El 18 de abril vence el deadline impuesto por el gobierno de Estados Unidos para decidir si renueva la licencia general número 44 (LG44) anunciada en octubre de 2023 que permitió paralizar temporalmente las sanciones impuestas a Venezuela.
La renovación de esta licencia está sujeta al cumplimiento del acuerdo parcial de garantías políticas y electorales firmado entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana a finales del año pasado.
No obstante, aunque el régimen venezolano solo ha cumplido parcialmente con los compromisos adquiridos en Barbados, parece poco probable que la administración Biden regrese a la estrategia de máxima presión imponiendo todas las sanciones comerciales y operativas que fueron paralizadas a partir de la LG 44.
Fuentes conocedoras de la situación, consultadas por DIARIO LAS AMÉRICAS, sostienen que la administración Biden se encuentra en un dilema, pues tienen que castigar políticamente a Maduro por no respetar el acuerdo de Barbados y a la vez evitar que una reimposición de sanciones impacte significativamente sobre el sector energético y a la vez en el día a día de los venezolanos.
El peor escenario es que la administración Biden no consiga un punto intermedio entre castigar a la administración de Maduro, no afectar al sector energético y se decida por restaurar las sanciones y con ellas las restricciones secundarias que afectan la operatividad del régimen venezolano, pero que también impactan en la actividad de privados y de los ciudadanos en Venezuela.
Este es uno de los escenarios que más preocupa a la administración Biden, que teme que la reimposición de sanciones acelere el declive de la producción de petróleo en Venezuela, aumente el precio de la gasolina en EEUU y provoque una nueva ola migratoria impulsada por la precarización del país.
Paco Palmieri, embajador de EEUU en Colombia y jefe de la misión para Venezuela, sostiene que “en los próximos días vamos a estar viendo qué hará Nicolás Maduro y sus representantes para cumplir con Barbados. Y el 18 de abril vamos a medir lo que ha pasado y decidir cuál es el mejor camino para realizar una elección en el país (…) Tienen que pensar que si quieren una legitimidad hay que avanzar hacia una elección competitiva e inclusiva. Vamos a ver qué pasará hasta el 18 de abril y después el 28 de julio”.
Por su parte, el máximo responsable del gobierno estadounidense para temas de América Latina, Brian A. Nichols, sostiene que Washington asumió “un riesgo calculado” al aliviar parte de las sanciones contra Venezuela y ha recordado que el permiso temporal para ciertas actividades expira el 18 de abril.
En este sentido sostiene que la “esperanza de un camino democrático” fue lo que condujo al Acuerdo de Barbados, aunque a la fecha “los representantes de Maduro no han cumplido los compromisos”, entre otras cosas por el mantenimiento de la inhabilitación a María Corina Machado y la imposibilidad de su teórica sustituta, Corina Yoris, de inscribirse a las presidenciales.
El economista José Manuel Puente sostiene que es casi imposible tener elecciones competitivas y transparentes, lo que hace muy improbable que EEUU y la Unión Europea no tomen algunas decisiones vía sanciones.
“No estoy tomando posición sobre el tema porque soy de los críticos a las sanciones generalizadas. Creo que le genera un costo al país, sobre todo a los más humildes. Pero también es cierto que Venezuela no ha cumplido con los acuerdos de Barbados y las elecciones que vamos a tener no son ni justas, ni competitivas, ni absolutamente democráticas (…) Entonces eso puede generar sanciones y un desempeño económico peor al que habíamos estimado para el año”.
Según Puente “la economía no ha arrancado todavía. Estamos ya en abril y vemos por un lado que el gobierno no frenó la ejecución presupuestaria. Hay un aumento del 22% del nivel de liquidez tratando de estimular la economía. Pero en paralelo el gobierno mantuvo estático, también por razones electorales, los incentivos electorales, el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene tres meses, increíblemente, en 35, 36, 37 bolívares por dólar. Bueno, ahí se está generando una brecha que va a ser imposible mantener en el mediano plazo. En política económica tú puedes generar ilusiones y armonías en una coyuntura por razones político-electorales, pero tarde o temprano la economía tiene sus leyes”.
Una visión similar mantiene Luis Vicente León “dado que los cronogramas electorales, que permiten sustitución de candidatos en el instrumento electoral hasta el 20 de abril y sin estar en el instrumento electoral hasta el 18 de julio, la batalla de la oposición por tener un candidato unitario y la activación de sus mecanismos de presión sigue viva hasta prácticamente el final de la campaña. No tendría ningún sentido que EEUU tomara una decisión definitiva sobre su respuesta a los temas electorales venezolanos al vencimiento de las licencias el 18 de abril. Estaría matando automáticamente cualquier posibilidad de avance en las condiciones electorales futuras, incluso en las más básicas que aún pueden preservarse y fulminará las opciones que aún queden hasta el cierre de la campaña”.
León además sostiene que reimponer las sanciones iría en contra de la propia propuesta de María Corina Machado si se considera que regresar a las sanciones, que tienen hoy un rechazo de 75%, afectaría la popularidad de la propia oposición, pues el régimen tendría la excusa perfecta para justificar sus propios desaciertos.
Una visión diferente tiene el líder político Leopoldo López, quien se encuentra en el exilio después que logró escapar del país en 2020.
“A Estados Unidos lo que le pediría es que sea consecuente con lo que la Administración ya ha dicho. Lo ha dicho el secretario de Estado, Blinken, lo han dicho muchos voceros, tanto del ejecutivo como del Senado, del Congreso, que, de no haber cumplimiento, debe haber una respuesta y no debería de continuar este esquema de haber relajado las sanciones a cambio de absolutamente nada en el terreno electoral, en el terreno democrático. La respuesta que esperamos de Estados Unidos, de la región, de Europa, de los países libres del mundo, es que acompañen al pueblo venezolano a nuestra legítima aspiración de poder ir a unas elecciones el 28 de julio, no con los candidatos que quieren Maduro, sino con las candidaturas que ha elegido el pueblo de Venezuela y los factores democráticos reunidos en la Plataforma Unitaria”, señaló.