Desde hace varias semanas se esperaba que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda diera a conocer sus conclusiones sobre una amplia denuncia contra el régimen de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Ante el inminente fin de su periodo, tras nueve años en el cargo, el martes 14 de junio Bensouda publicó una carta en la que explica el porqué su decisión no fue dada a conocer expresando que el caso queda en manos del nuevo fiscal Karim Khan.
La ahora exfiscal ya se había comprometido a llegar a una determinación antes de finalizar su mandato, pero “quizás en anticipación de ese resultado” el régimen de Nicolás Maduro introdujo ante la Sala de Cuestiones Preliminares un expediente en el que solicita que ésta ejerza el control judicial sobre “la realización de nuestro examen preliminar”. Es decir, la dictadura venezolana en un intento por detener lo que para muchos sería el inicio de la investigación, apeló a artículos del Reglamento y del Estatuto de la CPI.
Aunque para muchos ha sido una desilusión, expertos juristas han manifestado a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, que ésta es solo parte de las ya conocidas tácticas dilatorias usadas por la dictadura, pero que la determinación a la que llegó Bensouda será publicada más temprano que tarde.
El tema fue analizado por un grupo de especialistas en un foro virtual organizado por la embajada de Venezuela en Canadá en el que los ponentes expresaron su convicción de que la justicia llegará hasta los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El jurista y profesor de Derecho Penal, corredactor del Código de Derecho Penal Internacional, Fernando Fernández, aseguró que “lo sustancial es que existen méritos suficientes y contundentes para mantener el examen preliminar dictado por la exfiscal Fatou Bensouda, dejando el camino abierto y abonado para superar la fase de admisibilidad”.
Por su parte, el Comisionado para la Defensa de los DDHH de la Presidencia interina de Venezuela y director del Observatorio Venezolano de Prisiones [OVP], Humberto Prado informó que cuenta con un análisis/reporte actualizado de incidencias y hechos que determinan la continuidad de los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos en Venezuela.
“La tarea es seguir defendiendo los derechos de las víctimas sin descanso y hacer que prevalezca la justicia en las instancias internacionales. Esa es nuestra misión y no nos detendremos hasta conseguirlo, porque se lo debemos a las víctimas”, subrayó el reconocido activista internacional.
Para el jurista español acreditado ante la Corte Penal Internacional Jesús Imbroda esta circunstancia no cambia para nada la realidad del expediente. El abogado -quien consignó una densa denuncia en el año 2017 asistiendo a Luisa Ortega Díaz (exfiscal general de Venezuela en tiempos del gobierno de Hugo Chávez), fue enfático en decir “que en el expediente hay suficientes pruebas, evidencias bien fundamentadas, testimoniadas, verificadas, substanciadas y respaldadas, esto es, con rigor procesal y metodológico, que dan certeza de la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y de sus responsables. Esa realidad es inocultable y confío que la CPI determinará y condenará esos hechos”.
El embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco, aseguró que el esfuerzo por demostrar que el régimen de Maduro ha cometido de forma sistemática crímenes de lesa humanidad no ha sido en vano. Las pruebas, los hechos, los testimonios, las víctimas, los crímenes, la verdad, están en la CPI, “por lo que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela no quedarán impunes y pronto veremos que se hará justicia en La Haya”.
Hacia la justicia internacional
El tema fue analizado por un grupo de especialistas en un foro virtual organizado por la embajada de Venezuela en Canadá en el que los ponentes expresaron su convicción de que la justicia llegará hasta los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El jurista y profesor de Derecho Penal, corredactor del Código de Derecho Penal Internacional, Fernando Fernández, aseguró que “lo sustancial es que existen méritos suficientes y contundentes para mantener el examen preliminar dictado por la exfiscal Fatou Bensouda, dejando el camino abierto y abonado para superar la fase de admisibilidad”.
Por su parte, el Comisionado para la Defensa de los DDHH de la Presidencia interina de Venezuela y director del Observatorio Venezolano de Prisiones [OVP], Humberto Prado informó que cuenta con un análisis/reporte actualizado de incidencias y hechos que determinan la continuidad de los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos en Venezuela.
“La tarea es seguir defendiendo los derechos de las víctimas sin descanso y hacer que prevalezca la justicia en las instancias internacionales. Esa es nuestra misión y no nos detendremos hasta conseguirlo, porque se lo debemos a las víctimas”, subrayó el reconocido activista internacional.
Para el jurista español acreditado ante la Corte Penal Internacional Jesús Imbroda esta circunstancia no cambia para nada la realidad del expediente. El abogado -quien consignó una densa denuncia en el año 2017 asistiendo a Luisa Ortega Díaz (exfiscal general de Venezuela en tiempos del gobierno de Hugo Chávez), fue enfático en decir “que en el expediente hay suficientes pruebas, evidencias bien fundamentadas, testimoniadas, verificadas, substanciadas y respaldadas, esto es, con rigor procesal y metodológico, que dan certeza de la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y de sus responsables. Esa realidad es inocultable y confío que la CPI determinará y condenará esos hechos”.
El embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco, aseguró que el esfuerzo por demostrar que el régimen de Maduro ha cometido de forma sistemática crímenes de lesa humanidad no ha sido en vano. Las pruebas, los hechos, los testimonios, las víctimas, los crímenes, la verdad, están en la CPI, “por lo que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela no quedarán impunes y pronto veremos que se hará justicia en La Haya”.
Hacia la justicia internacional
- 8 febrero 2018. La CPI anunció por primera vez que estaba investigando tales acusaciones contra el régimen de Venezuela.
- 26 septiembre 2018. Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, como miembros del Grupo de Lima, solicitaron junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciar ante la COP a Maduro y a la cadena de mando. Lo cual genera el inicio de una etapa preliminar de evaluación de determinación de hecho.
- Continúa actividad revisora en la Corte para determinar la posibilidad de solicitar una investigación a la Sala de Cuestiones Preliminares.
- 16 septiembre 2020. La Misión Internacional Independiente de la ONU en su informe insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
- El 14 de diciembre de 2020 la entonces fiscal de la CPI aseguró que existen “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”, según lo publicó en su reporte Anual de Actividades de Exámenes Preliminares.
- Este anunció disparó las alertas dentro del régimen de Nicolás Maduro. El fiscal de la dictadura Tarek William Saab le exigió a la CPI proporcionar información detallada sobre el material y las pruebas de los hechos que analiza en el caso de Venezuela. También se quejó de que no ha habido interlocución.
- Esta acción del régimen llevó a Bensouda a delegar esa determinante decisión a Karim Khan, el nuevo fiscal de la CPI, un abogado británico que en sus primeras declaraciones lamentó que hasta ahora el tribunal haya pronunciado «tan pocas» condenas.