El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó este miércoles que fue inscrito como preso y acusó a la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC) de su puesta en arresto domiciliario, una decisión tomada «sin pruebas».
«Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados», señaló el exmandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.
«Sin pruebas, sólo inferencias. Me Interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia», escribió el expresidente de Colombia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ordenó el 4 de agosto poner bajo arresto domiciliario a Uribe en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.
De hecho, el citado proceso comenzó cuando el ahora senador inició uno contra el legislador izquierdista Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal afirmara no haber encontrado responsabilidad contra Cepeda.
La Corte Suprema tomó su decisión contra el exmandatario colombiano en base a los «testimonios» de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles que acusan a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos paramilitares y que su «testimonio» no fue producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que se desmovilizó durante su Gobierno.
Los llamados paramilitares de derecha fueron grupos armados que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización vinculada con el narcotráfico.
La decisión de la Corte Suprema ha sido cuestionada en un país donde la cúpula de la FARC permanece libre y con cargos legislativos sin haber sido electos como premio otorgado por el gobierno de Juan Manuel Santos, para lograr la desmovilización de las FARC. Los crímenes comentidos por la guerrilla permanecen en la impunidad.
Fuente: Diario las Américas
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ordenó el 4 de agosto poner bajo arresto domiciliario a Uribe en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.
De hecho, el citado proceso comenzó cuando el ahora senador inició uno contra el legislador izquierdista Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal afirmara no haber encontrado responsabilidad contra Cepeda.
La Corte Suprema tomó su decisión contra el exmandatario colombiano en base a los «testimonios» de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles que acusan a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos paramilitares y que su «testimonio» no fue producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que se desmovilizó durante su Gobierno.
Los llamados paramilitares de derecha fueron grupos armados que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización vinculada con el narcotráfico.
La decisión de la Corte Suprema ha sido cuestionada en un país donde la cúpula de la FARC permanece libre y con cargos legislativos sin haber sido electos como premio otorgado por el gobierno de Juan Manuel Santos, para lograr la desmovilización de las FARC. Los crímenes comentidos por la guerrilla permanecen en la impunidad.
Fuente: Diario las Américas