CARACAS.- La Unión Europea (UE) prorrogó hasta noviembre de 2023 las sanciones individuales contra 17 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por las acciones que han llevado al «menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos» en Venezuela.
La lista de sancionados la integran Remigio Ceballos Ichaso, ministro Interior y Justicia de Venezuela; Tibisay Lucena, ministra de Educación Universitaria y expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira; Maikel Moreno, magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Alexis Escalona, Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ondoft); Gladys Requena, Inspectora General de Tribunales; Omar Fernández, exgobernador del estado Zulia; Lourdes Suárez, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ; René Degravez, magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ; Arcadio Rosales, exmagistrado y exvicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ, y Carmen Zuleta, exmagistrada de la Sala Constitucional del TSJ.
Asimismo, Indira Alzonzo, exmagistrada de la Sala Constitucional del TSJ; Leonardo Morales, exvicepresidente del CNE; Tania D’Amelio, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ; Jesús Vásquez, presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar; Manuel Pérez, exviceministro de Relaciones Interiores y Justicia y Juan Mendoza, exvicepresidente segundo del TSJ.
El ministro de Exteriores del régimen de Maduro, Carlos Faría, expresó su rechazo ante el hecho de que esta prórroga fuera anunciada el mismo día que el presidente francés, Emmanuel Macron, «manifestara públicamente su voluntad de apoyar las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición».
Fue en 2017 cuando la UE anunció las primeras sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, luego de tres meses de protestas ciudadanas que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad subordinados al régimen y en las que murieron decenas de personas.
La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal a Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en noviembre de 2021.