El expresidente peruano Martín Vizcarra anunció que propondrá eliminar la inmunidad parlamentaria si es elegido al Congreso en 2021.
«Si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria», dijo Vizcarra a periodistas.
Un 78% de los peruanos culpa al Congreso unicameral de la reciente crisis política que vio desfilar a tres presidentes en pocos días, según un sondeo de Ipsos y más de 60 legisladores enfrentan procesos por corrupción u otras causas, pero eluden a la justicia gracias a su inmunidad.
El exmandatario de 57 años acudió al Congreso este martes citado por la Comisión de Fiscalización que indaga unos cuestionados contratos de su gobierno con el cantante Ricardo Cisneros, caso que la fiscalía investiga desde septiembre, cuando aún estaba en el poder.
Vizcarra, que dirigió Perú desde el 23 de marzo de 2018 hasta su destitución por el Congreso el 9 de noviembre pasado, se negó a responder ante la comisión que dirige uno de sus más duros críticos, Edgar Alarcón, del grupo populista del parlamento peruano.
El expresidente invocó su derecho constitucional a guardar silencio y alegó que la fiscalía está indagando el caso. Además, acusó a los actuales legisladores de carecer de «legalidad y legitimidad» para investigarlo.
«El órgano que tiene la legalidad y legitimidad para esta investigación, es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas», remató.
Tras mantener, durante sus dos años y medio en la presidencia, una relación de confrontación con el Congreso, Vizcarra, que no tiene partido, ha sido invitado a encabezar la lista de candidatos al Parlamento de Somos Perú, una agrupación minoritaria de centro, en las elecciones de abril de 2021.
El caso del cantante Cisneros casi le costó la presidencia a Vizcarra el 18 de septiembre, en un primer proceso de destitución impulsado por la mayoría populista del Congreso.
Dos meses después, el Congreso finalmente lo destituyó en virtud de una polémica norma constitucional que permite remover a un presidente por «permanente incapacidad moral».
La mayoría legislativa basó la acusación en denuncias de un presunto pago de 600.000 dólares para autorizar dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de la región sureña Moquegua, en 2014. El exgobernante niega los cargos.
La destitución de Vizcarra fue rechazada por nueve de cada 10 peruanos, según los sondeos, y desató una ola de masivas protestas y una feroz represión policial, que causó dos muertes y más de un centenar de heridos.
Su sucesor, el jefe del Congreso, Manuel Merino, renunció cinco días después. Lo sustituyó el legislador centrista Francisco Sagasti, quien había votado en contra de destituir a Vizcarra.
El exmandatario de 57 años acudió al Congreso este martes citado por la Comisión de Fiscalización que indaga unos cuestionados contratos de su gobierno con el cantante Ricardo Cisneros, caso que la fiscalía investiga desde septiembre, cuando aún estaba en el poder.
Vizcarra, que dirigió Perú desde el 23 de marzo de 2018 hasta su destitución por el Congreso el 9 de noviembre pasado, se negó a responder ante la comisión que dirige uno de sus más duros críticos, Edgar Alarcón, del grupo populista del parlamento peruano.
El expresidente invocó su derecho constitucional a guardar silencio y alegó que la fiscalía está indagando el caso. Además, acusó a los actuales legisladores de carecer de «legalidad y legitimidad» para investigarlo.
«El órgano que tiene la legalidad y legitimidad para esta investigación, es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas», remató.
Tras mantener, durante sus dos años y medio en la presidencia, una relación de confrontación con el Congreso, Vizcarra, que no tiene partido, ha sido invitado a encabezar la lista de candidatos al Parlamento de Somos Perú, una agrupación minoritaria de centro, en las elecciones de abril de 2021.
El caso del cantante Cisneros casi le costó la presidencia a Vizcarra el 18 de septiembre, en un primer proceso de destitución impulsado por la mayoría populista del Congreso.
Dos meses después, el Congreso finalmente lo destituyó en virtud de una polémica norma constitucional que permite remover a un presidente por «permanente incapacidad moral».
La mayoría legislativa basó la acusación en denuncias de un presunto pago de 600.000 dólares para autorizar dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de la región sureña Moquegua, en 2014. El exgobernante niega los cargos.
La destitución de Vizcarra fue rechazada por nueve de cada 10 peruanos, según los sondeos, y desató una ola de masivas protestas y una feroz represión policial, que causó dos muertes y más de un centenar de heridos.
Su sucesor, el jefe del Congreso, Manuel Merino, renunció cinco días después. Lo sustituyó el legislador centrista Francisco Sagasti, quien había votado en contra de destituir a Vizcarra.