La mecha que prendió las posteriores protestas callejeras del 11 de julio, con miles de cubanos reclamando libertad, se originó en una destrozada cuartería del barrio pobre y mayoritariamente negro y mestizo de San Isidro, en el corazón de La Habana Vieja. El 6 noviembre de 2020, pasada la seis y treinta de la tarde, el músico urbano Denis Solís González, 31 años, integrante del Movimiento San Isidro (MSI) liderado por el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, discutió con un oficial de la Policía que había entrado al cuarto del solar donde residía. El suceso fue trasmitido en tiempo real a través de su muro de Facebook.
En la grabación, Solís recrimina al agente policial por violar su domicilio y le reprocha el acoso sistemático del que era objeto. Tres días después, el 9 de noviembre, Solís fue detenido, posteriormente juzgado y sancionado a ocho meses de prisión. Su encarcelación desató un terremoto entre sus colegas del MSI y ahondó la pugna entre los jóvenes artistas y la longeva dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel, disciplinado funcionario del partido comunista, incondicional a los hermanos Castro.
Díaz-Canel contra los artistas
La pugna venía desde 2019, cuando Díaz-Canel firmó el Decreto Ley 349, que prohíbe la existencia de creadores independientes. Los artistas no se quedaron callados. Luis Manuel, Yanelys Núñez, Amaury Pacheco, Michel Matos, Tania Bruguera y otros intelectuales contestatarios exigieron al gobierno la anulación del decreto. Sus denuncias en medios independientes obligaron al régimen a no aprobar el 349. En represalia, en marzo de 2020, la Policía política decidió enviar a Otero Alcántara a la prisión de Valle Grande, al oeste de la capital, acusado de «ultraje a los símbolos patrios» y «maltrato a la propiedad». Pero la presión de activistas, periodistas independientes y ciudadanos como Luis Robles, que demandó la liberación de Denis Solís, en el céntrico boulevard habanero de San Rafael, con un cartel escrito a mano, conjugadas con un amplio apoyo internacional, forzaron a las autoridades a liberar a Luis Manuel Otero.
Con la detención de Denis Solís en noviembre de 2020 se inició una escalada de acoso y represión progresiva por parte del castrismo contra los opositores pacíficos. En protesta por lo que consideraban un arbitrario y amañado proceso, Otero y sus amigos del MSI desplegaron un conjunto de acciones en favor de la liberación de Solís. Desde sentadas en las inmediaciones de unidades policiales, denuncias en las redes sociales hasta una huelga de hambre que comenzó el miércoles 18 de noviembre y fue violentamente interrumpida por un operativo relámpago de la Seguridad del Estado el jueves 26 de noviembre.
La trampa
La feroz represión hacia el Movimiento San Isidro generó un amplio apoyo en la disidencia interna y grupos de intelectuales que demandaban un socialismo democrático que respetara las diferencias políticas. En la mañana del viernes 27 de noviembre, una veintena de jóvenes artistas se presentó a las puertas del Ministerio de Cultura solicitando un encuentro con el ministro Alpidio Alonso. Los funcionarios dieron la callada por respuesta. Mientras, en las inmediaciones de la institución, comenzaron a sumarse personas. Ya para la medianoche eran más de trescientos jóvenes. Fuerzas combinadas de la policía especializada y la Seguridad del Estado sitiaron el lugar impidiendo su acceso. El gobierno les tendió una trampa: simularon aceptar un diálogo con el objetivo de desmontar la movilización. Al día siguiente los medios oficiales desplegaron una feroz campaña de calumnias contra Luis Manuel Otero, el MSI y numerosos artistas y periodistas independientes.
Periodistas a prisión
Desde enero de 2021 el régimen castrista desplegó una estrategia sistemática contra cientos de activistas, artistas, intelectuales y periodistas independientes. Alrededor de 40 activistas y reporteros sin mordazas fueron ilegalmente forzados a prisión domiciliaria. El 30 de abril, una decena de activistas y periodistas fueron detenidos por participar en una protesta pacífica en la concurrida calle Obispo, en la parte antigua de la ciudad. Reclamaban visitar a Luis Manuel Otero, entonces en huelga de hambre. Uno de los participantes, Esteban Rodríguez, miembro del MSI y periodista independiente, al final de diciembre, aún permanecía recluido.
El 15 de junio, el disidente y comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, de 60 años, fue citado a la unidad policial de Zapata y C, Vedado, para supuestamente hacer unas aclaraciones sobre una acusación de ‘desacato’ que Valle Roca tenía pendiente, y fue llevado directamente a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado. Más de un mes después lo trasladaron al Combinado del Este, prisión en las afueras de La Habana, donde todavía se encuentra, con la salud muy deteriorada. Según ha dicho el presentador del espacio de opinión Juan Juan al Medio, Juan Almeida, Lázaro Yuri es un preso del general Alejandro Castro Espín.
La ola represiva orquestada por el régimen de Díaz-Canel, dio un vuelco de 180 grados en comparación con la de Raúl Castro, su tutor político. Durante el mandato de Castro II (2008-2018), casi todas las detenciones eran breves. Díaz-Canel amplió el repertorio represivo. Combinó detenciones breves con sanciones de privación de libertad, amenazas a la integridad física, linchamientos verbales, prohibiciones de viajar al exterior y forzar al destierro a los activistas considerados por el régimen, más recalcitrantes.
Represor obediente
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de enero a junio de 2021, hubo 3.505 acciones represivas, secuestros exprés, interrogatorios, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, arrestos domiciliarios y actos de repudio. Aprovechando el confinamiento provocado por la pandemia, la Seguridad del Estado se dispuso a desmantelar a la disidencia y el periodismo libre. Pero el domingo 11 de julio surgió un inesperado protagonista. Miles de ciudadanos cansados del bombardeo de consignas, de la miseria, la escasez, las colas y desabastecimiento general de alimentos y medicinas, se lanzaron a las calles de varias provincias para reclamar libertad y democracia.
El estallido
El estallido social pilló por sorpresas a muchos. Eran personas que no estaban bajo el radar de los servicios especiales, porque no eran disidentes. El manicomio económico, político y social implementado por el castrismo fue una de las causas que detonaron las protestas, que se iniciaron en el poblado de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, a unos 40 kilómetros al oeste de La Habana. Las nuevas tecnologías y las redes sociales amplificaron lo de San Antonio de los Baños.
En cuestión de horas, el país era un polvorín. José, arquitecto habanero, nunca va a olvidar ese día. “Era domingo. Estaba pintando el patio de la casa, cuando unos amigos me muestran un video de lo que estaba ocurriendo en San Antonio de los Baños. Cogimos una botella de ron y comenzamos a celebrar. Pensábamos, ‘esto (la dictadura) se jodió’. Alrededor de las tres de la tarde nos sumamos a una marea de personas que bajaba por la Calzada de Diez de Octubre. La gente gritaba Libertad y Díaz-Canel sin..o Pero en Vía Blanca, las boinas negras y un montón de guardias vestidos de civil con garrotes en las manos nos dispersaron”.
Jonathan Torres Farrat, de 17 años, estaba con unos amigos de su barrio, en Santo Suárez, municipio Diez de Octubre, cuando se desencadenaron las protestas. Orestes Torres, su padre, comenta: “Es un muchacho tranquilo, estudiante de un politécnico que debido al coronavirus paró las clases. Ese domingo se fue con otros adolescentes a la manifestación. La policía lo detuvo al día siguiente. Lo acusan de desorden público porque en un video aparece con una piedra en sus manos. Pero no hay pruebas que haya agredido a nadie ni a ninguna propiedad”. Su madre, Bárbara Farrat, ha recurrido a todas las opciones, incluida una huelga de hambre. Recientemente entregó una carta al mandatario Díaz-Canel en la sede del Consejo de Estado firmada por varios familiares de presos el 11J.
“Son nuestros hijos, nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros esposos y esposas, nuestros compañeros o compañeras. Nuestros niños y niñas. Estos últimos, ante todo que, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Cuba, no deberían haber estado nunca presos o deberían estar ya en sus hogares”, afirman en su misiva. A raíz de las protestas del 11 de julio, según el registro de la plataforma Justicia 11J y la oficina de asesoría legal Cubalex, más de 1.300 cubanos fueron detenidos el 11 y 12 de julio por las protestas. La mayoría participó de manera pacífica. Cinco meses después, más de 700 manifestantes permanecen presos.
Decenas esperan juicio en prisión domiciliaria. 48 de ellos fueron procesados en juicios sumarios y 204 en juicios ordinarios. 140 de los detenidos enfrentan cargos de sedición. Y 14 menores de edad continúan encarcelados. El 23 de diciembre, bajo fuertes medidas de seguridad, el Tribunal Municipal de Diez de Octubre dictó sentencia contra 15 manifestante de la barriada La Güinera que salieron a protestar. Las condenas fueron entre 12 y 30 años. Un familiar de Marlon Brando Díaz Oliva, 20 años, que fue sancionado a 18 años de prisión, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que “esta gente (el régimen) no tiene perdón de Dios. Es una condena excesiva. Marlon no mató a nadie. Fidel asaltó un cuartel y fue condenado a 15 de años» (pero gracias a la amnistía de Fulgencio Batista, solo estuvo 22 meses en el otrora Presidio Modelo de Isla de Pinos).
Las condiciones carcelarias son pavorosas, denuncia un familiar de Dayron Martín Rodríguez, 36 años, también vecino de la barriada de La Güinera y sancionado a 30 años de privación de libertad. “Los guardias lo maltratan, le obligan a decir consignas a favor del gobierno. La atención médica es espantosa. La alimentación un bodrio. Cuando Dayron salga tendrá 66 años”. En las protestas de La Güinera, municipio Arroyo Naranjo, al sur de La Habana, un policía ultimó a balazos por la espalda a Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años.
Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los símbolos de la rebeldía en Cuba en el último año, actualmente se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, a 45 kilómetros de la capital, donde ha recibido malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias. “Tiene dermatitis seborreica y aunque le hemos podido hacer llegar medicamentos, el estrés y la incertidumbre en que se encuentra no han permitido que estos actúen eficazmente”, dijeron familiares en una declaración difundida por el MSI. Ellos también denunciaron que a Luisma “le han bloqueado” la tarjeta telefónica que utilizaba para hacer llamadas internacionales.
Oficiales de la Seguridad del Estado intentan convencer a Luis Manuel, hasta ahora sin éxito, para que cambie la cárcel por el exilio. Maykel ‘Osogbo’, participante del aclamado hit Patria y Vida, está tras las rejas desde el mes de mayo de 2021 en una prisión en la provincia Pinar del Río, a 130 kilómetros al oeste de La Habana, está teniendo fiebres, fuertes dolores de cabeza e inflamaciones de ganglios, y al no haber recibido una atención médica fiable, se desconocen las causas de sus problemas de salud.
La más feroz
La represión desencadenada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel es la más feroz en los últimos veinte años. La dictadura cubana tiene un triste récord de presos políticos. En la década de 1960, cerca de 10.000 presos políticos se encontraban en cárceles de la Isla. Fidel Castro los utilizaba como monedas de cambio. Díaz-Canel, el hombre de paja designado por Raúl Castro para administrar el capitalismo militar de Estado, usa la represión para atemorizar al pueblo.
El 11 de julio, Díaz-Canel dio luz verde a paramilitares y seguidores comunistas para que golpearan salvajemente a los manifestantes. Las fuerzas del orden reprimieron con modernos equipos adquiridos en España, Rusia y China. Además del Decreto 370, el régimen aprobó la Ley 35, que les permite procesar a ciudadanos críticos en las redes sociales y se abroga el derecho de cortarles el servicio de internet, como ocurrió el 11 de julio, e impedir que circulen las informaciones.
El actual mandatario no ha tenido un solo gesto de generosidad hacia los miles de familiares que tienen a nietos, hijos, esposos, padres, hermanos, hacinados, maltratados y enfermos en las infernales prisiones cubanas. Pudiera usar sus prerrogativas presidenciales para decretar una amnistía a los presos políticos. Probablemente no lo hará.
La dictadura pretende y espera que el miedo ahogue los reclamos de libertad de toda una nación.
Fuente: Diario las Américas
La pugna venía desde 2019, cuando Díaz-Canel firmó el Decreto Ley 349, que prohíbe la existencia de creadores independientes. Los artistas no se quedaron callados. Luis Manuel, Yanelys Núñez, Amaury Pacheco, Michel Matos, Tania Bruguera y otros intelectuales contestatarios exigieron al gobierno la anulación del decreto. Sus denuncias en medios independientes obligaron al régimen a no aprobar el 349. En represalia, en marzo de 2020, la Policía política decidió enviar a Otero Alcántara a la prisión de Valle Grande, al oeste de la capital, acusado de «ultraje a los símbolos patrios» y «maltrato a la propiedad». Pero la presión de activistas, periodistas independientes y ciudadanos como Luis Robles, que demandó la liberación de Denis Solís, en el céntrico boulevard habanero de San Rafael, con un cartel escrito a mano, conjugadas con un amplio apoyo internacional, forzaron a las autoridades a liberar a Luis Manuel Otero.
Con la detención de Denis Solís en noviembre de 2020 se inició una escalada de acoso y represión progresiva por parte del castrismo contra los opositores pacíficos. En protesta por lo que consideraban un arbitrario y amañado proceso, Otero y sus amigos del MSI desplegaron un conjunto de acciones en favor de la liberación de Solís. Desde sentadas en las inmediaciones de unidades policiales, denuncias en las redes sociales hasta una huelga de hambre que comenzó el miércoles 18 de noviembre y fue violentamente interrumpida por un operativo relámpago de la Seguridad del Estado el jueves 26 de noviembre.
La trampa
La feroz represión hacia el Movimiento San Isidro generó un amplio apoyo en la disidencia interna y grupos de intelectuales que demandaban un socialismo democrático que respetara las diferencias políticas. En la mañana del viernes 27 de noviembre, una veintena de jóvenes artistas se presentó a las puertas del Ministerio de Cultura solicitando un encuentro con el ministro Alpidio Alonso. Los funcionarios dieron la callada por respuesta. Mientras, en las inmediaciones de la institución, comenzaron a sumarse personas. Ya para la medianoche eran más de trescientos jóvenes. Fuerzas combinadas de la policía especializada y la Seguridad del Estado sitiaron el lugar impidiendo su acceso. El gobierno les tendió una trampa: simularon aceptar un diálogo con el objetivo de desmontar la movilización. Al día siguiente los medios oficiales desplegaron una feroz campaña de calumnias contra Luis Manuel Otero, el MSI y numerosos artistas y periodistas independientes.
Periodistas a prisión
Desde enero de 2021 el régimen castrista desplegó una estrategia sistemática contra cientos de activistas, artistas, intelectuales y periodistas independientes. Alrededor de 40 activistas y reporteros sin mordazas fueron ilegalmente forzados a prisión domiciliaria. El 30 de abril, una decena de activistas y periodistas fueron detenidos por participar en una protesta pacífica en la concurrida calle Obispo, en la parte antigua de la ciudad. Reclamaban visitar a Luis Manuel Otero, entonces en huelga de hambre. Uno de los participantes, Esteban Rodríguez, miembro del MSI y periodista independiente, al final de diciembre, aún permanecía recluido.
El 15 de junio, el disidente y comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, de 60 años, fue citado a la unidad policial de Zapata y C, Vedado, para supuestamente hacer unas aclaraciones sobre una acusación de ‘desacato’ que Valle Roca tenía pendiente, y fue llevado directamente a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado. Más de un mes después lo trasladaron al Combinado del Este, prisión en las afueras de La Habana, donde todavía se encuentra, con la salud muy deteriorada. Según ha dicho el presentador del espacio de opinión Juan Juan al Medio, Juan Almeida, Lázaro Yuri es un preso del general Alejandro Castro Espín.
La ola represiva orquestada por el régimen de Díaz-Canel, dio un vuelco de 180 grados en comparación con la de Raúl Castro, su tutor político. Durante el mandato de Castro II (2008-2018), casi todas las detenciones eran breves. Díaz-Canel amplió el repertorio represivo. Combinó detenciones breves con sanciones de privación de libertad, amenazas a la integridad física, linchamientos verbales, prohibiciones de viajar al exterior y forzar al destierro a los activistas considerados por el régimen, más recalcitrantes.
Represor obediente
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de enero a junio de 2021, hubo 3.505 acciones represivas, secuestros exprés, interrogatorios, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, arrestos domiciliarios y actos de repudio. Aprovechando el confinamiento provocado por la pandemia, la Seguridad del Estado se dispuso a desmantelar a la disidencia y el periodismo libre. Pero el domingo 11 de julio surgió un inesperado protagonista. Miles de ciudadanos cansados del bombardeo de consignas, de la miseria, la escasez, las colas y desabastecimiento general de alimentos y medicinas, se lanzaron a las calles de varias provincias para reclamar libertad y democracia.
El estallido
El estallido social pilló por sorpresas a muchos. Eran personas que no estaban bajo el radar de los servicios especiales, porque no eran disidentes. El manicomio económico, político y social implementado por el castrismo fue una de las causas que detonaron las protestas, que se iniciaron en el poblado de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, a unos 40 kilómetros al oeste de La Habana. Las nuevas tecnologías y las redes sociales amplificaron lo de San Antonio de los Baños.
En cuestión de horas, el país era un polvorín. José, arquitecto habanero, nunca va a olvidar ese día. “Era domingo. Estaba pintando el patio de la casa, cuando unos amigos me muestran un video de lo que estaba ocurriendo en San Antonio de los Baños. Cogimos una botella de ron y comenzamos a celebrar. Pensábamos, ‘esto (la dictadura) se jodió’. Alrededor de las tres de la tarde nos sumamos a una marea de personas que bajaba por la Calzada de Diez de Octubre. La gente gritaba Libertad y Díaz-Canel sin..o Pero en Vía Blanca, las boinas negras y un montón de guardias vestidos de civil con garrotes en las manos nos dispersaron”.
Jonathan Torres Farrat, de 17 años, estaba con unos amigos de su barrio, en Santo Suárez, municipio Diez de Octubre, cuando se desencadenaron las protestas. Orestes Torres, su padre, comenta: “Es un muchacho tranquilo, estudiante de un politécnico que debido al coronavirus paró las clases. Ese domingo se fue con otros adolescentes a la manifestación. La policía lo detuvo al día siguiente. Lo acusan de desorden público porque en un video aparece con una piedra en sus manos. Pero no hay pruebas que haya agredido a nadie ni a ninguna propiedad”. Su madre, Bárbara Farrat, ha recurrido a todas las opciones, incluida una huelga de hambre. Recientemente entregó una carta al mandatario Díaz-Canel en la sede del Consejo de Estado firmada por varios familiares de presos el 11J.
“Son nuestros hijos, nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros esposos y esposas, nuestros compañeros o compañeras. Nuestros niños y niñas. Estos últimos, ante todo que, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Cuba, no deberían haber estado nunca presos o deberían estar ya en sus hogares”, afirman en su misiva. A raíz de las protestas del 11 de julio, según el registro de la plataforma Justicia 11J y la oficina de asesoría legal Cubalex, más de 1.300 cubanos fueron detenidos el 11 y 12 de julio por las protestas. La mayoría participó de manera pacífica. Cinco meses después, más de 700 manifestantes permanecen presos.
Decenas esperan juicio en prisión domiciliaria. 48 de ellos fueron procesados en juicios sumarios y 204 en juicios ordinarios. 140 de los detenidos enfrentan cargos de sedición. Y 14 menores de edad continúan encarcelados. El 23 de diciembre, bajo fuertes medidas de seguridad, el Tribunal Municipal de Diez de Octubre dictó sentencia contra 15 manifestante de la barriada La Güinera que salieron a protestar. Las condenas fueron entre 12 y 30 años. Un familiar de Marlon Brando Díaz Oliva, 20 años, que fue sancionado a 18 años de prisión, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que “esta gente (el régimen) no tiene perdón de Dios. Es una condena excesiva. Marlon no mató a nadie. Fidel asaltó un cuartel y fue condenado a 15 de años» (pero gracias a la amnistía de Fulgencio Batista, solo estuvo 22 meses en el otrora Presidio Modelo de Isla de Pinos).
Las condiciones carcelarias son pavorosas, denuncia un familiar de Dayron Martín Rodríguez, 36 años, también vecino de la barriada de La Güinera y sancionado a 30 años de privación de libertad. “Los guardias lo maltratan, le obligan a decir consignas a favor del gobierno. La atención médica es espantosa. La alimentación un bodrio. Cuando Dayron salga tendrá 66 años”. En las protestas de La Güinera, municipio Arroyo Naranjo, al sur de La Habana, un policía ultimó a balazos por la espalda a Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años.
Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los símbolos de la rebeldía en Cuba en el último año, actualmente se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, a 45 kilómetros de la capital, donde ha recibido malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias. “Tiene dermatitis seborreica y aunque le hemos podido hacer llegar medicamentos, el estrés y la incertidumbre en que se encuentra no han permitido que estos actúen eficazmente”, dijeron familiares en una declaración difundida por el MSI. Ellos también denunciaron que a Luisma “le han bloqueado” la tarjeta telefónica que utilizaba para hacer llamadas internacionales.
Oficiales de la Seguridad del Estado intentan convencer a Luis Manuel, hasta ahora sin éxito, para que cambie la cárcel por el exilio. Maykel ‘Osogbo’, participante del aclamado hit Patria y Vida, está tras las rejas desde el mes de mayo de 2021 en una prisión en la provincia Pinar del Río, a 130 kilómetros al oeste de La Habana, está teniendo fiebres, fuertes dolores de cabeza e inflamaciones de ganglios, y al no haber recibido una atención médica fiable, se desconocen las causas de sus problemas de salud.
La más feroz
La represión desencadenada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel es la más feroz en los últimos veinte años. La dictadura cubana tiene un triste récord de presos políticos. En la década de 1960, cerca de 10.000 presos políticos se encontraban en cárceles de la Isla. Fidel Castro los utilizaba como monedas de cambio. Díaz-Canel, el hombre de paja designado por Raúl Castro para administrar el capitalismo militar de Estado, usa la represión para atemorizar al pueblo.
El 11 de julio, Díaz-Canel dio luz verde a paramilitares y seguidores comunistas para que golpearan salvajemente a los manifestantes. Las fuerzas del orden reprimieron con modernos equipos adquiridos en España, Rusia y China. Además del Decreto 370, el régimen aprobó la Ley 35, que les permite procesar a ciudadanos críticos en las redes sociales y se abroga el derecho de cortarles el servicio de internet, como ocurrió el 11 de julio, e impedir que circulen las informaciones.
El actual mandatario no ha tenido un solo gesto de generosidad hacia los miles de familiares que tienen a nietos, hijos, esposos, padres, hermanos, hacinados, maltratados y enfermos en las infernales prisiones cubanas. Pudiera usar sus prerrogativas presidenciales para decretar una amnistía a los presos políticos. Probablemente no lo hará.
La dictadura pretende y espera que el miedo ahogue los reclamos de libertad de toda una nación.
Fuente: Diario las Américas