BOGOTÁ.- El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, instó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a proporcionar una lista precisa de los individuos que permanecen en su poder como rehenes, en consonancia con el compromiso del grupo insurgente de abstenerse del secuestro mientras continúe la reciente extensión del alto el fuego bilateral alcanzado con el Gobierno de Gustavo Petro.
Camargo precisó que, la institución que lidera, cuenta con los medios y capacidades del Estado para monitorear a estos individuos y facilitar su eventual liberación. «Es imperativo que los devuelvan en buen estado», subrayó.
En el transcurso del año 2023, se reportaron aproximadamente 110 casos de secuestro, mientras que en lo que va del presente año se contabilizan doce personas en esta lamentable situación, siete de las cuales se encuentran en Arauca, una región donde opera activamente el Frente de Guerra Oriental del ELN.
En ese sentido, Camargo hizo un llamado específico a este frente para que se sume con determinación a las negociaciones de paz.
Además, el Defensor del Pueblo denunció que durante el primer año de vigencia del alto el fuego bilateral se han registrado 236 violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como un total de 34 enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados ilegales, y 202 incidentes que han afectado a la población civil.
Alto al fuego
El nuevo alto el fuego, que entró en vigor el martes, se extenderá por un periodo de seis meses, según lo acordado por ambas partes. El monitoreo de la suspensión de los secuestros será realizado por el mecanismo de verificación que incluye la presencia de la misión de las Naciones Unidas en Colombia.
A pesar de este compromiso, el acuerdo no especifica la liberación de los rehenes ni proporciona detalles sobre su cantidad y condiciones actuales. Esta omisión ha generado incertidumbre y preocupación entre las familias de los secuestrados y la opinión pública en general.
La suspensión de los secuestros adquiere una relevancia especial a raíz de incidentes como el secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz en octubre del año pasado, que generó un fuerte rechazo tanto a nivel nacional como internacional.
El líder máximo del ELN, alias Antonio García, justificó previamente los secuestros como una fuente de financiamiento para la organización, argumentando la necesidad de obtener recursos en un contexto de carencias económicas.
Por otro lado, se anunció la creación de un fondo multidonante con una duración de un año para gestionar y ejecutar recursos destinados al proceso de paz. Además, se estableció el compromiso de no reclutar a menores de 15 años en el conflicto armado, incluyendo operaciones de inteligencia y combate.
A pesar de este avance, analistas advierten que persisten desafíos en los territorios más afectados por la violencia, donde aún se registran extorsiones, reclutamiento de menores y control social por parte del ELN.