La mala noticia es la caída, estrepitosa. La buena es que el dato es del segundo trimestre del año y que ya pasó lo peor, porque ya hubo una recuperación rápida. Y se agrega el consuelo de que la recesión es generalizada y ajena a factores locales, sino impuesta por una pandemia que sacude el planeta.
La noticia es que el PBI de Uruguay cayó 9% en abril-junio respecto al trimestre inmediato anterior en términos desestacionalizados, y aquí la ven atenuada porque es una tasa menor que la de otros países. La medición similar dio -16,8% para Argentina, -9,7% para Brasil, -13,2% en Chile, -9,1% en Estados Unidos, -18,5% en España y -12,8% en Italia, por citar algunos casos.
En la medición interanual, la caída del nivel de actividad económica en Uruguay llegó al 10,6% y es de una magnitud sin precedentes en la historia del país. El dato más fuerte de los últimos tiempos se había producido el año de la triple crisis financiera (bancaria, cambiaria y de deuda), cuando el PBI del tercer trimestre de 2002 cayó 5,9% y Uruguay se sentía al borde de un abismo.
A fines de 2003 el país selló un acuerdo de renegociación de su deuda pública muy elogiado en los mercados internacionales y comenzó un período de crecimiento que se extendió hasta ahora.
La segunda presidencia de Tabaré Vázquez (2015-2020) comenzó con problemas y reproches internos a la herencia fiscal de José «Pepe» Mujica: el PBI siguió mostrando tasas positivas, pero muy bajas, y el empleo comenzó a caer cada año.
Para este año se esperaba un nuevo aumento del PBI (del 2%), lo que hubiera llevado a 17 años seguidos de crecimiento. Pero tras la pandemia, se invirtieron los pronósticos a una caída anual de 3,5%.
Los indicadores de anticipo muestran que la curva ya pegó la vuelta y que mejoró la producción de la industria, el comercio, el agro, la construcción y otros servicios, aunque eso no implique volver al nivel precrisis. Pero todo confluye en que Uruguay tuvo un menor impacto negativo que otros países y que además logró salir del pozo antes que otros.
El Índice Líder (medidor de anticipo sobre el nivel de actividad) que elabora el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) dio una suba en julio y agosto y reflejó un cambio de tendencia.
Igual que Vázquez se quejó del déficit fiscal que dejó Mujica, ahora el presidente Luis Lacalle Pou se queja de la herencia de su antecesor. Al terminar el mandato de Tabaré Vázquez, en febrero, el déficit ascendía a 5% del PBI y la deuda crecía, por lo que las calificadoras de riesgo advertían que era necesario una corrección fuerte y una reforma previsional en paralelo.
Lacalle Pou llegó al gobierno con un plan de baja de gastos para corregir esos desvíos, pero la emergencia sanitaria obligó a aumentar el gasto social y derivó en una baja de recaudación de impuestos, por lo que el déficit sigue en alza.
El ajuste se postergó para 2021, y mientras la oposición critica al gobierno por esas medidas y su posible efecto recesivo, Lacalle Pou impulsa medidas pro inversión para generar negocios que reactiven el empleo: el desempleo subió hasta 10,6% y se estima que cuando terminen algunos subsidios temporales puede quedar más alto.
La semana pasada un trabajo del Ceres estableció que antes de la pandemia la pobreza por ingresos ascendía a.l 15% de la población.
En tanto, la inflación sigue alta, pero moderándose (9,8% anual), con un dólar estable en $42,5 y un nivel de competitividad que no es buena para la exportación.
Uno de los datos que más contrasta con la economía al otro lado del Río de la Plata es el nivel de reservas del Banco Central. El de Uruguay tuvo un aumento de US$2000 millones en los últimos meses, y al viernes pasado las reservas totales eran de US$16.508 millones, mientras que los activos de reserva sin contrapartidas (equivalentes a reservas de libre disponibilidad) estaban en US$7098 millones, un nivel similar al de Argentina.
Para 2021, gobierno y analistas privados coinciden en proyectar un crecimiento de cerca de 4%, lo que de concretarse mostraría que Uruguay logró acotar el impacto del coronavirus.
Fuente: La Nación