El Gobierno transitorio boliviano incrementó la persecución al expresidente Evo Morales y sus colaboradores. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentó ante la prensa con un par de esposas en la mano y anunció que acababa de activarse una orden de busca y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición. “Que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar”, ironizó en su declaración. Por otra parte, se está revisando el patrimonio de todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores y alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS). “Tenemos 600 personas investigadas, y es poco», afirmó Murillo. El propósito de esta investigación es encontrar cuentas o propiedades inexplicables que conduzcan a nuevos procesos por corrupción, además de los muchos que ya existen.
También fue aprehendido el dueño de un importante canal de televisión próximo al anterior Gobierno, luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por parlamentarios del oficialismo. Y, para completar el cuadro, una mujer fue detenida en el aeropuerto de El Alto cuando intentaba viajar a Buenos Aires con 100.000 dólares no declarados. Se la acusa de ser cercana al exministro Juan Ramón Quintana, actualmente atrapado en la residencia diplomática de México en La Paz, y de intentar llevar el dinero a Morales para “financiar el narcoterrorismo”. Ella declaró que el dinero pertenecía a la filial boliviana de la empresa petrolera venezolana PDVSA y que lo llevaba con la intención de pagar cuentas de esta empresa en la Argentina. La Policía allanó las oficinas de PDVSA en La Paz.
Otro blanco de la persecución legal han sido los llamados “guerreros digitales”, jóvenes que en el pasado trabajaban haciendo propaganda masista en las redes sociales y que, en estos días, algunos de ellos, han continuado publicando mensajes contra el oficialismo desde las computadoras del Estado que todavía estaban en sus manos y desde otras privadas. Una acusación los sindica de provocar “animadversión” en contra de la presidenta interina Jeanine Añez.
Además de policial y judicial, la presión sobre el MAS también es política. Andrónico Gutiérrez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se hubiera cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, sugiriendo que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el ministro Murillo tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo… pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el Gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones. Evo Morales está acusado de terrorismo y sedición porque se lo considera el organizador, desde el exilio, del bloqueo de caminos campesino que, impidiendo que los alimentos llegaran a la ciudades, buscaba impedir que Añez se estabilizara en el poder.
Los grupos de ciudadanos que participaron en las movilizaciones contra Morales el año pasado, y que continúan movilizados, cumplen un papel activo en el arrinconamiento del MAS. En este momento, patrullas de vecinos continúan rodeando la residencia diplomática de México en La Paz, donde se encuentran refugiados varios exjerarcas de este partido, revisando a los automóviles que entran y salen del barrio, para evitar fugas. Otros grupos han cercado la casa del exministro de Gobierno, Carlos Romero, impidiendo que este salga de ella. Murillo señaló que sobre Romero no pende ninguna orden de detención, pero hasta ahora las autoridades no han hecho nada para impedir que los vecinos impongan su propia ley, de modo que el exministro se halla en una suerte de arresto domiciliario informal.
En otra ciudad del país, Cochabamba, las patrullas vecinales rodean las oficinas de la Defensoría del Pueblo, que consideran parcializada con el MAS, y también se manifiestan en contra de los concejales de este partido en la Alcaldía, pidiendo que renuncien.
Fuente: El País