CARACAS.-En la Corte Penal Internacional, CPI, entre los días 7 y 8 de noviembre, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia pública e histórica para resolver una incidencia: la apelación del Estado venezolano contra la decisión previa de junio, de la Sala de Cuestiones Preliminares, de reanudar la investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Aunque la sesión fue de naturaleza procesal y no para considerar el fondo sobre la supuesta responsabilidad de funcionarios en esos crímenes, lo cual debe asumir el fiscal Karim Khan ante la CPI, la audiencia fue la primera de su tipo en ese organismo y mostró momentos clave para la investigación y consecución de justicia para las víctimas, afirman abogados especialistas en derechos humanos.
Al respecto, el abogado venezolano Fernando Fernández, especialista en el tema del Estatuto de Roma y profesor de derechos humanos, dijo:
“El representante del Estado admitió ante los jueces, que Venezuela no tiene legislación adecuada al Estatuto de Roma y, por tanto, no tiene la capacidad para enjuiciar ni investigar esos hechos. Y eso cambia en 180 grados lo que se decía anteriormente, de que sí se estaba investigando y se hacían las cosas bien”, señaló Fernando Fernández, profesor y especialista en el tema del Estatuto de Roma consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS para comprender la importancia e impacto de la audiencia para más de 9.000 víctimas de supuestos delitos de lesa humanidad y para el Estado venezolano.
Víctimas vs. crímenes de lesa humanidad
Pero, además, la audiencia acercó las víctimas a la justicia, resaltó Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, asociación civil que monitorea la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela. “Además de ser la primera en que las partes expusieron sus alegatos, es también la primera en donde las víctimas pudieron dirigirse y exponer sus alegatos cara a cara con jueces imparciales, y sin temor”.
La investigación de la Fiscalía ante la CPI inició en 2018 con la finalidad de comprobar si los funcionarios policiales y militares, que reprimieron duramente las protestas ciudadanas desde 2014 y que ocasionaron varios cientos de muertos y heridos, cometieron delitos de lesa humanidad, así como la responsabilidad de altos representantes del régimen de Nicolás Maduro en esos hechos.
La instancia comenzó a actuar a partir de denuncias de víctimas que buscaron obtener justicia en la instancia internacional, ante la inacción del Estado venezolano para investigar los hechos en su dimensión.
En noviembre de 2021, el fiscal Khan citó en un informe datos del Ministerio Público. Unos 23 casos de 893 abiertos por la Fiscalía, es decir 3%, terminaron con condena judicial en Venezuela. Decidió que debía seguir investigando y el Estado apeló.
Las partes en la audiencia de la CPI
En la audiencia, las partes argumentaron ante los tres jueces sus posiciones sobre si la CPI debe continuar investigando los crímenes cometidos con violencia y torturas, desde la brutal represión en manifestaciones en 2014.
Participaron por el Estado venezolano: el canciller Yván Eduardo Gil Pinto, designado en enero de 2023 luego de ser el encargado de negocios de Venezuela ante la Unión Europea; el jurista español Aitor Martínez Jiménez, profesor de la Universidad Nebrija, y el abogado británico Ben Emmerson.
Las víctimas, unas 2.600 de las casi 9000 registradas, estuvieron representadas por la abogada Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI.
Momentos clave
Fernández, en su balance, consideró que la audiencia celebrada por la Sala de Apelaciones tiene “varios grados de importancia por la forma, la oportunidad en que se hizo y por el fondo del tema a discutir”.
“Además de ser una audiencia pública de apelación, en inglés y español, con posibilidades de que la escuche el mundo entero en las redes, también es importante porque a una pregunta de la juez Socorro Flores Liera, el representante del Estado Martínez Jiménez admitió que Venezuela no tiene un procedimiento legal para crímenes como genocidio, lesa humanidad. En otras palabras, estamos en cero, y eso es un elemento indispensable para determinar si un Estado tiene la capacidad para enjuiciar e investigar hechos conforme al Estatuto de Roma”, puntualizó el abogado.
A ese testimonio de admisión “técnicamente irreprochable”, Fernández añadió que “el canciller, jefe del equipo del Estado, afirmó que en Venezuela no se habían cometido crímenes de lesa humanidad, y eso implica admitir que no se están investigando los hechos ni las personas ni las conductas que interesan a la CPI”.
En otro momento de la audiencia, el canciller Gil Pinto expresó: “hay un elefante en la Sala”, en referencia a la supuesta politización de la CPI, luego de escuchar los argumentos de la Defensora de las víctimas, mencionó Daniels. “Ella respondió que el verdadero elefante en la Sala era que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y recordamos el caso del estudiante John Álvarez, a quien dejaron ciego de un ojo a punta de torturas y cuyo caso sigue sin ser investigado, mientras en el Tribunal Supremo inaugura un grifo para llenar botellones de agua. Eso habla de cómo la sed de justicia en el país, por más que llenen botellones, sigue sin saciar”.
Las circunstancias dan la razón nuevamente al Fiscal Khan, coinciden los abogados.
El proceso y qué viene
Daniels explicó que un proceso ante la CPI tiene dos grandes etapas: la primera, donde se le interroga al Estado si son ciertos o no los delitos de lesa humanidad y en el caso de que así sea, conforme a las pruebas, si se han sido juzgados. “Esta es la etapa que está por terminar ahora cuando se dicte sentencia, y el Estado no ha demostrado que fueron juzgados, por lo que esperamos que la sentencia sea favorable a las víctimas en la medida en que se permita que el Fiscal pueda investigar”.
Al dictarse la sentencia, para lo cual se habla de un lapso menor de 100 días, dada la fundamentación del caso, se pasa a una segunda etapa, en la que el foco se pone en los supuestos perpetradores o victimarios, aunque el Estado puede intervenir, precisó el especialista. “En esta etapa, el fiscal habilitado para investigar puede presentar los casos con nombres y apellidos de víctimas y presuntos perpetradores. Entonces, se podrá llevar a juicio a estas personas, pero siempre de manera física, porque la CPI no hace juicios en ausencia. Eso será un tema de estrategia del fiscal”.
Lo cierto para ambos abogados es que la audiencia que acaba de culminar marca el futuro del proceso inédito en la CPI. “El punto controvertido es muy sencillo y es que las dos pruebas obtenidas en la propia audiencia contribuyen al argumento de la Fiscalía de la CPI de manera contundente; y es un mensaje esperanzador para las víctimas”.
El abogado explica que la decisión definitiva sería si se confirma o se niega la decisión. “Si se confirma, se mantiene el hecho de que la la Fiscalía de la CPI debe investigar, y si se niega, se entrega la jurisdicción completa al Estado venezolano. Esas son las únicas dos opciones posibles”.
Este es un tema procesal y aquí no se investiga a nadie todavía hasta que la fiscalía lo haga. El objetivo del gobierno es retrasar, dijo.
El mensaje para las víctimas es paciencia, resiliencia y mantenerse en la carrera, no se sabe cuán larga, pero se debe llegar.