Cuando aún no se sabe cuánto deberá pagar Odebrecht, como reparación civil por las 40 obras en las cuales no había reconocido corrupción en el acuerdo de colaboración eficaz, el Ministerio de Justicia (Minjus) dio visto bueno para que tres empresas del grupo empresarial brasileño puedan hacer transferencias de dinero al extranjero.
El 22 de noviembre, ya el sector que dirige Ana Teresa Revilla había emitido un informe administrativo, respecto a la aplicación o no de la Ley 30737 (norma que supuestamente asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos) luego del convenio aprobado por el Ministerio Público, la Procuraduría del caso Lava Jato, y los ejecutivos de la constructora.
“Debe levantarse la suspensión de transferencias al exterior que recaen sobre las empresas, debido a que la referida medida restrictiva no se encuentra dentro de los supuestos que mantienen vigencia temporal hasta la constitución de un fideicomiso contractual”, señala en documento citado por el diario Gestión.
Esto se produce pocas semanas después de que se liberaran 426 millones de soles para uso totalmente libre de la firma que robó decenas de veces más al Perú, a través de obras con presupuesto elevado artificialmente. Este monto era lo restante de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a capitales de China.
Según el Minjus, uno de los argumentos para esta permisividad con Odebrecht es garantizar su “operatividad”. Es decir, los extranjeros no podrían funcionar sin que el Estado les entregue dinero que podría servir para cobrarles de una vez por todas los 610 millones de soles de reparación civil.
Cabe destacar que este monto solo contempla la Interoceánica Sur, la Costa Verde del Callao, la Línea 1 del Metro de Lima y la Vía de Evitamiento del Cusco. Jorge Barata y demás delincuentes que fungían de CEOs solo habían admitido haber sobornado funcionarios para estos proyectos, con lo cual el equipo de fiscales que coordina Rafael Vela aceptó no acusarlos por otros casos.
El acuerdo de colaboración eficaz homologado en junio de 2019 terminó siendo una burda maniobra para garantizar la impunidad legal a la empresa y a los hampones que esta utilizaba. Todos esos casos ya estaban avanzados en fiscalías anticorrupción o de lavado de activos, e incluso cuando Hamilton Castro era el responsable del caso Lava Jato.
Con la revelación de más de cuarenta obras adicionales, para las cuales se habían financiado coimas a través de la “Caja 2”, el tema cambió totalmente, dándole más peso a la denuncia penal que el procurador anticorrupción, Amado Enco, había interpuesto contra el defensor del Estado en el caso Lava Jato, Jorge Ramírez.
EN PARED
Para Vela y José Pérez, era indispensable darle dinero y otras facilidades a Odebrecht, para que esta gestione más revelaciones de nuevos delitos. En un principio, Ramírez se había opuesto –al menos públicamente- a desembolsar los S/524 millones de Chaglla, pero luego de que Barata se negara a dar información en agosto, cambió de opinión.
El procurador en el caso Lava Jato ya es investigado en forma preliminar por la fiscal suprema Bersabeth Revilla, por el presunto delito de negociación incompatible, al haber puesto como prioridad la refinanciación de la empresa corrupta, antes que garantizar el pago de la reparación civil inicial.
Si bien tres razones sociales de la firma brasileña han sido autorizadas para mover su capital bancario fuera del país, quedan 29 empresas de Odebrecht a las cuales todavía se les retendrá la mitad del valor de sus bienes o activos. Estos solo pueden ser liberados por el sector que encabeza Revilla.
“Cuando se homologaba el acuerdo, la empresa hizo dos pedidos simultáneos al sector Justicia: devolución de los 524 millones de Chaglla, y que se le levante la prohibición de transferencias al exterior”, indicó un funcionario del Minjus.
Otro punto del informe administrativo es que estos fondos requieren que se cree un nuevo fideicomiso –fondo con dinero que garantizaría pagos necesarios, en caso de insolvencia- administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Aquí surge otro aspecto llamativo: Cofide tenía por cobrarle más de S/ 460 millones a la referida empresa, pero esta gestionó para que no se les cobren, y finalmente quedó castigada. O sea, extinguida.
Es decir, a pesar de que Odebrecht no cumplió con pagarnos lo que nos debía, el Gobierno de Martín Vizcarra es presuroso en liberarles cientos de millones de soles.
IMPERDONABLE OMISIÓN
Como informara EXPRESO, el 23 de agosto de 2019 Carlos Linares Peñaloza, presidente de Cofide, informó al Congreso que ni los fiscales del equipo Lava Jato ni el procurador Ramírez le solicitaron la relación de la deuda de los brasileños.
“Cumplimos con informar que Cofide no ha recibido solicitudes formales de información con respecto a las deudas de la Constructora Norberto Odebrecht u otra empresa del Grupo Odebrecht con la indicada institución financiera”, se indicaba.
Esto demuestra que Vela y Ramírez estaban más preocupados en gestionar el refinanciamiento de sus investigados, que en cumplir su tarea de descubrir los delitos y lograr reparar el daño económico al Estado peruano.
“En cumplimiento de dicho requerimiento, manifestamos que, de la revisión de la documentación recibida por el Ministerio Público, desde enero de 2018 a la fecha, no se han encontrado documentos en los que se haya solicitado a Cofide la elaboración de informes, o la emisión de opiniones para sustentar las intervenciones en las negociaciones o decisiones previas al acuerdo señalado en el requerimiento indicado en el oficio”, señaló el director de Cofide.
Esto mismo ocurrió con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Trece empresas fundadas por Marcelo Odebrecht no habían sido ni mencionadas por los encargados del caso.
Esta categoría de impagos nunca redundó en cobranzas coactivas al conglomerado de la construcción, a diferencia de la severidad que el organismo recaudador tiene con negocios pequeños.
¿A cuánto ascendía la deuda con Sunat? Hasta el 20 de agosto del año pasado, era de 1,032’479,007 soles. Meses después, se amortizó un total de S/ 719,305,156, según el informe enviado al Parlamento.
SUBEN TARIFA DE PEAJES
Si alguien creía que el perjuicio que el caso Lava Jato causó a todos los peruanos había acabado luego de que las obras estuviesen culminadas, se informó que a partir de hoy habrá un reajuste en la tarifa de los peajes, tanto en la Interoceánica Norte como en la Sur.
En los peajes de Paita, Chulucanas, Olmos, Pomahuaca, Utcubamba, Pedro Ruiz, Aguas Claras, Moyobamba y Pongo de Caynarachi, la tarifa será S/6.90 para los vehículos ligeros. En caso de transporte pesado será S/6.90 por eje.
“En el caso del peaje de Mocce, en Lambayeque, cumpliendo la disposición del MTC, continuaremos sin recaudar el peaje hasta que dicha entidad informe lo contrario”, refirió IIRSA Norte en un comunicado.
Este aumento de las tarifas fue aprobado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
La recaudación obtenida es transferida a un fideicomiso administrado directamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
De igual manera, la Concesionaria IIRSA Sur informó que a partir de la misma fecha entrará en vigencia el nuevo tarifario para sus peajes en el tramo 3.
En los peajes de Unión Progreso, San Lorenzo y Planchón, la tarifa básica será de S/6.70 para los vehículos ligeros y, en caso de transporte pesado, S/6.70 por eje.
“La cifra es el resultado del reajuste ordinario que se obtiene aplicando el régimen tarifario del contrato de concesión, el cual considera la variación de los índices de precios al consumidor y el tipo de cambio”, afirmaron.
Cabe indicar que estas dos obras -en los tramos descritos- fueron hechas por Odebrecht, previo pago de sobornos a diversos funcionarios, entre ellos al expresidente Alejandro Toledo.
Justamente, sobre la Interoceánica Sur, pero en el tramo 1, la Contraloría General de la República halló un perjuicio por S/ 4’552,597.53 del MTC, por concepto de mantenimiento.
Este informe había sido anunciado en septiembre pasado por el contralor Nelson Shack, para determinar si en la aprobación y ejecución de las obras adicionales y de reconstrucción de zonas afectadas por eventos catastróficos se cumplió con el contrato.
La auditoría se realizó en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018 por un monto de US$ 98 millones en el contrato. Este fue firmado entre el Ministerio de Transportes (concedente) y el consorcio Survial S.A. (Graña y Montero y Concar).
PREJUICIO DE S/1,800 MLLNS
El gerente de control de megaproyectos de la Contraloría, Luis Robas Sánchez, detectó que se pagó por volúmenes de roca de la partida “enrocado con material de cantera” cuando el material utilizado corresponde a la partida “enrocado con material lateral” proveniente de roca de ribera de río, ocasionando un perjuicio al Estado por caso 1,800 millones de soles.
“El MTC no atendió las deficiencias advertidas por el supervisor en el expediente técnico respecto al diseño del talud de corte, lo cual ocasionó que durante la construcción de la obra colapsen las cunetas de coronación y se generen mayores trabajos por remoción y eliminación de derrumbes”, se añade.
También se hallaron pagos mayores a los acordados por demoras en levantar las observaciones sobre la disponibilidad de terrenos para la ejecución de la obra adicional “Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos”. Solo esto generó S/2,168,771.15 en daños al Estado.
La Contraloría recomendó iniciar acciones legales contra funcionarios y servidores involucrados en el tema. Estos son Luis Chan Cardoso, Raúl García Carpio, Patricia Cama Meza, Florencia Nieto Farina, David Villegas Balarezo y Rosa Aramburú García y Celso Gamarra Roig.
Este último es aspirante a colaborador eficaz del Equipo Especial Lava Jato en los casos arbitrajes a favor de Odebrecht y “Club de la Construcción.
INVESTIGA EL PAGO
La fiscal suprema Bersabeth Revilla tiene poco más de un mes para determinar si hubo delitos en la devolución a Odebrecht de 524 millones de soles, por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. El Estado aceptó dilatar el cobro de S/ 610 millones de reparación hasta 2034.
Fuente: Expreso