El Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia ha enfrentado recientemente una serie de desafíos y disputas internas que evidencian no solo el deterioro de su modelo energético y económico, sino también la crisis profunda que enfrenta como partido político. Desde la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 bajo el Gobierno de Evo Morales se planteó una estrategia que buscaba una mayor participación estatal en la industria energética como base para impulsar un nuevo modelo económico. Sin embargo, los resultados de estas políticas han sido controvertidos en el mejor de los casos, y cuando no, simplemente desastrosos.
Uno de los fracasos más notorios es el intento de industrialización del litio, anunciado con gran pompa y propaganda gubernamental, especialmente durante el año 2023 con los acuerdos firmados con empresas rusas y chinas. Este proyecto, destinado a aprovechar los vastos recursos de litio en el salar de Uyuni, ha sido marcado por irregularidades, acusaciones de corrupción y una gestión ineficaz. La detención y acusación en las últimas horas del exministro de Minería y expresidente ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), Luis Alberto Echazú, reflejan la magnitud del fracaso.
Echazú, de 75 años de edad y con problemas de salud, enfrenta cargos por supuestos delitos relacionados con daños económicos al Estado derivados del proyecto de industrialización del litio durante el gobierno de Morales. Sin embargo, las denuncias de los seguidores del jefe cocalero apuntan a que su detención sirve como chivo expiatorio para encubrir las falencias, errores e ineptitud en la gestión del actual Gobierno de Luis Arce Catacora. Los analistas especializados en litio han señalado que la administración de Arce no ha logrado avanzar en los proyectos iniciados bajo el Gobierno anterior y ha mostrado poca capacidad para corregir las deficiencias.
Más aún, si bien las autoridades actuales no han desarrollado estrategias eficaces para impulsar la producción y comercialización del litio, crucial para el desarrollo industrial del país, y que la falta de avances concretos y la persistencia de problemas técnicos en las plantas de producción evidencian una gestión deficiente y una estrategia mal diseñada desde sus inicios son un hecho, el problema fundamental detrás del fracaso tanto de la industrialización del gas como del litio, es porque han estado en manos del Estado.
Persisten las pugnas internas
Además del fracaso en el ámbito energético, el MAS enfrenta ahora una fractura interna significativa, evidenciada por el enfrentamiento entre Luis Arce Catacora y Evo Morales por el control del partido y la presidencia del Estado Plurinacional. En este contexto, la detención de Echazú se convierte en un punto de conflicto político, donde las acusaciones cruzadas reflejan tensiones profundas entre las facciones del MAS.
Por otro lado, es esencial destacar la hipocresía y la contradicción en las denuncias de violación de derechos humanos por parte de las mismas figuras políticas que han perpetuado tales abusos durante años. El reclamo por la detención de Echazú olvida las sistemáticas violaciones a los derechos de numerosos individuos durante los gobiernos tanto de Morales como de Arce.
Las muertes trágicas de José María Bakovic y de Marco Antonio Aramayo son solo algunos de los innumerables casos que ilustran la represión política y judicial bajo el MAS.
Los casos de José Bakovic y Marco Aramayo
José María Bakovic Turigas fue un reconocido profesional independiente que había sido elegido por el 90% del Congreso por su intachable trayectoria profesional para ser el primer Presidente Ejecutivo del entonces Servicio Nacional de Caminos Institucionalizado (hoy Administradora Boliviana de Caminos, ABC). Fue acosado judicialmente debido a sus denuncias sobre la corrupción del MAS en la construcción de carreteras en Bolivia que beneficiaban a la constructora brasileña OAS, vinculada al expresidente Lula da Silva, como retribución por su apoyo al MAS y a pesar de la resistencia de pueblos indígenas para que no se construyera, por ejemplo, la carretera que atraviesa el TIPNIS.
Bakovic enfrentó 76 juicios que lo llevaron a múltiples audiencias y juicios en 7 departamentos del país, y durante 8 largos años, sin que se demostrara culpa alguna, hasta que falleció en 2013 a los 74 años de edad después de sufrir el peso emocional y físico de este constante hostigamiento del sistema judicial cooptado por el partido de gobierno.
Igualmente, Marco Antonio Aramayo falleció en abril de 2022 a los 53 años. Se desempeñó como director ejecutivo del Fondo para los Indígenas Originarios Campesinos (Fondioc) entre septiembre de 2013 y febrero de 2015. En 2016, ganó notoriedad al denunciar un desfalco gubernamental inicialmente estimado en 170 millones de dólares, pero que posteriormente se reveló que ascendía a casi 700 millones de dólares.
El Fondioc fue creado durante el gobierno de Evo Morales y el escándalo del desfalco implicó a exdirectores, líderes de sectores sociales del MAS y ministros, quienes recibieron fondos en sus cuentas personales sin rendir cuentas, pero, sorprendentemente, el único que fue encarcelado como resultado de esta controversia fue Marco Antonio Aramayo.
Tras hacer las denuncias, Aramayo fue acosado continuamente por el gobierno de Morales y el MAS durante siete años. Se enfrentó a 256 procesos judiciales por diversos supuestos delitos. Sufrió torturas mientras estuvo detenido y pasó por múltiples cárceles del país sin atención médica adecuada.
Finalmente, Aramayo fue hospitalizado en estado de coma en el Hospital de Cotahuma en La Paz, donde sufrió daño neurológico y un paro cardiorrespiratorio, falleciendo bajo circunstancias no completamente esclarecidas, con hipótesis de envenenamiento entre las posibles causas.
En definitiva, el fracaso del modelo energético y económico del MAS, simbolizado por el desastre en la industrialización del litio, refleja una crisis más amplia dentro del partido y del gobierno boliviano, y que reacciona violentamente en contra de quien tenga enfrente sin reparar en las consecuencias. La falta de transparencia, la corrupción y las disputas internas han erosionado la credibilidad y la eficacia de las políticas impulsadas por el MAS, dejando a Bolivia frente a un escenario incierto en materia económica, política y más aún de Derechos Humanos.