A día de hoy proliferan los intentos de múltiples actores políticos y económicos, tanto venezolanos como foráneos, por encubrir y/o minimizar el desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela, mientras se pretende también restar importancia a la atomización y arrendamiento a terceros del control estatal sobre el territorio, al drama de la migración masiva y al colapso general en el que el Socialismo del Siglo XXI ha sumido a la economía nacional. Pero, tal como se indica a continuación, el más simple de los análisis nos revela la cruda realidad que opera tras las campañas de maquillaje.
En términos concretos, esta flexibilización se inició en primera instancia con la aceptación del uso de dólar estadounidense como medio de pago, medida que permitió sobrellevar la terrible escasez de 2019, incrementar la oferta y mitigar la hiperinflación más elevada y extensa que se conoce en la región. Y en segundo lugar, prosiguió con la desaplicación de ciertas leyes -vale recordar que no han sido derogadas y que la amenaza de su eventual aplicación pende siempre sobre el sector productivo-, la flexibilización de controles y la implementación de algunas políticas con las que se intenta revertir los efectos del feroz asedio al que durante años se sometió a la propiedad e inversión privada.
Ahora bien, ¿qué ha motivado este giro en las políticas económicas del Estado venezolano? Nada distinto a las terribles y devastadoras consecuencias del choque que el Socialismo del Siglo XXI, depredador y notoriamente hostil con el sector privado, ha experimentado al estrellarse contra la realidad misma de las cosas. Ha sido este colapso, y no otra cosa, lo que lleva ahora a quienes gobiernan Venezuela desde hace más de dos décadas a explorar diversos mecanismos de flexibilización cambiaria, apertura económica y alianzas con el sector privado.
Por consiguiente -y esto es lo que no se puede perder de vista- este giro económico está, circunstancialmente, impulsado por la necesidad y no por la convicción. Responde principalmente al pragmatismo que alimenta la voluntad de seguir en el poder, y no a un abandono definitivo de un marco de interpretación socialista que ha facilitado siempre la consecución del objetivo primordial: el control total. Si de alcanzar el control total se trata, el socialismo suele ofrecer la receta más eficaz, y en el caso de regímenes socialistas consolidados sólo hemos visto movimientos tácticos hacia una economía de mercado cuando la inoperancia económica del socialismo compromete seriamente su ejercicio monopólico del poder.
De ahí que, por ejemplo, el brazo legislativo del régimen socialista no se haya detenido en el desarrollo de la estructura del Estado Comunal, tal como se contempla en el Plan de la Patria 2019-2025. Se trata de una configuración política y social abiertamente contraria al tipo de sociedad libre sobre la que verdaderamente puede y necesita operar una economía de libre mercado. Tampoco se perciben mayores avances con respecto a la estructura judicial del país, situación que lo despoja de Estado de Derecho y que espanta, justamente, las inversiones más sanas y menos dispuestas a transigir con dinámicas propias del crimen organizado. Por otro lado, los actores foráneos que mantienen sus sanciones sobre el Estado venezolano —y particularmente sobre quienes lo manejan— aún no encuentran razones suficientes para levantarlas.
Recordemos que Venezuela mantiene un puntaje de 83.76 (por cada 100 mil habitantes) en el Índice de Crimen de 2022 y que se ubica en el puesto 18/193 del Índice de Crimen Organizado de 2022, lo cual proporciona una idea del nivel de riesgo que el país entraña para quien quiera invertir en él mientas prevalezcan las condiciones actuales. De acuerdo con la lectura que realizan los principales actores políticos y económicos en el plano internacional con respecto a las inversiones en Venezuela, o bien las tasas de rentabilidad deben ser sumamente elevadas y la recuperación de la inversión lograrse en periodos muy cortos, o de lo contrario se tiende a sospechar de la legitimidad del origen de los capitales invertidos.
Si a ello se suma el alto grado de discrecionalidad con la que sigue desempeñando el Estado venezolano al favorecer a ciertos grupos muy concretos -aliados políticos foráneos o sectores económicos conniventes internamente-, generando así vínculos tóxicos y propiciando de este modo la proliferación de conglomerados público-privados de carácter clientelar-extractivo, encontraremos motivos suficientes para sostener la tesis -que hemos apuntado en otros artículos- de que lo que realmente se viene consolidando en el país es una suerte de “Crony-Socialismo” en el que los beneficiarios de las políticas flexibilizadoras ya son prácticamente pre-adjudicados, sin que la competencia, la eficiencia productiva y la calidad sean las que dictaminen el resultado de las mismas.
Nos detendremos aquí en un caso destacado en este sentido como es el de la política de Zonas Económicas Especiales (ZEE). Se trata de una herramienta muy usada para captar inversiones extranjeras directas y, a menudo, transferencia tecnológica. Sin embargo, para que repercutan integralmente en el desarrollo de las cadenas productivas nacionales se requieren condiciones tales como una infraestructura básica en buenas condiciones (puertos, aeropuertos, carreteras, servicios básicos, etc.), un marco jurídico claro y algún tipo de vinculación estructural con los agentes y las potencialidades productivas del país.
No se trata de una iniciativa inédita en Venezuela: ya en los 70’ Venezuela desarrolló la Zona Franca e Industrial de Paraguaná, seguida luego de las de Mérida, Maracaibo, Ureña-San Antonio, Santa Elena de Uairén y Nueva Esparta. También el chavismo, desde 2014, promulgó la creación de múltiples ZEE: la Faja Petrolífera del Orinoco, el Arco Minero del Orinoco, la Faja Pesquera y Acuícola, Guarenas–Guatire, Tinaquillo-San Carlos, y Palavecino-Municipio Irribaren.
Las iniciativas de este tipo que el Estado venezolano proyecta crear ahora pasan por la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE), publicada en Gaceta Oficial N° 6.710 (Extraordinario), de 20 de julio de 2022, con la que se anuncia la creación de las siguientes ZEE: Paraguaná (noroeste), Puerto Cabello-Morón (centro-norte), La Guaira (litoral central), Margarita (noreste insular) y la Isla La Tortuga (centro norte insular). Ahora bien, destaca que el objetivo señalado de la LOZEE sea la reactivación de la economía a través de la creación ejes territoriales, en el marco de condiciones particulares, sobre todo, en el aspecto financiero, tributario y aduanero, destacando el rol en todas las ZEE de la participación del sector construcción.
Ahora bien, si las condiciones que se pretenden aplicar en estas ZEE apuntan hacia una mayor libertad comercial, y si se considera que dicha libertad es un bien necesario, ¿por qué no aplicarlas en todo el territorio nacional? ¿Por qué no derrumbar controles perversos y promover estímulos para la inversión que rescate la destruida economía nacional? ¿Por qué reservar estas cuotas de limitada libertad económica a las principales zonas portuarias del país, favoreciendo principalmente la actividad importadora, y no de forma más abierta y directa al conjunto de la economía nacional? ¿Quiénes serán los beneficiarios directos de este esquema, y bajo qué condiciones se realizarán las adjudicaciones?
En síntesis, no son las estrategias o políticas de flexibilización económica las que están en tela de juicio, sino las condiciones institucionales dentro de las cuales se pretenden avanzar. Son ellas las que definirán el destino de las nuevas políticas económicas, bien hacia la consolidación de grupos expoliadores en el poder, o bien hacia el desarrollo de una economía productiva y competitiva, capaz de favorecer el desarrollo integral de nuestra sociedad, con respeto a la dignidad y la libertad responsable de los ciudadanos.
Autores:
Sary Levy Carciente
Miguel Á. Martínez Meucci
¿Zonas Económicas Especiales en Crony Socialismo?
