CARACAS.- Las cifras de violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan alarmantemente altas, según los informes presentados por las organizaciones Provea y Foro Penal este martes. Estos datos, que abarcan desde el inicio del régimen de Nicolás Maduro hasta el 2023, revelan una escalofriante realidad de torturas, ejecuciones extrajudiciales y arrestos políticos en el país.
De acuerdo con la coordinadora de investigación de Provea, Lissette González, durante estos diez años se registraron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas estatales venezolanas. Además, se documentaron 1.652 casos de tortura en el mismo período. Estas cifras no solo ilustran la represión a líderes políticos y sociales, sino también el control y represión sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, que sufren las consecuencias de la crisis económica y social.
«Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano», dijo González, durante la presentación del informe.
Foro Penal, dedicada a la defensa legal de presos políticos, reportó un total de 15.827 arrestos entre 2014 y 2024, con 273 personas aún detenidas en la actualidad. Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, destacó la intensificación de la persecución política hacia activistas y militantes de fuerzas opositoras al régimen de Maduro, subrayando que no se observa un cese en esta represión.
Régimen intensifica persecución
«No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes» de «fuerzas políticas distintas de las del gobierno», dijo Himiob.
Estas denuncias cobran relevancia especialmente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en julio, donde Maduro buscará un tercer mandato. La reciente detención de tres activistas políticos y colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, la de Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada de conspirar para derrocar a Maduro, así como las acusaciones de desapariciones forzadas, han generado preocupación tanto en la oposición como en organizaciones de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU alertó sobre un «alarmante aumento» en estas prácticas desde diciembre de 2023, advirtiendo que podrían obstaculizar el derecho de la población a votar libremente en las elecciones de 2024.
«Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente», advirtieron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Provea, que denunció en el pasado casos de desapariciones, advierte sobre un probable incremento de la represión en los próximos meses, coincidiendo con el ciclo electoral. La impunidad, junto con la pobreza, continúan siendo las principales violaciones de derechos humanos en el país, según la organización.