La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que su equipo en Caracas tiene restricciones para ingresar a cárceles militares, como la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta o al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, ni a otros centros de detención castrenses.
En la presentación de la actualización de su informe sobre Venezuela, Bachelet también dijo que le causa preocupación las restricciones del espacio cívico y democrático en el país caribeño.
Bachelet dio cuenta de 166 restricciones indebidas entre las que citó «la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes».
La funcionaria de la ONU aseguró, además, que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales, la desacreditación de los disidentes políticos y el hostigamiento a los medios de comunicación.
Mencionó el caso de la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció mientras estaba detenido en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en octubre de 2018. Agregó que dos agentes del Sebin fueron acusados de homicidio culposo, pero luego beneficiados con reducción de la pena a dos años y ocho meses de prisión.
«Mantengo mis preocupaciones por los centros de detención previamente administrados por los centros de inteligencia, El Helicoide y Boleíta. Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad, dado los riesgos de malos tratos», manifestó.
Bachelet también se refirió a la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen.
«Noto las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados que contradeciría las limitaciones constitucionales sobre un período único de doce años, así como los vínculos entre algunos de los magistrados y partidos políticos», expresó.
En cuanto a la libertad de expresión, la oficina de Bachelet registró 84 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos, así como casos de bloqueos de portales web de medios. También, que continúa la persecución de ONG y activistas.
Bachelet ha alentado a las autoridades venezolanas a que implementen cambios estructurales de largo plazo y ha hecho un llamiento a que las iniciativas legislativas se apoyen en «consultas genuinas» con la sociedad civil, según un comunicado compartido por Naciones Unidas.
Bachelet dio cuenta de 166 restricciones indebidas entre las que citó «la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes».
La funcionaria de la ONU aseguró, además, que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales, la desacreditación de los disidentes políticos y el hostigamiento a los medios de comunicación.
Mencionó el caso de la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció mientras estaba detenido en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en octubre de 2018. Agregó que dos agentes del Sebin fueron acusados de homicidio culposo, pero luego beneficiados con reducción de la pena a dos años y ocho meses de prisión.
«Mantengo mis preocupaciones por los centros de detención previamente administrados por los centros de inteligencia, El Helicoide y Boleíta. Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad, dado los riesgos de malos tratos», manifestó.
Bachelet también se refirió a la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen.
«Noto las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados que contradeciría las limitaciones constitucionales sobre un período único de doce años, así como los vínculos entre algunos de los magistrados y partidos políticos», expresó.
En cuanto a la libertad de expresión, la oficina de Bachelet registró 84 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos, así como casos de bloqueos de portales web de medios. También, que continúa la persecución de ONG y activistas.
Bachelet ha alentado a las autoridades venezolanas a que implementen cambios estructurales de largo plazo y ha hecho un llamiento a que las iniciativas legislativas se apoyen en «consultas genuinas» con la sociedad civil, según un comunicado compartido por Naciones Unidas.