
La deportación de migrantes no es nada nuevo en Estados Unidos. La administración del demócrata Barack Obama, es la que màs inmigrantes expulsó con casi 3 millones de deportaciones, màs del 40 por ciento sin antecedentes criminales, lo que es considerado su principal legado en materia migratoria.
Según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington, la administración del demócrata Biden llevó a cabo más expulsiones de migrantes en situación irregular que la de Trump en el primer mandato.
«Combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes sin permiso a Estados Unidos, las casi 4,4 millones de repatriaciones del gobierno de Biden son ya más que cualquier mandato presidencial desde el gobierno de (el republicano) George W. Bush», que alcanzó 5 millones en su segundo mandato, según señaló a finales de junio ese instituto.
El republicano tiene previsto llegar mucho más lejos y, aunque se desconocen los detalles de sus planes, ha dado pinceladas.
Otras acciones
Además de la promesa de invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, Trump prevé sellar la frontera con México, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes.
Intentará resucitar el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, prohibir las ciudades santuario, que los protegen de la expulsión, y suprimirles «todos los beneficios federales y de asistencia social».
Trump quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.
Anteriormente Trump dijo que está dispuesto a desplazar tropas a la frontera sur y a utilizar a la Marina para imponer un «bloqueo de fentanilo» en aguas estadounidenses.
Como consecuencia, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.
Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.
Un estudio publicado en octubre por la ONG American Immigration Council evalúa el costo global en 88.000 millones de dólares por año, es decir, 967.900 millones en más de una década.
Sin embargo, la nueva administración que asumirá el 20 de enero, se muestra a favor de la migración legal.
Tres halcones
Desde su victoria contundente en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Trump ha dado pasos encaminados a cumplir sus promesas sobre migración.
Se apresuró a nombrar Tom Homan como «zar de la frontera». No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración (ICE) pero el nombre del cargo habla por sí solo.
El presidente electo nombró otros dos halcones: Kristi Noem a la cabeza del departamento de Seguridad Interior, encargado de la protección de aduanas y fronteras y de la gestión de la migración, y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Pero los planes de Trump podrían tropezar con los tribunales.
No sería la primera vez. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos junto a sus padres. Los tribunales se lo impidieron. Se espera que los demócratas y activistas transmigración indocumentada acudan a las cortes para entorpecer el plan de la nueva administración.
Mientras, miles de inmigrantes ingresan a diario a Estados Unidos, según los reportes de la Federación para la Reforma de la Inmigración (FAIR), una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos que promueve la inmigración legal.