CARACAS.- En Venezuela hay 288 presos políticos, es decir, personas encarceladas por oponerse de alguna forma al régimen de Nicolás Maduro. Unos 133 son civiles y 155 militares. Y el 40% de estos han sido condenados a estar detenidos arbitrariamente, sin juicio ni condena, en franca violación a leyes y parámetros nacionales e internacionales.
Este es el más reciente reporte de la ONG Foro Penal, que registra desde 2014 las detenciones por motivos políticos en el país. Pero hay más: por lo menos 50 presos del total cuantificado, presenta un estado de salud “muy comprometido” y se les niega la atención médica.
“La situación de los presos políticos es muy grave”, advierte Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, al revisar el reporte para DIARIO LAS AMÉRICAS. De los 288 encarcelados en varios recintos del país, 162 de los presos están detenidos sin condena. Y de estos, 113 llevan más de tres años sin detención preventiva y encarnan la ilegalidad y la justicia “politizada” del país.
“Es una sanción anticipada que demuestra que no se respetan los principios penales fundamentales, como la presunción de inocencia, consagrado en la Constitución vigente. Además, el artículo 44 constitucional establece claramente que en principio y salvo casos muy excepcionales, estos casos deben ser juzgados en libertad”, apunta Himiob.
Señaló que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que rige los procesos y procedimientos penales, establece que la detención preventiva no puede durar más de dos años, prorrogables por un año más, en circunstancias excepcionales.
De lo contrario, la detención preventiva se convierte en “un castigo de pena anticipada, de facto”.
El abogado del Foro Penal dijo que ante esta situación, presentaron ante los tribunales solicitudes del decaimiento de la medida de todos los casos, es decir, que se les siga el proceso penal en libertad. Es lo que procedería cuando se vence el plazo de detención preventiva y el proceso no avanza, de acuerdo con marco legal.
Pero no lograron respuesta en ningún caso.
“En todas las solicitudes ha pasado una de dos cosas: o no responden la solicitud o la niegan con argumentos que nada tienen que ver con el Código Procesal”.
Para Himiob, el punto medular es que no hay disposición de los tribunales de cumplir con las normas. “Esto demuestra, como ya lo hemos denunciado, que la reforma del COPP de 2021 fue básicamente cosmética, para dar la impresión de que se iba a cumplir con los parámetros y estándares internacionales, pero lamentablemente no condujo a ningún cambio significativo ni material”.
Presos políticos sin salud
También la salud de los presos políticos es muy delicada.
“Estamos revisando los datos que tenemos, y por lo menos 50 de los 288 presos políticos tienen su salud muy comprometida, delicada”. Los tribunales ordenan, de vez en cuando, trasladarlos a Medicatura Forense, “pero no hay una atención médica contundente que alivie o haga cesar los graves cuadros de enfermedad”
Mencionó el caso de Ermilendris Benítez, una de las 20 mujeres presas por motivos políticos quien ya fue condenada, luego de ser implicada en el supuesto intento de magnicidio de Maduro, en 2018, y permanece en la cárcel femenina INOF. En la prisión perdió a su bebé y fue torturada en los sótanos de la Dgcim, según afirmaron entonces sus hermanas.
“Está en silla de ruedas porque no puede caminar y no ha recibido tratamiento médico”, refirió el abogado.
Citó también el caso de Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos del estado Táchira que fue detenido hace tres años, luego de denunciar incursiones de la FARC en el estado, y no ha sido condenado. “Tiene que tomar 19 tipos de pastillas todos los días, debido a sus dolencias, y no hay forma de que lo sometan a chequeo médico y le presten el debido tratamiento médico.
“Negarle a un preso un tratamiento médico necesario es equivalente a un trato cruel, inhumano y degradante, y viola de manera definitiva todas las reglas de tratamiento para las persons privadas de libertad, y todos los estándares internacionales. No podemos olvidar que la salud y la vida de una persona bajo custodia del Estado es responsabilidad directa del Estado”.
El Foro Penal está a la espera de pronunciamientos respectivos de organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Oficina de Detenciones Arbitrarias de la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado, a la Oficina para la Determinación de los Hechos y también a la CPI. Allí están reportados todos estos casos de presos políticos del país.