El Congreso tiene previsto recibir al mandatario el 9 de noviembre para debatir una nueva moción de destitución, la segunda desde que el 18 de septiembre salió airoso de otra acusación por obstruir una investigación parlamentaria y fiscal sobre un presunto tráfico de influencias.
Esta segunda moción fue presentada por el minoritario partido populista Unión por el Perú (UPP), que se basa en declaraciones de dos empresarios que aseguraron ante la Fiscalía haber pagado dos coimas a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas cuando el presidente era gobernador de Moquegua, en 2014.
Los montos de los supuestos sobornos ascienden a 2,3 millones de soles (unos 623.000 dólares).
El caso es investigado por la Fiscalía desde 2018. Vizcarra niega haber recibido pagos y atribuye el pedido a una maniobra para afectar las elecciones de abril de 2021.
El Congreso está conformado por 130 legisladores y se necesitan 87 votos para destituir a Vizcarra.
El presidente peruano carece de partido y bancada en el Congreso, lo que lo hace políticamente débil.
«No podemos cambiar a un presidente por una denuncia que no ha sido corroborada, que está en investigación preliminar», exhortó el primer ministro, Walter Martos, en un llamado a la reflexión al Congreso.
«Toda persona tiene el derecho a la presunción de inocencia, cuando se le juzga será culpable, qué pasa si después de juzgar termina siendo inocente y ya se rompió toda la gobernabilidad del país”, agregó.
La vacancia se debatirá cuando Perú afronta un alto costo por la pandemia del nuevo coronavirus, con 34.623 muertos y 908.902 contagios desde marzo, lo que desnudó la precariedad del sistema de salud.
Adicionalmente, la economía peruana caerá alrededor del 12,5% este año por un confinamiento de más de 100 días que semiparalizó al país.
Perú celebrará elecciones presidenciales y legislativas conjuntas el 11 de abril de 2021. Vizcarra termina su mandato el 28 de julio de ese año.
Fuente: Diario las Américas