Cuando comentando la detención del expresidente Donald Trump a partir de cargos más que dudosos los medios del régimen repitieron hasta la saciedad que en Estados Unidos «nadie está lo bastante alto como para quedar por encima de la ley», parecían olvidar que ellos mismos habían contribuido a dejar «por encima de la ley» a un personaje con mucho más poder real que el republicano: el presidente Joe Biden.
O, al menos por ahora, su hijo Hunter, del que no se conoce otra virtud que explique su buena fortuna que ser hijo de su padre, sobre todo cuando este era vicepresidente con Obama y se ocupaba de la relación de Estados Unidos con países como Ucrania y China.
Los medios, con ayuda de los servicios de inteligencia, hicieron lo imposible por tapar las revelaciones del «portátil del infierno» que revelaba, entre otras ilegalidades, oscuros manejos con empresas paraestatales de China, Ucrania y otros países. Se trataba de impedir que esa información influyera en las presidenciales y, una vez pasadas estas, no parece haber mucha prisa en llevar a Hunter ante los tribunales.
Así, un diputado republicano que investiga el caso, James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, ha declarado que la administración «puede estar obstruyendo la justicia», después de que un agente del IRS —la Agencia Tributaria— denunciara que la investigación federal se había infectado de «política» y «trato preferencial».
Comer declaró al Washington Examiner en un comunicado que «es muy preocupante que la Administración Biden pueda estar obstruyendo la justicia al bloquear los esfuerzos para acusar a Hunter Biden por infracciones fiscales», y añadió que «todo el tiempo nos hemos estado preguntando dónde diablos han estado Hacienda y el Departamento de Justicia», alegando argumentó que «ahora parece que la Administración de Biden puede haber estado trabajando horas extras para evitar que los Biden se enfrenten con alguna consecuencia».
La explosiva denuncia ha partido de un agente especial de supervisión criminal del IRS que dijo que ha estado supervisando la investigación en curso. El abogado del denunciante, Mark Lytle, envió una carta a los jefes de varios comités de la Cámara y el Senado diciéndoles que las «divulgaciones protegidas» de su cliente presentan «ejemplos de trato preferencial y politiqueo que infectan de manera inapropiada decisiones y protocolos que normalmente se seguirían en un proceso regular en circunstancias similares si el sujeto no tuviera conexiones políticas».