OMAR ESTACIO Z.,
«Falta de seguridad jurídica (…) las inhabilitaciones políticas de candidatos opositores, a través de la Contraloría General de la República y por ende abiertamente arbitrarias (…) la carencia de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho; la ausencia de imparcialidad, igualdad y transparencia en las elecciones. El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias muy controvertidas, entregó la dirección, el uso de símbolos y tarjetas de importantes partidos opositores, a facciones minoritarias, sumisas al oficialismo; el abusivo empleo de este último sector, de los recursos del Estado en las campañas; el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación coaccionados por el gobierno”.
Tales fueron, en apretada síntesis, las conclusiones, muy edulcoradas, de la misión de observación electoral de la Unión Europea, UE, en relación con las votaciones regionales de Venezuela, celebradas el 21 de noviembre de 2021.
Desde entonces el descaro del desgobierno gamberro, ha empeorado:
El pasado 30 de abril, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, presentó en Ginebra, un informe en el que enfatizó: “Desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas que afectarían a ciudadanos y ciudadanas (…) en su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares (…) Mientras el país se prepara para las elecciones de julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a participar y votar libremente”.
Por su parte, el tres del presente mes de mayo, el panel independiente de expertos internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela denunció “la impasibilidad de las autoridades venezolanas ante la gran mayoría de los delitos de lesa humanidad documentados y reiteró su pedido de acción a la Corte Penal Internacional (…) creemos que esta última ya debería actuar, porque hay casos claramente que son delitos de tal gravedad, en los no se está haciendo nada y claramente, es necesario para evitar que continúe la persecución política que está teniendo lugar en estos momentos”, expresó el vocero del citado Panel, en referencia a las venideras elecciones en Venezuela.
Hace casi dos mil quinientos años, Aristóteles, expresó: “Peor que una injusticia es una mascarada de justicia”.
Más le valdría a la narcotiranía entronizada en Venezuela declararse como tal, en lugar de aspirar al título de fementida demócrata mediante mascaradas electorales. Se le abonaría, al menos, en tal supuesto, una exigua cuota de sinceridad.
A las constataciones de los tres organismos multilaterales antes citados, habría que agregar otra sumatoria de artimañas en la materia. Veamos:
Al día de hoy, la diáspora compatriota asciende a la bicoca de nueve millones de personas. De tal conglomerado al menos la mitad, tiene derecho al sufragio porque son mayores de 18 años de edad. No obstante, la “operación morrocoy” o de “manos caídas” de nuestros consulados en el extranjero, les han impedido registrarse para ejercer el voto, al extremo, que solo, exiguos 50 mil venezolanos residenciados fuera de nuestro país podrán sufragar en las venideras votaciones. Habría que agregarles otros cuatro millones más, en este caso, de nuevos votantes a quienes se les obstaculizó de manera descarada su inscripción para poder elegir.
No obstante tales manipulaciones, el gobierno forajido ha vuelto a depositar sus esperanzas de aferrarse al Poder por la trampa y la violencia, mediante la dolosa conformación del Catastro Nacional de Centros de Votación. Este último hasta el momento de escribir la presente crónica, ni siquiera había sido publicado.
El ingeniero y abogado, Alfredo Weil -pruebas al canto- demostró que todas las votaciones, desde el 2004 hasta el momento de su lamentable fallecimiento habían estado signadas por el fraude chavista.
El prevaricador CNE, mediante marrullerías masivas en el padrón electoral, ubica un número exorbitante de sufragantes en centros de votación, por lo general de una sola mesa, ubicados en sitios, muchas veces despoblados, en los que el acceso de los testigos es muy difícil o en aquellos lugares donde los colectivos paramilitares de la narcotiranía, les impiden cumplir sus funciones. Las tendencias en tales centros llamémoslos “trampeados” difieren en un 99% -como lo demostró Weil- de las de los centros que llamaremos “no trampeados”, es decir, en los que los testigos de las fuerzas opositoras pueden asistir y trabajar sin ser coaccionados.
María Corina Machado, desde sus tiempos en “Súmate”, así como un grupo de destacados técnicos venezolanos, que trabajaron con Alfredo Weil, les pueden explicar, mejor que el cronista, cómo neutralizar semejantes marrullerías. Una observación internacional, de veras profesional, imparcial -señores del “Centro Carter” y señor Josep Borrell, representante de asuntos exteriores de la UE favor no meter sus manos en el asunto- constituye un imprescindible apoyo para desmontar la farsa. Pero los venezolanos residentes en el país, de manera masiva tienen que ir a votar por Edmundo González Urrutia. De allí el título de la presente crónica.