MARÍA ALEJANDRA ARISTIGUIETA,
El viernes 20 de septiembre escuchamos al grupo de expertos internacionales independientes que conforman la Misión de Determinación de Hechos de la ONU rendir su quinto informe ante los delegados del Consejo de DDHH.
El informe se circunscribe al mandato que recibieron en el 2019 y que ha continuado siendo su foco de atención desde entonces, es decir, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones ilegales. Desde ese mandato, el informe describe un número reducido de casos, pues se trata de una muestra de un universo mucho más amplio, que les permite concluir, de acuerdo con los estándares internacionales fijados por la metodología de la ONU, que hay un patrón sistemático y generalizado ya identificado en anteriores informes, pero que en esta oportunidad se ha intensificado, y que se trata de una conducta clara y deliberada para aplastar a las personas de la oposición o percibidas como tales. En palabras de la presidente de la Misión Independiente, se trata de “un plan diseñado y ejecutado a través de distintas modalidades de represión, que ha sido reactivado” para reducir al silencio a la oposición, lo cual, según los propios expertos han explicado, constituye un crimen de lesa humanidad fundamentado en persecución por motivos políticos según se desprende del Estatuto de Roma.
A la pregunta de por qué se ha intensificado, el grupo de expertos indica en su informe que el contexto político cambió sustancialmente, y que esta nueva ola, de una violencia sin precedentes, ocurre justo en el período preelectoral y postelectoral.
Algunas de los hallazgos de la investigación incluyen cosas que para la sociedad venezolana son ya muy conocidos, pero que por la constante narrativa de guerra y la desinstitucionalización a la que ha estado sometida, olvida o no se percata de que no son conductas normales y que están fuera de la ley. Por ejemplo, la operación tuntún, instigada y promovida directamente desde el poder y cuyo esquema de acción es la persecución selectiva, el apresamiento sin orden de captura sin evidencias o con evidencias sembradas, sin presentación ante tribunales, sin abogados, con defensores públicos impuestos y que no defienden, sin derecho a que la víctima contacte a su familia, y con existencia de torturas, y de violencia sexual basada en género. Esta operación en particular fue dirigida a hombres jóvenes provenientes de clases populares y fue documentada con detalles proporcionados por las propias víctimas, sus abogados o familiares.
Sin embargo, en el universo de más de dos mil presos políticos, los expertos encontraron particularmente atroz aquellos actos que involucraron niños y adolescentes, quienes fueron aislados, impedidos de hablar con sus familiares, y que sufrieron tocamientos y otros tipos de violencia psíquica o sexual.
Los expertos contabilizaron un promedio de tres detenciones por semana durante cuatro meses, en particular a miembros del partido político de María Corina Machado, Vente Venezuela, lo cual creó un ambiente de hostigamiento hacia la sociedad en pleno, al verse sometido a este tipo de tortura blanca.
También contabilizaron 121 detenciones a personas cuyo “delito” fue prestar un servicio a la oposición, como vender comida, proporcionar equipos de sonido, transporte, hospedaje o cualquier otro servicio por el estilo, lo cual sirvió de excusa para la comisión de estos crímenes calificados de lesa humanidad por persecución, y de los que fuimos testigos durante la campaña.
Los expertos aseveran que la situación, ya crítica a lo largo del período preelectoral, alcanzó su nivel más alto tras el anuncio de los resultados que la población consideró inexactos, y por lo que se lanzó a protestar su inconformidad de manera pacífica. Se registraron 915 protestas respondidas de manera brutal, y se cometieron violaciones graves de los DDHH, incluyendo 25 asesinatos.
Ante este panorama, los cómplices de siempre en el Consejo de DDHH, apelaron a distintas fórmulas para descalificar el trabajo de la Misión. Quizás el más vehemente haya sido Cuba, que calificaba este informe como una injuria frente a la democracia robusta que es la Venezuela de Maduro.
La respuesta proporcionada por una de las expertas me ha servido de inspiración todos estos días, porque nos regresa a la verdad.
Decía ella que, una democracia robusta no encarcela niños y adolescentes, ni los mantiene más de cincuenta días sin asistencia legal ni presencia de sus familiares. Una democracia robusta no cierra emisoras de radio, ni persigue a periodistas, ni interviene partidos políticos inhabilitando sus candidatos; no realiza audiencia en mitad de la noche a escondidas, por video conferencia y sin abogados defensores; no persigue a los ciudadanos por causa de su identidad política.
Efectivamente, una democracia robusta, no desconoce la voluntad soberana de siete millones de votantes, ni amenaza y persigue al Presidente Electo, hasta lograr su exilio forzado.
Si la Venezuela de Maduro fuese una democracia robusta, habría que añadir, tampoco sería necesario apelar a la conciencia internacional para que sean la voz de la sociedad civil que ahogan con leyes draconianas y represalias, o de las víctimas a las que se les hace cada vez más difícil defenderse y salvarse de la arbitrariedad, o de la oposición política cada vez más diezmada.
Los expertos, a lo largo de sus distintas intervenciones de la semana pasada, pidieron a la comunidad internacional que abran sus puertas a quienes necesitan refugio en tierras de la “democracia robusta”, instaron a los países a actuar con sentido de urgencia para proteger a la población venezolana a merced de la “democracia robusta” , así como a ocuparse de sus binacionales presos.
Y es que, pedirle a los Estados parte de la ONU que no bajen la vigilancia, que no claudiquen, exhortarlos a que no dejen que la frustración se traduzca en adormecimiento, son frases que se utilizan cuando la mentira de la “democracia robusta” quiere anular y disfrazar la verdad del triunfo electoral que todos conocemos y del castigo por tal hazaña que ahora estamos padeciendo.