CARACAS.– En Venezuela, más de 100 niños y adolescentes con enfermedades crónicas murieron en el hospital público infantil José Manuel de los Ríos, conocido como JM de los Ríos, en seis años hasta 2022. El hecho se debió, en su mayoría, a la falta de trasplantes y de medicamentos que el régimen de Nicolás Maduro no proporcionó.
Y constituye una muestra de la violación del derecho a la salud en Venezuela.
El último se llamaba Gabriel Sarría, de nueve años de edad, y padecía insuficiencia renal. No tuvo la opción de poder trasplantarse, porque el Programa Procura de Órganos está suspendido desde 2017, por una arbitraria decisión oficial.
El niño fue uno de los 10 pacientes que fallecieron en 2022, en apenas 10 meses, en la Unidad de Nefrología, a la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había amparado cinco años antes (21 de febrero de 2018) con medidas de protección. Pero el Estado venezolano nunca las cumplió.
El día que murió en el hospital, un domingo de octubre de 2022, Sarría cumplía un mes esperando un catéter, un solo catéter, para recibir tratamiento de diálisis, debido a su enfermedad, pero en ese centro de salud infantil no lo había.
Diez meses después, el hospital JM de los Ríos no dispone de lo esencial para atender un promedio de 30 pacientes pediátricos en cada servicio. Carece de servicio regular de agua potable y medicinas. El personal de salud no tiene guantes ni tapabocas, pese a que la COVID-19 persiste. No se pueden hacer exámenes y los servicios de Terapia intensiva, Cardiología, Neurología, permanecen cerrados por fallas estructurales, y a la fecha no hay señales de rehabilitación.
Este centro pediátrico, ubicado en el norte de Caracas, es emblema y de referencia nacional. Acuden niños y adolescentes de todas las regiones del país, aunque no en la cantidad de antes. Los altos costos y las dificultades, después de la COVID-19, han frenado a las madres la posibilidad de trasladarse.
“Son demasiadas las carencias de condicione básicas e involucran el derecho a la salud, en el hospital”, afirma la abogada Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, que desde 2008 se dedica a proteger los derechos de esta población vulnerable y al acompañamiento y documentación con las madres. Ha documentado, paso a paso, las carencias de ese centro pediátrico.
Sobrevivir a la desidia
Pero los niños y el personal médico que quedan en el hospital JM de los Ríos sobreviven a la desidia oficial. La organización de Martínez ha realizado desde hace siete años campañas de distinta naturaleza para recolectar insumos médicos, equipos y medicamentos, y poder beneficiar así a los niños y a sus madres, durante el proceso de tratamiento.
A principios de agosto, logró conseguir más de 400 medicamentos e insumos médicos, en la clausura del programa Música por Medicinas, que la ONG Provea impulsó y que cerró en esta ocasión con un Festival de Rock de Nuevas Bandas, en el sureste de Caracas.
Martínez recuerda que a partir de 2008 comenzó la primera campaña para apoyar a la población pediátrica del hospital. Recolectó tarjetas telefónicas para las madres de escasos recursos que no poseían celular. También consiguieron donaciones de unas 120 sofá-camas para las madres o familiares que tenían que pernoctar junto a los niños.
“Nosotros podíamos llamar a los laboratorios, acudir a las empresas, y nos prestaban ayuda. El país era otro, y conseguíamos todo lo que faltaba, podíamos resolver”.
Sin embargo, a partir de 2014 la situación en el hospital se fue complicando, al ritmo de la emergencia humanitaria compleja que fue envolviendo a Venezuela.
“Cada vez se requerían más cosas, constatamos que el Estado había abandonado sus obligaciones, y fue así en todos los hospitales. Los médicos comenzaron a pedirnos válvulas y agujas para neurocirugías. El JM de los Ríos debía suministrar fórmulas para los niños con VIH, pero decían que ya no las tenían»
Se acumularon los equipos dañados, las centrífugas para preparar la quimioterapia para los niños no servían y necesitaban la intervención del ministerio de Salud, pero ningún funcionario acudía, afirma Martínez. Y decidieron denunciar la situación en las calles y acudir a la CIDH.
“Los magistrados no sabían que la situación era tan grave”.
En 2017, comenzaron a fallecer los niños del Servicio de Nefrología, “a quienes conocíamos desde chiquitos”. De 15 máquinas de diálisis, funcionaban solo siete.
Desde entonces suman 79 los niños y adolescentes que murieron por falta de trasplantes y medicamentos, hasta la fecha. A ellos, se le suman los de Hematología, una unidad que recibe hasta 500 pacientes mensuales.
“Hemos sido testigos en todos estos años de que no se hizo lo que tenía que hacerse, inclusive, después de seis años siguen suspendidos los trasplantes, el sistema de procura de órganos, y persisten fallas en el hospital”. Y el régimen lo sabe.