MIAMI. Expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el “alarmante aumento” de las desapariciones forzadas de dirigentes políticos de oposición y militares en Venezuela, antes de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.
Ana Baldé, Gabriella Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, indicaron que el “alarmante” incremento de los casos se estaría registrando desde diciembre de 2023. En esa fecha el régimen de Nicolás Maduro acordado con la administración de Joe Biden el canje de 10 prisioneros estadounidenses por Alex Saab, presunto testaferro del gobernante chavista.
Estas desapariciones forzadas, de acuerdo con las expertas, estarían afectando a ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público.
“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, advirtieron.
Las principales víctimas de desapariciones forzadas serían integrantes del principal partido político de la oposición, Vente Venezuela, encabezado por la líder opositora María Corina Machado, y militares.
Un patrón
En lo que va de año, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido arbitrariamente a siete miembros del equipo de campaña de Machado, entre ellos a dos jefes de su partido político, Dignora Hernández y Henry Alviárez, a quienes mantienen en aislados de sus familiares y abogados desde hace más de 40 días, según denuncias de su defensa.
Por las presuntas tramas de conspiración que ha denunciado el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, también han encarcelado a la activista y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel; y al periodista y activista social, Carlos Julio Rojas.
Las más recientes detecciones se llevaron a cabo durante el 27 y 28 de abril, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a dos coordinadores del comando de campaña de María Corina Machado y a un simpatizante, tras el multitudinario mitin político que celebró la opositora en la zona rural de Turén, en el estado Portuguesa (centro occidente), antiguo bastión chavista.
“Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada”, señalaron las expertas.
ONU: “Constituye una desaparición forzada”
El fiscal chavista ha rechazado las denuncias de desaparición forzadas tras las últimas encarcelaciones arbitrarias de ciudadanos y dirigentes políticos que, a su juicio, buscan “enlodar la democracia venezolana”.
“Me resulta repugnante que cada vez que el Estado venezolano actúa, los medios internacionales que parecen fachadas públicas de planes conspirativos hacen aparecer la figura de la desaparición forzada”, dijo recientemente en una de sus ruedas de prensa.
Para intentar acallar las denuncias de desapariciones forzadas, que constituyen un delito de lesa humanidad contenido en el Estatuto de Roma, el funcionario del régimen ha aclarado en reiteradas oportunidades que los detenidos han sido presentados, previo orden de aprehensión, dentro “de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales”.
“Privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”, sostuvo, sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Las expertas resaltaron que el delito de desaparición forzada conlleva también a la violación de múltiples derechos humanos. Entre ellos, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a no ser sometido a actos de tortura.
Llamado al régimen
Baldé, Baranowska y Delgadillo Pérez destacaron que con las desapariciones forzadas se violan, además, los derechos fundamentales de los familiares de las personas desaparecidas, que son quienes “llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención, donde no sólo se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o paradero, sino también se les expone al riesgo de represalias”.
Resaltaron que el Estado tiene la obligación de “buscar y develar la verdad sobre las personas desaparecidas”. “La impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones, y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad”, puntualizaron.
En este sentido, instaron al régimen venezolano a “prevenir, erradicar y enjuiciar” todo acto de desaparición forzada, a propiciar información sobre el destino de los detenidos incomunicados y a ofrecer “todas las garantías legales”, incluido, el derecho a contar con asistencia de abogados privados, a recibir visitas y comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención.
“Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a cualquier persona que tenga un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección”, subrayaron.
Las expertas aseguraron que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias se mantiene con comunicación con el régimen chavista, al que le ha expresado su disponibilidad para “proporcionar cooperación y asistencia técnica, con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares”.
Además, insistieron en que “cualquier caso de desaparición forzada se investigue de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos”.