La Corte Penal Internacional de La Haya parece haberse puesto de moda en varios rincones de América Latina. No solo el gobierno de Nicolás Maduro es blanco de acusaciones. Mientras la fiscalía de la CPI espera terminar pronto la evaluación de los documentos presentados para avalarlas, ya se están preparando medidas contra otros líderes: en Bolivia el gobierno interino quiere presentar una demanda contra el expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, y, en Chile, el Partido Comunista ha anunciado la intención de presentar una denuncia contra el presidente Sebastián Piñera, por la responsabilidad política que le atribuye en las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallidos social.
El gobierno chileno aseguró, por boca del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tener «instituciones, tribunales, fiscalías que están investigando y van a ir abordando cada uno de los casos que se han conocido en el país en materia de abuso o atropello policiales”. Y hasta ahora goza de crédito en el exterior. «Chile tiene en estos momentos una cantidad de problemas sociales y políticos, pero, si se lo compara con otros países de América Latina, yo todavía sostendría que el Estado de derecho se respeta”, afirma en conversación con DW Harald Fuhr, profesor de Política Internacional de la Universidad de Potsdam.
El caso venezolano
El académico aboga por agotar las vías legales y judiciales en el país para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por uniformados en el marco de la represión del estallido social, documentadas en informes de diferentes organismos, como la ONU y Amnistía Internacional. «Yo abogaría por no precipitarse, y permitir que las investigaciones se lleven a cabo”, sostiene Fuhr. Lo mismo se aplica, a su juicio, para Bolivia. «Solo cuando en un sistema no impera el Estado de derecho, como en Venezuela o en otros países, por ejemplo, del África Subsahariana, entonces se plantea la posibilidad de recurrir a la Corte Penal Internacional”, subraya.
Roberto Briceño León, director del «Observatorio Venezolano de Violencia”, argumenta que la CPI tiene bastantes elementos para hacerse cargo de las denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro. «En el año 2019 estimamos un número de más de 5.000 personas muertas a manos de la Policía, bajo el criterio de haberse resistido a la autoridad”, dice el sociólogo venezolano. Habla de «las amenazas continuas a los familiares y a los vecinos si presentan una denuncia”, y afirma que solo en muy contadas ocasiones han sido detenidos funcionarios policiales «y en esos casos, se ha podido identificar más claramente una actuación individual”, no grupal o política.
Un elemento determinante a la hora de evaluar responsabilidades políticas por los atropellos policiales, es si hubo de parte del gobierno una respuesta de condena o de apoyo. A diferencia de lo ocurrido en Venezuela, «lo que he podido observar es que por parte de las autoridades políticas de Chile ha habido un distanciamiento y una condena frente a eso”, indica Briceño.
Presión política
Otro argumento esgrimido contra la posibilidad de que el presidente chileno termine en el banquillo de los acusados en La Haya es que, para ello, tendría que haber una política de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y eso es algo que no solo el Gobierno refuta, sino también abogados como Francisco Cox, quien dijo al diaro La Tercera no creer que Piñera tenga «responsabilidad penal internacional».
Harald Fuhr atribuye algo de «politiquería” al anuncio de los comunistas: «Es naturalmente el intento de poner bajo presión al gobierno, y quizás eso esté bien, pero por lo pronto me atendría a formular las demandas correspondientes ante los tribunales nacionales”.
El académico de Potsdam confía en el Estado de derecho chileno. No hacerlo sería, a su juicio, «una declaración de bancarrota”. Fuhr aventura incluso que quizá la crisis que atraviesa Chile tenga algo positivo, porque precisamente pone a prueba ese Estado de derecho. «Ahora debe demostrar que funciona”, subraya. Si no lo hace, el país tendrá en efecto «un problema serio” y habría que pensar en los siguientes pasos. Por el momento, recomienda calma y «no seguir politizando el asunto”.
Fuente: Dw
Una prueba para el Estado de derecho en Chile
