Alfredo Chirinos, ex gerente de la petrolera venezolana PDVSA, fue liberado esta semana tras pasar dos años en la cárcel, durante los cuales fue víctima de torturas por parte del régimen de Maduro.
Chirinos, arrestado en febrero de 2020 y condenado en 2021 a cinco años de cárcel por filtrar información “confidencial” a Estados Unidos, denunció haber sufrido estas agresiones por parte de los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “A mi me quemaron la cara, me reventaron las costillas a patadas”, aseguró.
Según sostuvo el ex empleado en una entrevista brindada a Vladimir Villegas en los últimos días, este ensañamiento y su previa detención se dieron a raíz de su denuncia de “corrupción” al interior de Petróleos de Venezuela, efectuada con la entonces gerente Aryenis Torrealba -también fue encarcelada y liberada-.
Las declaraciones de Chirinos se dan en un momento crítico en Venezuela ya que el dictador Maduro inició una purga al interior del Gobierno que ya ha dejado 51 detenidos, 34 de ellos vinculados a tramas de corrupción, según informó el fiscal general Tarek William Saab.
Es en este contexto que el ex recluso explicó los miedos que sienten los empleados a la hora de denunciar estos actos ilícitos que, en muchas oportunidades, los llevan a la inacción. “Hay gente que juzga: ‘¿cómo es que los trabajadores de PDVSA no denunciaron la corrupción?’ Pero ¿cómo van a denunciar si dos que la denunciaron en 2020 terminaron presos y torturados en las celdas de la DGCIM?”, argumentó.
Si bien un vasto sector de los venezolanos sostiene su inocencia -inclusive grupos de activistas vinculados al chavismo han defendido sus denuncias- el fiscal Saab mantiene firme la acusación por el delito de “divulgación, reserva o suministro de información” que derivó de su fuga de “información sensible y confidencial de la industria petrolera” y trajo ”la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos”.
Así, negó que su liberación se tratara de un reconocimiento de su inocencia y, por el contrario, argumentó que se trató de un “cumplimiento de pena”. En ese sentido, el tribunal a cargo del caso explicó que se trata de un beneficio al que pueden acceder quienes hayan sido condenados a cinco años o menos tras las rejas y que no hubieran cometido delitos anteriores, además de presentar buena conducta.
“Es falso que la libertad que obtuvieron es por ser inocentes. En el Ministerio Público no reposa documento alguno presentado por Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba por hechos de corrupción presuntamente denunciados por ellos”, agregó en tanto Saab.
La purga chavista de Nicolás Maduro
Semanas atrás, el dictador venezolano comenzó con su arremetida en contra de figuras de poder en el país -ya sea al interior del Gobierno o en empresas por fuera- con el objetivo de suprimir la disidencia y lograr un mayor control.
Uno de sus principales objetivos es, casualmente, PDVSA, clave en el engranaje de corrupción que gira en torno a los vastos negocios petroleros del régimen con sus aliados.
Semanas atrás, Maduro anunció que limpiará “plenamente” la compañía de las mafias corruptas, basándose en “medidas draconianas” y con una “reestructuración al más alto nivel”.
“En el caso de Pdvsa y estas mafias (…) que estamos golpeando en todos sus mecanismos, vamos nosotros, ustedes lo van a ver, vamos nosotros a limpiar plenamente Pdvsa de todos estos mecanismos, de todas estas barbaridades, de toda esta gente que roba el dinero al pueblo, con medidas draconianas, de reestructuración al más alto nivel”, sostuvo el líder chavista.
Para ello, aseguró haber “conducido personalmente” una serie de investigaciones que le permitieron “desmembrar” a las “mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores”.
De todas formas, la purga no se ha limitado a la estatal. La víspera, Maduro avanzó con la detención de Hugo Cabezas, quien supo ser ministro del Despacho de la Presidencia en 2007 y gobernador del estado de Trujillo entre 2008 y 2012, todas épocas en las que el país estuvo conducido por el propio Maduro o por su antecesor, Hugo Chávez.
Según informó la policía anticorrupción, se le acusa de presunta vinculación con las tramas de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos.