Genaro Mosquera,
Los gremios docentes, estudiantiles, de empleados y obreros han desarrollado a lo largo de los años un importante papel en la defensa de la universidad venezolana; su participación en el desarrollo y preservación de la autonomía universitaria es notable, y la defensa de los derechos sociales de profesores y estudiantes ha sido clave. Los gremios de profesores y de trabajadores también han defendido sus derechos laborales mediante una actuación intensa, adecuada y todos han acompañado a las autoridades universitarias en el desarrollo de políticas especialmente dirigidas a la transformación de las universidades frente a las nuevas realidades y la compleja situación socioeconómica actual.
En el desenvolvimiento gremial, todas las asociaciones han adoptado una estrategia nacional que ha coadyuvado a la creación de agrupaciones estamentales federativas y de coordinación nacional, las cuales negocian directamente con el Estado. La consecuencia de este proceso es la contradicción surgida de la derivación del manejo y administración de los servicios por parte del régimen con una política centralizadora e inevitablemente interventora que ha ido en contra de los intereses de los gremios, los cuales han sido sujetos de normas nacionales, contratación y tabuladores impuestos sin consulta, negación de los procesos de homologación, fijación de salarios humillantes y condiciones de trabajo y de beneficios sociales ignorados.
Las políticas mencionadas por parte del Ejecutivo han impactado y limitado los alcances gremiales, pero su actuación también rebasa la intervención de las autoridades legítimas de las instituciones universitarias, la cual contribuye a una contradicción con las políticas de sus patrones laborales que son las universidades; esta actuación gremial incide de manera directa en las potenciales elecciones universitarias y en la selección de los cargos ejecutivos mediante su participación directa en la administración universitaria que incluso se extiende a la vida académica..
El régimen atendiendo a su propia política de apoderamiento de las universidades ejecuta acciones de intervención directa en la administración universitaria en el segmento de los recursos humanos, su contratación colectiva y efectos financieros centralizando normas, procedimientos, ruptura de la meritocracia y pago de nóminas cuyas disposiciones están directamente en manos del Ejecutivo nacional a espalda de las autoridades universitarias, quienes actúan como meros receptores de decisiones de primer nivel para luego instrumentarlas con la consiguiente pérdida de decisiones y autoridad, incluso, la dificultad de introducir estímulos a su propio personal en términos de rendimiento y calidad académica contenidas en su reglamentación interna.
Todo este entorno requiere clarificar el papel de los gremios para lograr y recuperar los niveles de decisión universitaria y de su participación en los procesos laborales y de desarrollo. Salvar este gran obstáculo es importante para preservar la autonomía administrativa y recuperar el control de los procedimientos de personal, y la disposición de los recursos financieros. Es perfectamente comprensible el papel fundamental de los gremios para preservar el derecho de los trabajadores, contribuir con la definición de las políticas de mejoramiento de los recursos humanos y de supervisar que las normas de funcionamiento establecidas por las autoridades para que el régimen laboral se cumpla dentro de los términos suscritos con las entidades adonde pertenecen, pero se debe ser muy claro en la preservación de los mencionados derechos sin interferencias con las decisiones autónomas y gerenciales que toman los máximos niveles de las instituciones universitarias.
Es necesario revisar la normativa relativa a la participación de profesores y estudiantes en los niveles de decisión dentro de los conceptos del cogobierno universitario y definir las competencias internas en los diferentes estratos de la estructura universitaria, entre ellos resolver la contradicción legislativa que tiene el Consejo Universitario y la operación académico administrativa entre sus integrantes, donde la actuación de los decanos presenta conflictos de interés al ser juez y parte ante determinadas circunstancias en la rendición de cuentas y de los planes de ejecución y su respectiva evaluación..
La evaluación institucional se hace presente a fin de examinar la organización para ajustarla a los procesos donde se concreten las funciones de cada organismo universitario, se establezcan de manera diáfana las competencias de las autoridades universitarias, de sus ejecutores, dependencias universitarias, gremios de profesores, profesores jubilados, estudiantes y trabajadores dentro de los mecanismos del cogobierno universitario y de sus diferentes participaciones estructurales.
Este enfoque es necesario examinarlo dentro de las competencias de cada segmento organizacional, en ese sentido, la labor legislativa, de planificación y control académico aparece como un concepto fundamental de la reforma y transformación universitaria, donde hay necesidad de separar las acciones legislativas, de control y auditoría, las cuales no pueden estar centradas en los mismos actores.
Todo ello sugiere la necesidad de establecer un conjunto de unidades funcionales muy bien definidas, para lo cual se requiere además de la autoevaluación, la evaluación y el diseño de un moderno enfoque organizacional para el desarrollo de las funciones universitarias las cuales deben de estar ajustadas a los nuevos tiempos; de eso se trata, de lograr transformaciones importantes para optimizar los procesos de investigación, docencia y gerencia universitaria con la contribución de todos los estamentos que funcionan dentro de cada universidad.
Se deriva de los planteamientos anteriores la definición funcional de una serie de eventos que son obstáculos para llevar a cabo una planificación estratégica para el cambio universitario, unido obviamente a las restricciones del modelo político que gobierna al país el cual entra en franca contradicción con las universidades por sus deseos de apoderamiento del sistema de forma centralizada y en violación de los elementos legales y reglamentarios de cada institución. Esta consideración implica la imposibilidad real de hacer una verdadera transformación a menos que el sistema de gobierno cambie por otro decididamente democrático.
Es por esa razón fundamental que la estrategia debe contemplar tácticas diferentes, complementar las exigencias salariales con las de la sociedad civil que exige un cambio significativo del modelo político, participar en la vinculación con los factores de ese cambio y estimular el reclamo de manera amplia que incluya las salariales, pero también de libertad, de autonomía universitaria, de las acciones públicas libertarias y preservación de los derechos ciudadanos.
Con la premisa anterior, definido un plan de acción para resolver los obstáculos gremiales en este caso, y los que integran aquellos que sujetan a la transformación es imprescindible la redefinición de la misión y visión de la universidad, clarificar los estatutos orgánicos a fines de adaptarlos a la Constitución, a los marcos de referencia legales del momento y a las finalidades específicas de la institución universitaria.
Este enfoque requiere de una revisión ya no solo interna, sino también externa, de gran coordinación legislativa, vincular las funciones del Estado dentro de sus competencias de política y las de las universidades lo cual conducirá finalmente a enmarcar su misión dentro de la Constitución Nacional y proceder a la revisión de la Ley Orgánica de Educación y de una nueva la Ley Especial de Educación Universitaria, de reglamentos y procedimientos los cuales serían ejecutados por los órganos universitarios dentro del marco y actuaciones del Estado sin que colidan con la conceptualización, ejecución e intervención de la autonomía universitaria.